La Xunta avala con hasta 48.000 euros la compra de piso de jóvenes en las urbes

El apoyo es para menores de 36 años y la cuantía depende del concello: en Vigo, de tope, 48.000 euros

Mudanza en un piso

Mudanza en un piso / D. Condrea

Carmen Villar

Carmen Villar

“Por primera vez”, la Xunta concederá avales públicos para “impulsar” la compra de vivienda entre los jóvenes, un compromiso avanzado por la Consellería de Vivenda cuando se expusieron las líneas maestras del departamento para 2023. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, concretó que el Gobierno gallego avalará con hasta 48.000 euros la compra de un piso en ciudades como Vigo. El comprador debe tener menos de 36 años, no poseer ni ser usufructuario de ninguna vivienda y que se destine a residencia habitual al menos “durante el período de duración del aval”.

Según detalló Rueda tras el Consello de la Xunta, este mismo mes, y con plazo hasta el 30 de noviembre, se convocará el programa de avales que busca “facilitar” el acceso a los jóvenes a su primera vivienda en propiedad. Muchas veces, alega el Ejecutivo, el colectivo dispone de recursos para asumir una hipoteca, pero no de los ahorros para pagar la entrada.

En concreto, la Xunta destina 5 millones de euros –pero la partida es ampliable en función de las solicitudes, dijo– a avalar hasta el 20% de la adquisición de una vivienda con un aval máximo de 48.000 euros. “Depende del nivel de renta y del concello donde se haga esta compra”, indicó el mandatario. Así, en Vigo, Pontevedra, Ourense y A Coruña, los pisos como mucho pueden costar 240.000 euros; en Lugo y en Ferrol y concellos de tamaño medio y carácter periurbano, 180.000; y, en el resto de los municipios gallegos, 130.000. Respecto al nivel de ingresos, oscila entre 2 (con derecho a la máxima cuantía) y 5,5 veces el Iprem, aunque si la hipoteca se solicita en pareja los ingresos conjuntos podrían llegar a 54.600 euros.

“Cuando el joven abone al banco la misma cuantía de hipoteca que tenía de aval, quedaría cancelado”, añadió Rueda, quien especificó que es “compatible” con otros apoyos de la Xunta con la misma finalidad, como la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Por otra parte, el Consello licitó por casi 8 millones el contrato para desarrollar nuevas funcionalidades en la historia clínica electrónica, usada por 24.000 profesionales sanitario, para ofrecer “más servicios a los usuarios” y “mejorar la información que recibe el personal sanitario”. El presidente indicó que la actualización posibilitará crear la carpeta de salud del paciente –donde este puede añadir datos de ejercicio de relojes inteligentes, por ejemplo–, la videoconsulta o conectar “en tiempo real” con dispositivos médicos en cardioimplantados o de medición de glucemia, entre otros, además de un seguimiento de pacientes crónicos.

El Consello también dio luz verde a una nueva convocatoria de obradoiros de empleo, por 39 millones, para insertar a unos 1.400 desempleados, que incluyen un año de formación con contrato. Igualmente, anunció dos nuevas líneas de ayudas por 2,7 millones para apoyar el regreso de gallegos en el exterior, tanto para asentarse en la comunidad como para emprender.

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“Reducir papelamen, evitar duplicidades y acelerar el tiempo hasta que el dependiente recibe la prestación”. Esos son, enfatizó el presidente de la Xunta, los objetivos del nuevo decreto de dependencia que prepara la Administración gallega y que, una vez visado por el Consello Consultivo, prevé que esté aprobado en “pocas semanas”. Rueda reconoció que hay “trámites engorrosos” y “plazos largos” y por ello la normativa actuará en ambos frentes para reducir a la mitad el tiempo para conseguir la prestación, en torno a los seis meses. Para ello, reducirá a solo dos los documentos necesarios para obtener el reconocimiento de la dependencia. Hasta ahora eran una docena, señaló, y además los equipos de la Consellería de Política Social tramitarán a la vez, y no de forma sucesiva, como ahora, la solicitud de reconocimiento del grado y el programa individual de atención (PIA). Asimismo, tampoco habrá que volver a hacer todo el procedimiento desde el principio si la situación del usuario varía. Otra de las novedades es que ese plan de atención individualizada que incluye el servicio o prestación que requiere cada persona, según sus necesidades, se reformula para que comporte una prestación económica y un abanico de opciones alternativas al servicio preferido por si el servicio requerido no está disponible. “Un plan B o C”, indicó el presidente de la Xunta. Así, avanzó que los usuarios con plan individualizado de atención aprobado y que carezcan de acceso momentáneo al servicio pedido pueden recibir desde el principio la prestación económica.