Los juzgados se enfrentan a otra parálisis con la huelga de abogados y procuradores de oficio

La Justicia está viviendo tiempos convulsos. Este 2023 arrancó con la larga huelga que protagonizaron los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó durante más de dos meses y que, en el caso de Vigo, obligó a suspender más de 1.400 juicios, entre otras miles de diligencias y trámites. A continuación fueron los funcionarios quienes tomaron el testigo en un paro también indefinido e igualmente de ámbito nacional que en esta ocasión en la ciudad olívica no tuvo demasiado impacto. A punto estuvieron los jueces y fiscales de adoptar idéntica medida de presión, pero un acuerdo in extremis con el Gobierno que incluyó mejoras salariales y laborales evitó ese conflicto. Y ahora son los abogados y procuradores del turno de oficio los que irán a la huelga indefinida. Convocada por el sindicato de Abogados Venia, arranca el 21 de noviembre y es la consecuencia de las movilizaciones iniciadas por la abogacía este año, que, haciendo gala de una unión colectiva sin precedentes, celebraron ya sonoras concentraciones de protesta y, el 12 de julio, una jornada de paro, la primera de su historia, que tuvo a Vigo, junto a A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol, como protagonista.

“Nos vamos a una huelga indefinida. Esto no tiene marcha atrás. Ni los colegios ni el Consejo General de la Abogacía Española [CGAE] nos representan, así que adoptamos esta medida porque la situación que arrastramos ya no puede ser, nos estamos viendo abocados a la semiesclavitud”, afirma María Jesús Martínez Borjas, abogada viguesa y presidenta de la Plataforma Marea Negra Jurídica, una asociación de ámbito nacional que acaba de nacer en Vigo y que será la que en la ciudad olívica tendrá un papel protagonista en esta huelga en coordinación con el resto de la “marea negra” de abogados gallegos y los demás grupos del resto de España.

Como procede y como de hecho ocurrió en la jornada del 12 de julio, ha sido el sindicato Venia el que ha convocado esta huelga nacional e indefinida, que ya ha sido comunicada a todos los órganos administrativos con competencias en Trabajo y Justicia, incluyendo a las comunidades que, como es el caso de Galicia, tienen competencias transferidas en este ámbito. También se ha informado a los tribunales superiores de justicia y se hará lo mismo con los decanatos judiciales. Al paro están convocados los abogados, que fueron los que iniciaron esta batalla, pero también los procuradores, para lo cual el sindicato hizo una reforma en sus estatutos de forma que creó una sección que los incorporó a efectos de que también tengan cobertura para unirse a una medida reivindicativa que no tiene precedentes entre estos profesionales.

Servicios mínimos

Una cuestión nada baladí es la de los servicios mínimos. En el paro del 12 de julio la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta dijo que no era competente, por lo que fueron los propios convocantes quienes los fijaron. En esta ocasión esperan que la Administración los establezca, pero si de nuevo no lo hace, ya están preparando un protocolo de actuación. “Debe quedar claro que no vamos a dejar de prestar ningún servicio esencial; no vamos a dejar de atender a un detenido, ni a una víctima de violencia de género ni ningún otro asunto esencial”, afirma María Jesús Martínez, que, sobre otra cuestión, la de si abogados y procuradores pueden ejercer el derecho a huelga, es tajante. “Eso de que los autónomos no pueden ir a la huelga es algo caduco”, afirma, incidiendo además que en el caso del turno de oficio “nuestro patrón es la Administración”. La dignificación del turno de oficio, retribuciones dignas que cubran todas las actuaciones o el derecho a la conciliación y desconexión digital son algunas de las demanda que motivan una huelga que, de nuevo, enfrentan a los juzgados a una parálisis.

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