La huelga llega a su fin tras dos meses de parálisis y más de 1.400 juicios suspendidos

Si no hay sorpresas de última hora, los juzgados recobrarán mañana la normalidad. Tras más de dos meses de huelga indefinida, los letrados de la Administración de Justicia de toda España votaron de forma mayoritaria a favor de finalizar el paro al aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia.

Los letrados judiciales paran la huelga tras acordar una subida salarial con Justicia

Vigo fue una de las ciudades donde se celebró asamblea y el resultado fue masivo en pro de zanjar el conflicto: 24 votos a favor frente a solo tres en contra y una abstención. “Triunfó el sí”, resumía a la salida Juan José Yáñez, el letrado judicial vigués que ha tenido un papel clave al ejercer como portavoz del comité de huelga nacional y participar en las intensas y complicadas negociaciones. Hoy, a las 11.00 horas, estará en la reunión en la sede ministerial en Madrid donde, “una vez se aclaren algunos términos del acuerdo final que quedan por matizar”, se firmará el acuerdo que pondrá fin al paro y, con ello, a la parálisis que se vivió durante todas estas semanas.

“La sensación es agridulce”, coincidían varios letrados judiciales vigueses al término de la asamblea. “Estamos satisfechos porque por fin se acaba la huelga, tenemos muchas ganas de volver porque somos conscientes del perjuicio que esto supone para el servicio público: para los ciudadanos, abogados, procuradores...”, afirmaba una de estas profesionales. “Pero el resultado”, añadía en relación a lo que finalmente les ha ofrecido el ministerio en relación con sus demandas salariales y laborales, “no es el esperado”.

“Y los peor parados”, añadía otro letrado judicial, “son los de los pueblos”, en referencia a los que tienen sus plazas en los juzgados mixtos de Primeria Instancia e Instrucción de las localidades pequeñas, como, en el caso del área de Vigo, son Redondela, Porriño, Ponteareas o Tui. Y es que Justicia no aceptó la que, junto a la polémica cláusula de enganche, era una de las principales reivindicaciones, la de la reducción de los grupos de población de los actuales cinco a solo tres. “Lo conseguido no es justo en relación a las funciones que hacemos: desarrollamos las mismas funciones que en una ciudad y cobramos mucho menos”, indicaba una profesional de uno de estos municipios del entorno vigués.

Las consecuencias

Valoraciones aparte, lo cierto es que ahora toca volver a la normalidad tras nueve semanas de parón –la huelga empezó el 24 de enero– que, en Vigo, y a la espera del recuento definitivo, provocó la suspensión de al menos 1.417 juicios. Es uno de los datos más destacados, pero también se aplazaron tomas de declaraciones, se paralizó la incoación de denuncias y demandas, se redujo al mínimo la celebración de subastas y se pospusieron todos los desahucios, una cifra que podría alcanzar el centenar.

“¡La que nos espera el miércoles! [en referencia a mañana]; mi despacho está lleno de expedientes desde el suelo hasta el techo”, afirmaba la letrada judicial de un juzgado mixto que secundó la huelga desde el primer día. “Yo como mínimo tengo 300 demandas pendientes de admitir y más de 250.000 euros pendientes de entregar en la cuenta de consignaciones”, resumía otro profesional, en este caso de un tribunal que lleva materia civil.

Tras la experiencia de la otra huelga judicial, la protagonizada en el año 2018 por los funcionarios, todo apunta a que habrá que poner en marcha planes de refuerzo para recuperar el trabajo que se ha ido acumulando en los juzgados que estuvieron paralizados por la huelga: en Vigo todas las jurisdicciones resultaron afectadas en mayor o menor medida con la excepción de la contencioso-administrativa, donde solo se suspendieron tres juicios. En la civil se aplazaron 659, en la laboral fueron 417 y en la penal, casi 340 en los que se incluyen también tomas de declaraciones.

Precisamente, uno de los puntos del acuerdo entre el comité de huelga y el ministerio que se firmará hoy es el “análisis del impacto del conflicto”, de cara a facilitar la actuación para recuperar la actividad ordinaria de la oficina judicial. “Llegado el momento se negociará con Justicia un plan para recuperar todo el trabajo”, confirmaba ayer Juan José Yáñez. Los funcionarios, que dependen de la Xunta, también han pedido medidas de refuerzo para poner los pleitos al día.

La propuesta: 430 euros brutos y dar “audiencia” a las asociaciones

Dos de las principales reivindicaciones de los letrados judiciales eran la reducción de los grupos de población y la denominada cláusula de enganche para acercar su sueldo al de los magistrados. Unas reivindicaciones que no han prosperado.

A efectos salariales, la propuesta de los ministerios de Justicia y de Hacienda aceptada ayer de forma mayoritaria por los profesionales se resume en una subida lineal de 430 euros brutos mensuales como complemento de eficiencia –que llega a 450 en niveles directivos– a materializar en tres plazos hasta julio de 2024.

El acuerdo también incluye el establecimiento de grupos de trabajo conjuntos para abordar otros asuntos, entre ellos el de, en el marco del Estatuto Orgánico del Cuerpo, desarrollar la efectividad de dar audiencia a las asociaciones. También se estudiarán las vías de colaboración de los letrados en las implantaciones derivadas de las leyes de eficiencia, como impulsores destacados de las reformas emprendidas, o la planificación de los objetivos que permitan la implantación de la carrera profesional del colectivo. La formación es otro de los puntos de la propuesta.

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