Casos de maltrato y la mala relación entre padres eleva las visitas supervisadas a los hijos

Cuando hay una situación de conflicto en una pareja con hijos que se divorcia, cuando uno de los progenitores se encuentra inmerso en algún proceso de adicción, o en medio de procedimientos abiertos de malos tratos, una de las herramientas de las que se dispone para salvaguardar la figura del menor son los llamados puntos de encuentro familiar (PEF), dependientes de la Consellería de Política Social. Son lugares que actúan de zona neutral donde se llevan a cabo los intercambios o las visitas a los niños y que, a tenor de los últimos datos, son cada vez más empleados por los jueces de Familia para regular estas medidas tras la separación.

Visitas e intercambios

Y es que los datos facilitados por Política Social demuestran que, en los últimos dos años, estas visitas supervisadas entre hijos y padres a través del punto de encuentro en Vigo aumentaron en más de un 50%, pasando de 1.618 en 2020 a las 2.485 del año pasado –2.022 fueron en 2021–. Situación pareja ocurre con los intercambios, es decir, cuando un régimen de visitas judicial implica que en fines de semana alternos cada menor debe pasar con uno de sus progenitores, a falta de un tercero que pueda mediar en este intercambio, la entrega del menor se realiza en un sitio seguro, el PEF.

Menores tutelados

En cuanto a las visitas también hay que tener en cuenta que un volumen importante se corresponde con menores tutelados, es decir, los progenitores que no cuentan con la guarda y custodia del menor pueden durante dos horas, visitarlo con el objetivo de su restitución al hogar familiar cuando los profesionales lo consideren oportuno.

Licitación de la gestión

En Vigo, este punto de encuentro se ubica en calle Portela, y hace varios años tuvo que ampliar sus jornadas de atención para poder dar salida a la lista de espera. Este pasado mes de junio, la Consellería sacó a licitación la gestión de este servicio, que cuenta con un total de siete profesionales: dos psicólogos, cuatro educadores sociales y un auxiliar de servicios. El precio del contrato, que entraría en vigor los últimos cuatro meses de 2023 y hasta 2027, escala hasta el millón de euros, sin contar posibles prórrogas. Como novedad, tal y como explican desde Política Social, en esta nueva convocatoria la gestión de este centro se realizará en régimen de concierto social. “Trátase dunha medida moi valorada e demandada polas entidades do sector”, apremian.

Decisiones judiciales

Este acogimiento al uso del punto de encuentro familiar se observa en dos recientes sentencias de la Audiencia provincial, que un procedimiento de divorcio contencioso en una causa procedente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Vigo, determina que el intercambio de la menor deba realizarse “en un punto de encuentro familiar mientras subsista la orden de alejamiento de la madre” .

En otro caso, también los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Pontevedra entienden que “para reinstaurar la relación paterno filial rota” tras dos años sin relación, las visitas deben realizarse en el PEF y que estén “siempre tuteladas por los técnicos del punto de encuentro familiar [...] excluyendo con ello cualquier riesgo que pudieran resultar de una comunicación inadecuada”.

Y es que la labor de los profesionales de este servicio también deriva en el apoyo y orientación a las familias propiciando el desarrollo de relaciones materno o paterno-filiales idóneas y la creación de relaciones familiares positivas.

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