El aluvión de familias que entra en concurso lleva a crear un turno de oficio especializado

El impacto de la Ley de Segunda Oportunidad, una norma que entró en vigor en España en 2015, es cada vez más visible. Los últimos datos judiciales, los relativos al primer trimestre de este 2023, no dejan lugar a dudas. Porque entre enero, febrero y marzo un total de 152 particulares de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra ahogados por las deudas pidieron su entrada en concurso de acreedores para librarse de esa asfixiante losa económica y tener la opción de empezar de cero. Son ya prácticamente dos casos cada día que superan con creces a los tradicionales, los de las empresas, de los que solo hubo 30 durante el mismo período. La avalancha de procedimientos y el hecho de que se trate de una materia jurídica muy técnica que requiere de un cierto nivel de especialización ha llevado al Colegio de Abogados de Vigo a crear un turno de oficio específico para materia mercantil con el objetivo de “mejorar la asistencia jurídica” que reciben los ciudadanos que atraviesan este difícil bache.

“La materia mercantil hasta ahora se incluía dentro del turno de civil, pero hemos decidido separarlos y habilitar uno específico a la vista del aumento de procedimientos relativos a personas físicas que piden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”, explicaba ayer Lourdes Carballo, decana del colegio vigués. Una reforma legal que entró en vigor en 2022 ha tenido mucho peso en esta decisión. Junto a atribuir la competencia de los concursos de acreedores de particulares a los juzgados de lo Mercantil –antes los tramitaban y resolvían los tribunales ordinarios de Primera Instancia–, la nueva norma, afirma, implica unas “mayores exigencias técnicas” para los letrados que llevan estos asuntos, por lo que al crearse este turno específico se asegura que los profesionales que quieran estar en el mismo –la inscripción es voluntaria– tengan una formación más acorde con dicha materia.

Requisitos para la inscripción

El turno de oficio especializado en mercantil, por el momento, aún no entró en funcionamiento. Tras ser aprobada su creación por la Junta de Gobierno del colegio vigués, la entidad remitió una circular a todos los abogados colegiados el pasado 19 de junio informando de su puesta en marcha y dando de plazo hasta ayer lunes día 26 a los interesados en darse de alta en el mismo. Los requisitos para inscribirse son acreditar una antigüedad de un mínimo de tres años de ejercicio profesional, ser colegiado ejerciente residente en el partido judicial vigués –que incluye las localidades de Vigo, Nigrán, Baiona o Gondomar– y haber asistido al Curso de Acceso al Turno de Oficio.

José Vila, perteneciente a la Junta de Gobierno del colegio, ahonda en el considerable aumento de particulares que optan por el mecanismo del concurso de acreedores y en el hecho de que este turno dedicado a mercantil –que también se encargará del resto de materias que recaen en estos juzgados– permitirá caminar cara a una “mayor especialización” y, por tanto, “una asistencia de calidad” a los afectados, aclarando, en todo caso, que los beneficiarios son personas físicas. “Las personas jurídicas –en relación a las empresas– no tienen el beneficio de la justicia gratuita”, afirma.

Unos inicios muy tímidos

La aplicación práctica de la Ley de Segunda Oportunidad fue muy tímida durante los primeros años. Algo que en la actualidad ha cambiado. El análisis de los datos del primer trimestre de 2023 difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian que durante ese período un total de 152 personas físicas solicitaron entrar en concurso: de éstos 36 tenían la condición de empresarios, fundamentalmente autónomos. Los principales detonantes que han llevado a muchos vigueses a un estado de insolvencia por la suma de impagos son despidos, divorcios o la ludopatía. La reforma legal de 2022 clarifico varias cuestiones de esta norma en auge, como la no obligatoriedad de intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores antes de llevar el caso ante el juez o la relativa a la exoneración de la deuda pública, estableciéndose un límite de 20.000 euros a repartir a partes iguales entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

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