La revolución de las togas negras

Las mareas están agitadas judicialmente hablando. El año arranco con una histórica y larga huelga protagonizada por los letrados de la Administración de Justicia, continuó con otra amenaza de paro por parte de jueces y fiscales que se acaba de frenar "in extremis" al alcanzarse un acuerdo de subida salarial y vive ahora una movilización sin precedentes de la abogacía, que pelea por unas mayores retribuciones en el turno de oficio, pero también por la dignificación de la profesión en general y por conseguir que la conciliación y la desconexión digital dejen de ser una quimera. La lucha es a nivel nacional, pero en Vigo un nutrido grupo de 300 letrados se han unido ya a un movimiento que nació de forma espontánea pero que, en apenas dos meses, ha sentado ya unas bases sólidas de cara a convertirse en una asociación que quiere, de una vez por todas, defender sus propios derechos.

Bautizada provisionalmente como “marea negra”, nombre que ya da forma al perfil que han abierto en Instagram para visibilizar su lucha, cuentan también con una junta gestora que está llevando la batuta hasta que la asociación esté formalmente constituida y cuente con su primera directiva oficial. Ayer la plataforma celebró una nutrida asamblea en el salón de actos del Museo Verbum, en Samil, donde, entre otras cuestiones, se iba a decidir la forma jurídica, que podría ser la de una organización sin ánimo de lucro. El objetivo, afirman los impulsores de esta iniciativa que ya están divididos en diferentes grupos de trabajo, es llegar a ser “interlocutores válidos” para batallar por sus reivindicaciones frente a todas las administraciones y los organismos competentes.

¿Y qué reclaman? Noemí Muleiro, integrante del grupo de relaciones con los medios de comunicación junto a sus compañeros María Teresa Franco y Tomás del Río, lo resume en tres ideas. “Lo que nos mueve es la dignificación del turno de oficio y de la abogacía en general, que los demás operadores jurídicos nos respeten en el ejercicio de nuestra profesión y conseguir una retribución digna acorde con los precios de mercado: esa retribución no puede ser por procedimiento, como ocurre ahora, sino por cada una de las actuaciones que hacemos a lo largo de la vida de una causa judicial”, expone, agregando a mayores el actual problema de los abogados mutualistas que se están topando, de cara a su jubilación, con unas “míseras” pensiones.

La justicia gratuita

En Vigo a día de hoy hay 602 abogados en el turno de oficio. Lo que quieren es que se les pague acorde al trabajo y la responsabilidad que tienen entre manos. Porque, denuncian, tienen unos “baremos de mínimos”. Por un divorcio contencioso, que puede llegar a alargarse más de un año en el tiempo y que conlleva si hay hijos menores la adopción de medidas de guarda y custodia, régimen de visitas o pensiones de alimentos, perciben menos de 500 euros. Y 402 es lo que cobran por un procedimiento abreviado penal, que conlleva asistir al detenido en comisaría, hacerlo a continuación en el juzgado de guardia, representarlo durante meses en la instrucción judicial en la que se suceden las declaraciones de testigos junto a la práctica de todo tipo de diligencias y defenderlo finalmente en el juicio del que derivará la sentencia.

“El turno de oficio tiene su origen en la beneficencia”, explica María Teresa Franco. Pero ahora, añade, es un “servicio público” en el que el perfil del beneficiario de la justicia gratuita ha cambiado y es mucho más amplio. “Lo que nos abonan tiene la denominación de indemnización y eso debe cambiar: es una retribución porque lo que hacemos es un trabajo, no es caridad”, resume. “Porque hay que ser conscientes de la responsabilidad civil y penal que tiene sobre sí un abogado si comete un error”, agrega para dar énfasis al peso que asumen cuando representan a un cliente, sea del ámbito de su actividad privada o procedente de la justicia gratuita.

La desconexión digital

La conciliación es otro de los grandes caballos de batalla. Aunque el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) recoge toda una serie de supuestos para la suspensión de vistas, la decisión final, afirman, queda al criterio del letrado de la Administración de Justicia del juzgado. “Esos supuestos no dan lugar a una suspensión automática, ese es el problema”, dice Tomás del Río, con lo que son frecuentes los casos de compañeros que, ante una enfermedad, el fallecimiento de un familiar o cualquier otro imprevisto, no se les acepta el aplazamiento de un juicio o de cualquier otra actuación judicial. “Cuando ocurre algo de un día para otro no te queda más remedio que pedir el favor a un compañero para que te sustituya”, ejemplifica. La profesión lamenta que un abogado tenga que “entrar en un quirófano” prácticamente con el teléfono móvil en la mano o que cualquier compañera, tras dar a luz, se vea abocada a llevar su ordenador al hospital porque los “plazos” no paran y debe seguir atendiendo a Lexnet.

De esta lucha es conocedor el Colegio de Abogados de Vigo y su decana, Lourdes Carballo, que, afirman, es “receptiva” y muestra “sensibilidad” con las demandas. Tras la asamblea de ayer, la asociación seguirá dando pasos firmes, garantizan, para lograr que los letrados vean colmados sus derechos.

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