Más de 30 maltratadores de Vigo y provincia están controlados con pulseras telamáticas

La cifra de dispositivos electrónicos de seguimiento se triplicó en la última década, pero aún son muy pocos en relación a las mujeres bajo protección por violencia de género

Una concentración celebrada en Vigo en repulsa por el último crimen machista ocurrido en Galicia, el de Oia.

Una concentración celebrada en Vigo en repulsa por el último crimen machista ocurrido en Galicia, el de Oia. / Marta G. Brea

Marta Fontán

Marta Fontán

El crimen machista de Oia ocurrido en el arranque de este mes de junio ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar y avanzar en las medidas de protección de las víctimas. Ana Vanessa Serén había dado el paso de denunciar a su expareja, guardia civil de profesión, y el juzgado dictó a su favor una orden que prohibía al agresor acercarse o comunicarse con ella. Pese a esta medida cautelar y al seguimiento que de su caso valorado como de riesgo medio se hizo policialmente, Víctor G.D., armado con una escopeta de caza, la esperó durante horas y la mató a plena luz del día a las puertas del camping donde la mujer trabajaba. Una de las reivindicaciones que a raíz de lo sucedido ha vuelto a reactivarse es la de que judicialmente se opte más por las pulseras de control telemático, brazaletes que alertan de inmediato si un maltratador con orden de alejamiento se acerca a su víctima. Y es que su uso, pese a haberse triplicado en la última década, todavía es excepcional. Frente a las casi 900 mujeres bajo protección por violencia de género en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra, los últimos datos oficiales actualizados arrojan que el número de dispositivos electrónicos de seguimiento activos en el mismo territorio ascienden únicamente a 35.

Los colectivos que trabajan con las víctimas de la violencia de género y agentes policiales que se dedican a la protección de estas mujeres coinciden en que, después de la prisión provisional, la pulsera telemática es la medida más efectiva para salvaguardar a las víctimas. Los datos actualizados a fecha de este junio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad indican que en Galicia hay 203 dispositivos activos: 94 en A Coruña, 44 en Lugo, 30 en Ourense y 35 en la provincia de Pontevedra. Sobre la evolución en este último territorio, los datos indican que su uso es mayor cada año: de los 12 que había en 2014 se ha pasado a la cifra actual. Si se echa la vista más atrás, en 2009, primer ejercicio del que se proporcionaron datos, solo hubo un maltratador controlado con este brazalete de seguimiento por GPS.

Son más que hace años, pero, avisan, todavía no son suficientes. Las pulseras telemáticas solo se ponen por orden de un juez, bien como medida cautelar durante una instrucción judicial o a consecuencia ya de una condena. El Centro de Control Cometa es el que lleva el seguimiento de estos brazaletes que tienen una forma similar a la de un reloj y que, con un sistema de radiofrecuencia y GPS, permiten tener controlados al agresor y a la propia víctima para garantizar que el primero cumple el alejamiento impuesto. Si no lo hace, la alerta la reciben la propia mujer y el cuerpo policial encargado de su protección. El investigado o condenado debe llevar consigo dos dispositivos, la pulsera y otro aparato similar a un teléfono móvil, mientras que la mujer va con un dispositivo parecido a este último, que puede guardar en un bolsillo o en el bolso.

Repunte

La demanda de una mayor contundencia judicial contra el maltrato se produce en un momento en el que hay un repunte de la violencia machista. Los dos crímenes registrados en lo que va año en Galicia se produjeron en el área de Vigo. Junto al de Oia, abocado al archivo judicial ya que el agresor se suicidó tras el ataque mortal a la víctima, en febrero se produjo el de Baiona, cuando un profesor, Ángel Rodríguez da Costa, “Lito”, mató presuntamente a su expareja Beatriz Lijó Gesteira ante los dos hijos que tenían en común. En este caso la instrucción judicial está activa en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo y el presunto agresor permanece en prisión provisional a la espera del juicio. El investigado confesó en su comparecencia judicial ante la magistrada que acudió a la vivienda de Beatriz para devolverle a los niños, pero que lo hizo portando un cuchillo de cocina y un hacha por dentro del pantalón. Estas fueron precisamente las armas que usó para matar a la víctima: el cuchillo se pudo recuperar junto al cadáver, pero el hacha permanece en paradero desconocido tras indicar el hombre, sin una mayor concreción que permitiese realizar una batida en su busca, que la tiró en un monte de Tomiño próximo a una rotonda.

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El territorio del Val Miñor y su entorno se han visto en los últimos años muy golpeados por la violencia machista. Junto al crimen de Oia ocurrido este junio y al de Baiona de febrero, <strong>en 2020 hubo otro asesinato en Mañufe (Gondomar)</strong>. Valentín Alonso Becerra, entonces de 64 años de edad, mató presuntamente a puñaladas a su mujer, Soledad Rey Valverde, de 59, que tenía severos problemas de movilidad. Antes de ingresar en prisión, el hombre estuvo hospitalizado ya que, tras el mortal ataque, intentó suicidarse cortándose las venas. Tras una larga instrucción judicial, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha señalado para la próxima semana este juicio con jurado popular, si bien estaría en vías de negociación un posible acuerdo de conformidad, sin que por el momento haya decisión definitiva.

A la espera de lo que ocurra, <strong>la Fiscalía, que acusa de delito de asesinato, pide en su escrito de calificación provisional 30 años de prisión</strong>. La tarde del 2 de diciembre de 2020 Valentín atacó presuntamente a su mujer “de forma súbita y violenta” en el domicilio familiar. Usó “una o varias armas cortantes y de hoja alargada”, provocándole heridas inicialmente más superficiales “con el fin de someter su voluntad y demostrar su dominio” sobre ella, asestándole después varias puñaladas dirigidas a zonas vitales como el corazón o el pulmón “hasta lograr su propósito de acabar con la vida” de la víctima. La mujer tenía 16 heridas incisas, cuatro de ellas mortales.

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