“Debe haber más agentes policiales de protección, más pulseras de control telemático y más interés por proteger la vida de las mujeres”. Rosa Fontaíña, coordinadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, lleva muchos años luchando contra la violencia de género. Vive con dolor y rabia cada crimen machista. El último se registró el pasado sábado, cuando un guardia civil armado con una escopeta de caza ilegal mató a su expareja, Vanessa, una mujer de 44 años que lo había denunciado hacía dos meses y que, aunque estaba bajo el amparo de una medida que prohibía al agente aproximarse y comunicarse con ella, fue asesinada a plena luz del día cuando salía de su trabajo en un camping de Oia.
El crimen de Vanessa ha provocado que desde la Xunta o el Gobierno central se haya hecho ya una importante reflexión, la de reconocer que hay que “mejorar” el actual sistema de protección de las mujeres que sufren violencia machista. “Él [el agresor del caso de Oia] tenía que haber tenido una pulsera telemática”, insiste Rosa Fontaíña, que considera que era algo “previsible” que, como ocurrió, el hombre pudiese esperar a la víctima a la salida del trabajo. “Esta muerte se pudo evitar”, lamenta.
El Centro de Control Cometa es el que lleva el seguimiento de las pulseras telemáticas que, siempre previa resolución judicial, permiten geolocalizar tanto al agresor como a la víctima para garantizar que el primero cumple el alejamiento impuesto: si no lo hace, el sistema da la alerta. El investigado o condenado porta consigo dos dispositivos, la pulsera propiamente dicha, un brazalete de pequeñas dimensiones que se asemeja a un reloj, que suele llevar en la zona del tobillo y que, dotado de sensores y a través de radiofrecuencia, se conecta a otro aparato similar a un teléfono móvil que dicho varón también debe llevar consigo. La víctima, mientras, va con otro dispositivo similar a este último que, explican, “puede llevar en el bolso o en un bolsillo”.
“Las pulseras telemáticas son muy efectivas, sin duda; pero ponerlas no depende de nosotros, como medida restrictiva que es debe decidirla un juez”, afirma un agente policial con experiencia en esta materia. Reconoce que a veces estos dispositivos fallan, dando falsas alertas si hay problemas de cobertura o en pueblos pequeños donde es complicado no rebasar los 500 metros de distancia de alejamiento mínima para que el sistema sea eficaz. Pero, pese a ello, son de enorme utilidad, recalca, para atajar a tiempo un quebrantamiento o una agresión. “Si el investigado intenta sacarse la pulsera, el sistema salta; si se queda sin batería y no la recarga, el sistema salta; si se acerca a la víctima, el sistema salta; y si aleja la pulsera del segundo dispositivo que debe llevar consigo, también salta”, explica sobre las alertas que reciben tanto los policías o guardias civiles encargados de la custodia de estas mujeres como las propias víctimas.
Cifras
En Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra hay a día de hoy , según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, un total de 1.363 víctimas de violencia de género registradas, 886 de ellas con medidas de protección, la gran mayoría órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación. Aunque a nivel policial se interesa en muchas ocasiones la colocación de dispositivos de control telemático a los maltratadores y desde el propio Ministerio del Interior se incidió el pasado enero en la eficacia de la geolocalización ante la oleada de casos, lo cierto es que estas pulseras siguen siendo una medida bastante excepcional.
Ejemplo de esto último son dos casos ocurridos a principios de este mismo año en Vigo en relación con dos jóvenes que sufrieron sendas agresiones por parte de sus exparejas y a las que la Policía Nacional consideró de riesgo extremo. La Fiscalía pidió a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer la colocación de una pulsera de control a los supuestos agresores, pero la magistrada lo denegó. “Es injusto que él ande libre y sin pulsera”, afirmó una de las víctimas tras sufrir un intento de atropello. “Estoy aterrada, no le ponen el dispositivo telemático pese a tener antecedentes con otras parejas”, lamentó la otra joven, relatando que su exnovio la había encerrado, causándole hematomas en el cuerpo y cortes en una mano.
Dos casos
El crimen de Vanessa, que se archivará judicialmente ya que el agresor se quitó la vida tras verse acorralado en su huida, es el segundo asesinato de violencia machista que se produce en Galicia en este 2023. El primero ocurrió en febrero en Baiona, cuando Ángel Rodríguez da Costa, “Lito”, armado con un cuchillo y un hacha, acabó con la vida de Beatriz Lijó Gesteira ante los dos hijos menores de edad que tenía la expareja. El autor confeso está en prisión provisional a la espera de juicio: aunque como el asesino de Oia también se dio a la fuga, en su caso, tras toda una noche deambulando con su coche, acabó entregándose, ensangrentado y sin emitir palabra, en la comisaría de la Policía Nacional de Ourense.
“A partir del riesgo medio, el de Vanessa, siempre pedimos el brazalete”
Hay cinco niveles de riesgo para las víctimas de violencia de género: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, supuesto este último en el que una patrulla policial está las 24 horas con la mujer. “Y a raíz de una instrucción del Ministerio del Interior, a partir del riesgo medio nosotros siempre pedimos a la Fiscalía que solicite al juzgado la pulsera de control”, afirman las fuentes policiales consultadas. Precisamente, Vanessa estaba considerada de riesgo medio, pero en su caso, según informó el TSXG, ni la Fiscalía, ni la acusación particular ni la defensa plantearon dicho dispositivo para el guardia civil cuando en abril fue detenido tras denunciar ella dos episodios de maltrato. La jueza lo dejó en libertad con una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación a la espera del juicio.
