La vivienda turística en alquiler ya duplica a la tradicional en Vigo

La patronal inmobiliaria tiene claro que la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se prevé aprobar mañana en el Congreso de los Diputados tras un año de negociaciones, engordará todavía más la cifra de viviendas de alquiler turístico, que es de récord en Vigo. Son ya más de un millar. Concretamente, 1.055, según informan la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), el doble de las disponibles en el circuito de arrendamiento tradicional, con los precios disparados: 9,5 euros de media el metro cuadrado. Y la previsión que traza el sector apunta a que el protagonismo de las primeras irá a más: unas 1.500 “como mínimo” en el tercer cuatrimestre de este año.

“Vigo ya es el segundo municipio de toda Galicia con más viviendas vacacionales, solo después de Sanxenxo, y la primera ciudad de la comunidad”, apunta el presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias, que augura en los primeros doce meses desde la entrada en vigor de la norma –que emana del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos– un trasvase de entre el 15% y el 25% de los alojamientos en los que se finalicen contratos con los inquilinos del circuito tradicional al vacacional o al de compraventa o, “directamente, las dejarán desocupadas por la constatable inseguridad jurídica”. “Esto reducirá la oferta de viviendas en arrendamiento, provocando un grave problema para las personas o unidades familiares con rentas más bajas”, augura.

El sector critica la Ley de Vivienda porque no soluciona el problema

Preguntado por la posibilidad de que los propietarios suban el precio del alquiler para anticiparse a los topes que fijará la nueva ley, Benito Iglesias destaca que muchos de ellos esperarán a que se publique la norma para saber con concreción qué establece. En todo caso, cree que es una opción probable en un escenario de incertidumbre derivado de un reglamento que, en su opinión, perjudica a los dueños. Por un lado, se mantiene el tope a la subida en la renovación de los contratos de alquiler en vigor durante 2023, que seguirá siendo del 2% hasta el 31 de diciembre. Subirá al 3% durante todo 2024 y, a partir de 2025, se aplicará un nuevo Índice de Alquiler, que tendrá que preparar el Gobierno. Esta cifra será la referencia en los contratos de arrendamiento.

La Ley por el Derecho a la Vivienda determina áreas tensionadas para el control de los precios del alquiler. Un ámbito puede ser declarada tensionada si la evolución del precio de la zona –ya sea de arrendamiento o compra– ha superado en al menos tres puntos el IPC (Índice de Precios de Consumo) de los últimos cinco años o el desembolso medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros supera el 30% de la renta media de los inquilinos de esa zona. Recoge este apartado para dibujar bolsas de pisos y casas en los que se podrá imponer un tope a los alquileres –en máximos históricos en Vigo– más allá de las limitaciones generales que la normativa también prevé para el conjunto.

Las ocho áreas tensionadas de alquiler en Vigo acogen a casi 100.000 habitantes

En la urbe olívica, según los datos que ofrece la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics, hay ocho códigos postales –de 27 en total– que encajan en uno u otro de los supuestos indicados –en ningún caso se dan los dos a la vez–. Suman 93.224 habitantes. Entran en este grupo por la primera de las condiciones –IPC– las propiedades asociadas a los códigos postales 36210 y 36213: entorno de Fragoso, Castrelos, Pereiró, A Pastora, Praza América, Matamá, fábrica de Stellantis y Camposancos. Por la segunda, el 36202, 36208, 36212, 36390, 36330 y 36392: Canido, Cabo Estai, Saiáns, Alcabre, Bouzas, el entorno de la Praza da Industria, O Calvario, Navia, Alcabre o Samil.

Benito Iglesias deja claro que “no se debe demonizar la vivienda vacacional”. “Limitar su número sería otro craso error por parte del Ejecutivo central. Existen 325.000 viviendas vacacionales en España, pues únicamente el 5,5% se encuentran en Galicia. En Vigo, solo representan el 0,3% del total del Estado. No son un problema. Generan economía directa e indirecta a numerosos sectores económicos”, explica.

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