A Isabel Mayo los ojos se le llenan de lágrimas cuando recuerda sus años en el Grupo de Empresas Álvarez (GEA). Empezó a trabajar en una de sus fábricas, la de Cabral, cuando todavía era una adolescente. Tenía 16 años. Se dedicaba al barnizado de las piezas de cerámica que convirtieron a esta otrora próspera industria en todo un referente dentro y fuera de España. “Llegué allí el 20 de noviembre de 1972”, afirma. La fecha la tiene gravada en su memoria. “Hoy, desde la distancia, recuerdo esos años en Álvarez como los mejores de mi vida”, añade sin poder contener la emoción. “Tenía un buen sueldito, cobrábamos puntuales, peleamos para que nos mejoraran las condiciones económicas y para tener jornada continua...”, cuenta. “¡Qué feliz era! ¡Qué suerte teníamos! Iba a trabajar contenta”, reflexiona sobre aquella época. Pero todo se empezó a torcer hasta acabar malográndose el 18 de junio de 2001. Otra fecha que no puede borrar de su mente. La fábrica cerró, se quedó sin empleo y lo que vino después fue “un infierno total” y “una tristeza absoluta”. Y “tensión”, mucha tensión, porque la plantilla empezó una complicada lucha que los acabó dividiendo en varios grupos para hacer valer sus derechos. Una batalla que los llevó a “dormir” ante el mismo Ministerio de Industria en el Paseo de la Castellana de Madrid o a hacer una acampada también a modo de protesta ante la Xunta en Santiago de Compostela. “Lo que se vivió fue mucho... Daba para una película”, resume.
Esta vecina de la parroquia viguesa de Beade, en la actualidad de 66 años de edad, forma parte del grupo de casi 200 extrabajadores de GEA que, tras el ocaso del grupo empresarial y tras hacerse como compensación en subasta con parte de los terrenos de las fábricas de Cabral y Coruxo que después cedieron a la promotora Naerama Group S.L. en 2002, se vieron inmerso en una batalla judicial que, nunca lo hubiesen imaginado, está escribiendo todavía hoy, la friolera de dos décadas después, sus últimos capítulos. Porque pese a ir encadenando victoria tras victoria en los juzgados, ni la promotora ni su avalista, Construcciones José Castro S.L., se avenían a pagarles el dinero que les adeudaban por dicha venta. La batalla se eternizó pero, por fin, este verano las tornas cambiaron. Tras verse contra las cuerdas, la constructora consignó en julio en la cuenta judicial los primeros dos millones de euros de la cantidad total que debe a los afectados. Y las negociaciones para que abone el resto están ya muy avanzadas.
Últimos capítulos
La lucha está escribiendo sus últimos capítulos. Y, a través de sus abogados, estos extrabajadores están empezando a recibir los cheques con el dinero por el que tanto pelearon. Isabel Mayo es una de las trabajadoras que ya lo tiene en sus manos. Lo recibió este mismo viernes en el despacho del letrado vigués Tomás Santodomingo, que representa a la mayoría de ellos. “¡Por fin! ¡Alabado sea Dios! Este abogado se merece un monumento”, afirmaba instantes después de recibir el cheque de manos de Marta Pérez, secretaria del bufete. “Fue duro llegar hasta aquí, cuantas veces estuvimos a punto de cobrar y nada... Recuerdo decir ‘cuando tenga el dinero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro’ y mi marido siempre me decía que no hiciese planes hasta que tuviese el papel en la mano... Pues ya está”, añadía con una mezcla de felicidad y tristeza, porque, en definitiva, la alegría de tener lo que le corresponde en sus manos volvió a recordarle los complicados momentos vividos tras el convulso cierre de GEA.
En esta primera etapa cobrarán su dinero los casi 160 extrabajadores que ganaron la demanda en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo. Los cheques que están recibiendo son por el principal de la deuda. “La cuantía para cada trabajador oscila entre los 500 y los 26.000 euros”, explica Santodomingo. Ese dinero ya se consignó. Resta ahora que la constructora abone el resto de la deuda, cantidad con la que se abonarán los intereses de demora a todas estas personas, lo que corresponda a los restantes 25 antiguos empleados a los que se dio la razón en el Juzgado de Primera Instancia número 7 y lo relativo a las costas procesales.
Igual que Isabel Mayo, Ramón Barreiro fue otro de los trabajadores que recibió su cheque este viernes en el despacho de este abogado vigués. También él se emociona y se le humedecen los ojos cuando recuerda sus años en Álvarez. Trabajó allí 27 años, en la factoría de Coruxo, como oficial de mantenimiento. “En la época buena cada semana salían de allí 35 camiones cargados de loza... Había trabajo de sobra”, cuenta. “Ahora ya quedó atrás, pero el cierre fue muy duro; a mí me dieron la patada con 45 años”, añade. “Y la verdad, tras tantos años, pensé que no íbamos a cobrar nunca; todo esto nos causó mucho desasosiego, fue muy complicado tirar hacia delante”, afirma este hombre de 66 años.
Situación desbloqueada
Con varios frentes judiciales abiertos, la situación se desbloqueó después de que uno de los tribunales vigueses sacase a subasta este pasado junio un local destinado a centro deportivo ubicado en Barcelona, en el distrito de Sants-Les Corts, perteneciente a Construcciones José Castro y arrendado en la actualidad a la cadena Metropolitan Spain. Con una superficie de más de 6.000 metros cuadrados y valorado para la puja en 4,5 millones de euros, este inmueble ya había despertado el interés de varios inversores. Pero la constructora, ante el riesgo real e inminente de perder tan valiosa propiedad, decidió consignar los dos millones de euros con los que ahora se está pagando a los trabajadores para poner así freno a la subasta.
Junto a los dos litigios ya en fase de ejecución en los juzgados de Primera Instancia 7 y 14, derivado de la lucha de este amplio grupo de extrabajadores de Álvarez se abrió otro procedimiento en el Juzgado de lo Mercantil en el que se declaró en concurso de acreedores a Naerama Group –que aún está en tramitación– y una causa penal en un tribunal de Barcelona que se reactivó recientemente al verse indicios de delito en el impago.
La constructora consignó dos millones en julio y hay un principio de acuerdo para el resto de la deuda
La eterna lucha de los extrabajadores de GEA para recibir lo que les corresponde por la cesión de los terrenos formalizada en 2002 empezaba a dar sus frutos este julio, cuando Construcciones José Castro S.L. ingresó la cantidad de 1.997.190 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado. Una abultada cifra que no cubre, sin embargo, el total de la deuda, a la que, a la cuantía principal, hay que sumar los intereses y las costas, cantidades nada desdeñables dado el sinfín de litigios que se emprendieron y el tiempo transcurrido desde que se impulsaron las demandas. Sin embargo, ya hay un principio de acuerdo para cubrir el 100% de la deuda. “Estamos en trámites para cerrar un acuerdo y se consigne la totalidad de lo adeudado”, explica el abogado Tomás Santodomingo, que avanza que las negociaciones podrían llegar a buen puerto esta próxima semana. Lo cierto es que la constructora está abocada a pagar la cantidad que falta, ya que de lo contrario los afectados podrían volver a instar la subasta del gimnasio de Barcelona, una propiedad que, a la vista de lo sucedido en los últimos meses, la empresa no parece dispuesta a perder. Tras el cierre de GEA, los exempleados se dividieron en tres grupos y se hicieron con los terrenos del grupo empresarial en subasta judicial. Los casi 200 que protagonizaron los litigios que ahora están escribiendo sus capítulos finales fueron los que en su día pertenecieron al grupo que se bautizó como GOC.
