La batalla judicial se está convirtiendo en eterna y acaba de sumar un nuevo escenario: Barcelona. Se trata de la lucha emprendida por casi 200 extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) para cobrar lo que se les adeuda por la cesión de los terrenos de las antiguas fábricas de Cabral y Coruxo. La Justicia les ha dado la razón pero la cuestión se ha complicado sobremanera en la fase de ejecución, hasta el punto de que no les ha quedado más remedio que seguir litigando desde distintos frentes para obtener el dinero que se les ha reconocido en sentencia judicial, una cuantía que supera los dos millones de euros entre partida principal, intereses y costas.
Una de las vías emprendidas por una parte de estos antiguos trabajadores del histórico complejo cerámico es la penal. El pasado verano el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo admitía a trámite la querella presentada contra José Antonio Castro Sousa, en representación de Construcciones José Castro S.A. y Eurofondo S.A., y su sobrino Francisco Castro Andrade, por Finca do Conde S.A. La instrucción arrancó en la urbe olívica pero finalmente esta sala, tras la solicitud de los querellados, se inhibió en Barcelona, ya que los hechos que se imputan se produjeron en la capital catalana.
Construcciones José Castro –y Naerama Group– son las empresas condenadas a pagar la deuda de GEA por esa cesión de terrenos que ya data de 2002. El procedimiento penal versa sobre la presunta simulación de un contrato de pignoración de acciones por importe de 30 millones de euros, suscrito en 2013 pero que no fue elevado a escritura pública hasta 2019, “cuando ya se sabía”, según los denunciantes, que dichas acciones iban a ser embargadas judicialmente.
El juzgado de Barcelona que se hizo cargo del caso es el de Instrucción número 20, sala que ha rechazado varios de los alegatos expuestos por los empresarios investigados, entre ellos la “excepción de cosa juzgada”, así como el sobreseimiento en el momento procesal actual. Al contrario, ha aceptado parte de las diligencias solicitadas por el abogado de los extrabajadores, el vigués Tomás Santodomingo: se trata de una serie de documentación económica de interés para la causa y la comparecencia el 14 de junio por videoconferencia del perito economista Julio César Calvo Malvar, que ha realizado un informe pericial que se acompañó con la querella y en el que se concluye que en las cuentas de la sociedad no constan esos 30 millones de euros. Para ese mismo día fue citado como testigo el administrador de una empresa que es socio minoritario de Finca do Conde S.A.
A la espera de como evolucione este asunto, el cobro del dinero también se pelea a través del Juzgado Mercantil de Vigo. La jueza aceptó en febrero declarar el concurso de acreedores de Naerama Group, la condenada junto a Construcciones José Castro a pagar la deuda de GEA. El problema es que desde entonces el procedimiento judicial está parado, ya que ni se admitió a trámite el recurso de la empresa ni se nombró, como es preceptivo, administrador concursal. Y en otro juzgado, el de Primera Instancia 14, sigue en suspenso la subasta de un céntrico gimnasio en Barcelona.
