“Ha sido y está siendo un proceso largo y farragoso, pero, tras todos estos años de trabajo, parece que ya estamos cerca del final; tras los últimos acontecimientos estoy convencido de que mis clientes por fin cobrarán lo que les pertenece”. El abogado Tomás Santodomingo se muestra optimista. Rodeado de buena parte de los expedientes judiciales del que sin duda es uno de los procedimientos judiciales “más complicados” de su trayectoria profesional, este letrado vigués valora con satisfacción el impulso que, desde varios frentes judiciales, ha tenido en las últimas semanas la lucha emprendida por casi 200 extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), sus clientes, para cobrar casi tres millones de euros. Es la elevada cantidad que se les adeuda por la cesión a una constructora de los terrenos de Ramón Nieto (Cabral) y carretera de Camposancos (Coruxo) donde se alzaron las antaño esplendorosas factorías de cerámica de un emporio que en sus años dorados sumó 6.000 empleados y llegó a servir vajillas al mismísimo Palacio Real.
Tomás Santodomingo representa al grupo de extrabajadores de Álvarez que en su día se bautizó como el GOC, que fueron los que, tras el ocaso del grupo empresarial y los convulsos tiempos que vinieron tras esa sonada disolución, decidieron ejercitar acciones al margen de los sindicatos, que representaron a su vez a varios centenares más de perjudicados. Pues bien, en 2002, justo hace 20 años, este grupo cedió la parte que le correspondía de los terrenos –el 22,07% de las fincas de Cabral y Coruxo– a Naerama Group S.L. En aquel contrato de hace dos décadas esta constructora hoy ya extinta se comprometía a abonar una concreta suma “siempre que se mantuviese el volumen de aprovechamiento urbanístico” que figuraba en el convenio suscrito con el Concello y condicionado también a la “recalificación urbanística” que se iba a aprobar. Estos casi 200 extrabajadores –algunos ya han fallecido y son sus herederos los que están litigando ahora– cobrarían en 2008, coincidiendo con la aprobación del PXOM de Vigo. Pero llegada esa fecha no recibieron lo pactado.
Arrancaba la batalla judicial. Y los litigios civiles que emprendieron fueron dándoles la razón. Tomás Santodomingo empezó a representarlos en 2012. “Hace ya diez años”, rememora el abogado. La primera sentencia llegó en febrero de 2015, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo falló a favor de gran parte de estos extrabajadores pertenecientes al GOC. En enero de 2019 otro tribunal, el de Primera Instancia número 7, estimaba la demanda del resto de antiguos empleados de este grupo. Ambas sentencias, que acabaron siendo declaradas firmes tras ser elevadas primero a la Audiencia Provincial de Pontevedra y después al Tribunal Supremo, condenaban a Naerama Group S.L. y a Construcciones José Castro S.L. –esta última empresa figuraba en el contrato en calidad de avalista– al abono de las cuantías adeudada, rechazando de plano su pretensión de eludir los pagos y zanjar el conflicto devolviendo los terrenos a los afectados.
Los litigios siguen
Ganar una sentencia supone sin duda un gran paso. Pero lo verdaderamente importante es que se ejecute. Y en eso andan todavía ahora este abogado vigués y sus infatigables clientes. La deuda de las constructoras condenadas asciende a día de hoy a casi tres millones de euros. “Junto a la cuantía principal, están las costas judiciales y los intereses, que crecen día a día; en un procedimiento así, que ha derivado en tantos pleitos, hablamos de cantidades bastante serias”, afirma Santodomingo.
Una batalla eterna
Una cesión de terrenos que se produjo en 2002
El origen de esta batalla judicial está en la cesión que los extrabajadores de GEA del GOC realizaron en 2002 a Naerama Group S.L. Le traspasaron el 22,07% de los terrenos que ocuparon las factorías de Álvarez en Cabral y Coruxo. La empresa prometió pagar en 2008, una vez se aprobase el PXOM, pero no lo hizo.
Unas sentencias que datan de 2015 y 2019
Dos sentencias de sendos juzgados civiles de Vigo, ya firmes, condenaron a Naerama y a Construcciones José Castro a abonar lo que adeudan por dichos solares a casi 200 extrabajadores de Álvarez. A día de hoy, entre cantidad principal, costas procesales e intereses, la cuantía ya asciende a casi tres millones de euros.
Un farragoso proceso de ejecución judicial
La ejecución de ambas sentencias está siendo larga y farragosa. Pero este junio se acordó la subasta de un gimnasio en Barcelona valorado en 4,5 millones de euros y se propuso la venta directa del 22,07% de las fincas de Cabral y Coruxo, que han sido tasadas en otros 4 millones.
Tras tantos años litigando, parece que por fin esta lucha vislumbra su fin. Porque este mes de junio que está a punto de concluir ha sido clave. “Todo se está materializando en el sentido que pretendíamos”, describe el abogado. ¿Los motivos? Por un lado uno de los juzgados civiles que falló a favor de los extrabajadores acaba de acordar la convocatoria de subasta de un imponente local destinado a centro deportivo ubicado en el centro de Barcelona. Pertenece a Construcciones José Castro y está ocupado por un gimnasio de la cadena Metropolitan. Su valoración de cara a la puja, según consta en el decreto judicial con fecha de este pasado día 8 que ya es firme, asciende a 4.580.692 euros. Es decir, cubriría con creces la cifra que se adeuda a estos extrabajadores de GEA. El letrado que los representa es optimista y cree que esta es la solución “más inmediata” para sus clientes: “Se trata de unas instalaciones de casi 5.000 metros cuadrados en las que se han invertido recientemente más de dos millones de euros; ya hemos recibido llamadas de personas interesadas en esta subasta”.
Pero también este mes de junio, el día 15, en otro pleito en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo en el que se logró que se declarase a Naerama en concurso de acreedores, el administrador concursal, Aquilino Pérez Puga, presentó el plan de liquidación en el que se propone la venta directa de ese 22,07% de los terrenos de Cabral y Coruxo cedidos a la constructora. La valoración de ambas fincas suma 4 millones de euros. También suficientes para cubrir la deuda. Difícil parece que, con el gimnasio o con estas parcelas, no se haga justicia por fin en esta causa eterna.
La Audiencia ordena reactivar la causa penal: ve indicios de delito en el impago
No hay dos sin tres. Tras el impulso que se ha dado este junio a la inminente subasta del gimnasio de Barcelona y a la también futura venta directa de parte de las fincas que ocuparon las fábricas de GEA, otro de los procedimientos emprendidos por este grupo de extrabajadores de Álvarez acaba de recibir un importante aval. El de la Audiencia Provincial de Barcelona, que, en un auto también con fecha de este mes, ha reactivado la causa penal abierta contra José Antonio C.S., en representación de Construcciones José Castro, y contra su sobrino Francisco C.A., en este caso por la sociedad Finca do Conde S.A., al considerar que existen “indicios suficientes” de la presunta comisión de un delito de frustración de la ejecución –concretamente el del artículo 257.1.2º del Código Penal– en relación con sus obligaciones de pago por la cesión de los terrenos.
El juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona (la causa acabó tramitándose en Cataluña tras dar los primeros pasos en Vigo) había archivado la causa, pero la Audiencia revoca dicho sobreseimiento y ordena continuar la tramitación de las diligencias de cara a que lleguen a juicio. “Se intentó por todos los medios obstaculizar el cobro por parte de los extrabajadores y la mejor prueba es este auto de la Audiencia Provincial de Barcelona”, valora Tomás Santodomingo, que ejerce la acusación particular en el procedimiento y que presentará escrito de acusación por el referido delito de frustración de la ejecución y también por el de falsedad documental.
Esta causa tiene su origen en un embargo de 1,3 millones de acciones acordado en uno de los pleitos de Vigo y, en relación con ello, se centra concretamente en la elevación de un contrato privado a escritura pública “unos días después” de que se instara dicha retención por parte del juzgado, movimiento que los querellantes consideran que se hizo con la única intención de eludir el pago de la deuda.
