Tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Supremo acaba de emitir la última palabra en un litigio que enfrentaba a casi 160 extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) con la promotora Naerama Group S.L. por la cesión de varios terrenos que pertenecieron a la ya desaparecida e histórica industria viguesa. Y es que el Alto Tribunal ha dictado un auto en el que inadmite los recursos interpuestos tanto por Naerama como por Construcciones José Castro S.A. contra la sentencia dictada por la sala civil de la Audiencia de Vigo, que, ratificando una resolución anterior del Juzgado de Primera Instancia número 14 de la ciudad, condena a estas dos empresas a abonar cuantías que suman algo más de 1,5 millones de euros a los extrabajadores, a lo que habrá que sumar los preceptivos intereses legales. Unos impagos que se mantienen desde hace más de una década. La decisión del Supremo pone punto y final a este pleito, ya que declara la firmeza de la sentencia.
Por el número de demandantes y la cantidad económica en juego, éste es sin duda el más importante de los tres litigios civiles emprendidos por extrabajadores de GEA que pertenecen al grupo que se denominó GOC -que decidieron ejercitar acciones al margen de los sindicatos-. Con la inadmisión de los recursos de casación y extraordinario de infracción procesal interpuestos por ambas promotoras, un amplio grupo de 159 extrabajadores ve por fin reconocidos sus derechos. Porque el Supremo, en un auto dictado este pasado 13 de febrero, concluye que no cabe aceptar los alegatos esgrimidos por estas dos empresas "por incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento".
Los antiguos empleados acudieron al juzgado ya que en 2002 suscribieron un contrato con Naerama por la que le cedieron los terrenos de las antiguas fábricas de Cabral y Coruxo -solares obtenidos tras el cierre de GEA y con cuya venta pretendían recuperar parte de la deuda que el grupo de empresas tenía con ellos-. Aquella cesión se hizo vinculando el precio total de la venta a la aprobación del PXOM de Vigo y al volumen de urbanización autorizado, ya que estaba pendiente de recalificación urbanística. Pero aprobado el plan general en 2008, los extrabajadores no cobraron lo que les correspondía.
El juzgado de Primera Instancia dio la razón a los extrabajadores de GEA. También la Audiencia de Vigo. Y ahora el Supremo declara firme esa sentencia. Las constructoras pleitearon alegando que la resolución era "arbitraria e irrazonable". Sus argumentos eran que el precio fijado en el contrato se condicionó a que se mantuviese el volumen de aprovechamiento urbanístico y a que se produjese la recalificación del terreno como residencial. Lo que no fue así, ya que en la actualidad, esgrimieron, el suelo cedido es "industrial" por una sentencia de 2015 que anuló el PXOM.
Estos argumentos no son admitidos por el Supremo. Así que ahora toca ejecutar la sentencia. Tomás Santodomingo, abogado vigués que representa a 95 de estos extrabajadores, señala que en su día solo obtuvieron unos 200.000 euros. "Naerama siempre se ha negado a pagar, por lo que el juzgado ya embargó preventivamente su cuota de terreno de la finca principal de Coruxo y ahora se podrá hacer una subasta para que los trabajares puedan por fin cobrar esos créditos", concluye el letrado.
