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La deuda de GEA llega a la vía penal

Tras las condenas civiles y el recién impulsado proceso concursal, otro juzgado abre una causa contra dos empresarios para dilucidar si hay delito en el impago a extrabajadores de la factoría

Aspecto que presenta la antigua fábrica de Cabral.

Aspecto que presenta la antigua fábrica de Cabral. // Marta G Brea

Lejos de ir cerrando capítulos, la batalla judicial emprendida hace ya más de una década por casi 200 extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) para cobrar el dinero que se les adeuda por la cesión de terrenos de las antiguas fábricas de Cabral y Coruxo no deja de sumar nuevos frentes. Y este julio, judicialmente hablando, está siendo bastante intenso. Porque al procedimiento que se ha abierto en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo, del que informó ayer FARO, se acaba de sumar otro. Y en este caso en la vía penal. El Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad ha admitido a trámite la querella presentada por un grupo de estos exempleados contra dos empresarios a los que, en el mismo auto, la magistrada cita ya a declarar en calidad de investigados. Los querellados, cuyo interrogatorio ha sido fijado para el próximo octubre a través de videoconferencia con L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), son José Antonio Castro Sousa, en representación de Construcciones José Castro S.A. y Eurofondo S.A. y su sobrino Francisco Castro Andrade, en este caso por la sociedad Finca do Conde S.A. En lo que indagará la jueza en esta causa incoada por la presunta autoría de un delito de falsedad documental es en si, como exponen los denunciantes en su escrito, se "simuló" un contrato "con la única intención de obstruir la ejecución judicial" instada para cobrar la deuda.

La promotora Naerama Group y Construcciones José Castro como avalista son las empresas condenadas a abonar en total más de dos millones de euros -entre cantidad principal, intereses y costas- a los 190 extrabajadores del que fue un próspero complejo cerámico que forma parte de la historia de la urbe olívica. Ello en virtud de dos sentencias de sendos juzgados de Primera Instancia que ya están en fase de ejecución. La causa penal que se acaba de impulsar -el auto de la magistrada es de este 21 de julio- tiene su germen en una de estas ejecuciones, la que se abrió de forma provisional en junio de 2019 para que 25 de esos antiguos trabajadores cobren los 390.600 euros que les corresponden y de los que, por ahora, no han recibido nada.

Clave

La cuestión clave para entender porque este caso ha llegado a la vía penal está que en dicha ejecución el tribunal civil encargado de la misma declaró embargadas acciones propiedad de Construcciones José Castro en el Grupo Inversor Hesperia, conocida cadena hotelera catalana. El acta notarial concreta que se trata de un total de 1,3 millones las acciones embargadas No cotizan en bolsa y cada una tiene un valor nominal de 30 euros. Todas están "pignoradas" a favor de la promotora Finca do Conde S.A. en garantía de un contrato de préstamo de 2013 que fue elevado a público en escritura el pasado verano.

Pues bien, la querella presentada por esos 25 extrabajadores de GEA -o sus herederos en el caso de los que ya fallecieron- tiene su origen en esa subasta de acciones. Concretamente, los denunciantes, representados por el abogado vigués Tomás Santodomingo, sostienen que lo más probable es que dicho contrato de pignoración de acciones "sea un contrato simulado" ya que no se elevó a público hasta transcurridos más de seis años, "cuando ya se sabía que las acciones objeto de garantía" iban a ser embargadas judicialmente. En la denuncia penal sostienen por tanto que la "innegable intención" de dicho documento fue la de "obstaculizar" una ejecución ya en marcha.

Delitos

La querella fue presentada por la presunta autoría de delitos de insolvencia punible, de falsedad defraudatoria y delito societario. Habrá que ver ahora como avanza la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 7, en la que junto al análisis de los documentos aportados, por el momento se han señalado para el próximo 9 de octubre las declaraciones de los empresarios investigados. Una vez se realicen esos interrogatorios, indica la resolución de la magistrada, se resolverá sobre "las restantes diligencias a practicar".

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