Los casi 200 extrabajadores de las antiguas fábricas de cerámica del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) se armaron de paciencia durante años para poder llegar a cobrar una deuda que ahora ya ronda los 3 millones de euros por la cesión de los terrenos donde se asentaban esta industria, en Cabral y Coruxo. Nunca pensaron que este recorrido judicial se prolongaría durante cerca de dos décadas pero todo semeja que este año se pondrá un punto y final.
Liquidación
Tras ser declarada disuelta la empresa dueña de parte de estos terrenos, concretamente del 22,07% de las fincas de Ramón Nieto y Camposancos, Naerama Grup –cuyo único avalista es Construcciones José Castro–, su administrador concursal acaba de presentar en el Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, el plan de liquidación de la firma, esto es, la forma en la que se liquidarán los bienes de empresa extinta, que solo tiene esas dos fábricas, y así poder pagar a los 189 extrabajadores.
Venta directa
La administración concursal, ejercida por el profesional Aquilino Pérez Puga, ha propuesto la venta directa de estos terrenos, valorados en cuatro millones de euros: el 22,07% de la finca de Cabral por 1,8 millones y el mismo porcentaje de la de Coruxo por 2,1 millones. Actualmente se abrió un plazo de alegaciones. Una vez terminado, se publicitará la venta para conseguir el mejor precio posible en el plazo de un mes.
En caso de que no haya ofertas, se sacará a subasta pública. Si esta también resulta desierta, el administrador solicitará la división de cosa común, cesando la copropiedad de los terrenos –cuyo 77,93% restante pertenece a otra firma–, para que puedan ser vendidos de forma independiente.
Subasta de un gimnasio
El objetivo de todo esto pasa por que los extrabajadores pueden cobrar la millonaria deuda que se les debe tras haber cedido a Naerama las fincas sin haber recibido contraprestación económica alguna. Pero esta no es la única vía abierta por los demandantes para lograr recuperar su dinero. El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo acordó a principios de mes la convocatoria de subasta de un local destinado a un gimnasio ubicado en Barcelona, perteneciente a la empresa ejecutada, Construcciones José Castro S.L y valorado para en 4,5 millones de euros. Este decreto judicial beneficia de forma directa a 95 extrabajadores de GEA, representados por el letrado Tomás Santodomingo, si bien hay otro grupo de 96 que podría unirse a ellos.
La única forma de evitar que este local salga a subasta es que la empresa constructora abone la deuda a los extrabajadores, lo que a estas alturas se prevé utópico a tenor del largo recorrido judicial, con tres demandas civiles interpuestas –y ganadas por los trabajadores vigueses– y una penal todavía activa.
Antecedentes
Este procedimiento tiene su origen en 2002, cuando los extrabajadores suscribieron un contrato con Naerama Grup por el que le cedieron terrenos de las antiguas fábricas de Cabral y Coruxo. Unos solares obtenidos tras cerrar la emblemática empresa: con la venta querían recuperar parte de la deuda que ésta tenía con ellos. La cesión a la promotora se hizo vinculando el precio de la venta a la aprobación del PXOM de Vigo y al volumen de urbanización autorizado, ya que estaba pendiente de recalificación urbanística. Pero aprobado el plan en 2008, los extrabajadores no cobraron lo que les correspondía.
