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La Sareb planifica más de 250 viviendas en Vigo hasta 2027

El banco malo, que ya comunicó al Gobierno su intención, prevé desarrollar el plan en varias promociones hasta la fecha teórica de liquidación de sus activos

Promoción de viviendas que levanta la Sareb en la calle Gran Vía a través de Árqura Homes Ricardo Grobas

Más de 250. Es la cantidad de viviendas nuevas que proyecta en Vigo la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocida como el banco malo) hasta 2027 (año en el que, teóricamente, debe desaparecer esta entidad, aunque podría extender su límite) en terrenos de su propiedad. Ya le ha entregado la planificación al Gobierno central. Estas actuaciones, planificadas en diferentes promociones, ayudarán a impulsar la oferta residencial de la urbe, que espera con ansia la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), instrumento que traerá bajo el brazo más de 50.000 viviendas. Se prevé que entre en vigor a lo largo de 2023.

Según la información que refleja su página web, la Sareb cuenta en la ciudad olívica con 61 viviendas, 28 garajes y trasteros, 57 propiedades de uso terciario –oficinas o bajos comerciales– y 187 suelos. Tiene en curso 54 obras. En realidad, dispone de más activos de las que anuncia públicamente. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) estiman que su cartera refleja unas 200 viviendas en la urbe y 250 suelos.

Los gestores comerciales que tienen asignada la venta de propiedades de la Sareb son Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia. En Vigo, posee propiedades a precios muy diferentes. Desde cuatro trasteros de 2 metros cuadrados en la calle Príncipe por 2.600 euros cada uno a una vivienda de 87.000 euros en Tomás A. Alonso, pasando por garajes en la calle Antonio Figueroa puestos en el mercado por 9.000 euros o promociones completas en la calle Colombia –plazas de garaje por 19.900 y locales comerciales desde 203.000 euros– o Enrique Lorenzo –plazas de garaje desde 8.820 euros y un bajo para un negocio desde 21.000 euros–.

En el caso de las viviendas de obra nueva, una parte de los proyectos se traspasaron a Árqura Homes y pueden consultarse a través de la página web de Aelca, el gestor encargado de su venta. Árqura Homes es la promotora de la Sareb, participada en un 90% por la propia Sareb y en un 10% por el fondo estadounidense Värde Partners. En Vigo, pone la firma en tres proyectos de calado. Destaca la promoción que se yergue en el número 65 de Rosalía de Castro, con 36 viviendas, todas ya vendidas y finalizadas las obras; invirtió 3,5 millones de euros. También aparece su huella en las promociones Appia Vigo –17 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en el número 19 de la calle Gran Vía; está en construcción– y Alur Vigo –una treintena de viviendas de entre uno y cuatro dormitorios en Vázquez Varela, junto a la nueva Ciudad de la Justicia; en construcción–.

La Sareb, que cumple este año un decenio de vida, fue creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas. Su papel durante todo este tiempo ha sido ampliamente criticado. Desde la patronal gallega y olívica, aseguran que es “la imagen de un enorme estropicio económico”. “Era la gran oportunidad de contribuir a estabilizar el sector de la vivienda y dinamizar el gremio inmobiliario por su abultado volumen de activos, pero, hasta el momento, solo ha servido para limpiar el balance de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas”, indica el presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias.

Al calor de la Sareb y de los activos inmobiliarios de procedencia bancaria, vieron la luz los fondos de inversión. Hace 10 años, no existían participaciones inmobiliarias de estos actores en Vigo y, a día de hoy, marcan el paso de las grandes promociones gracias a su potente músculo económico. Según concretan Fegein y Asemi, de las más de 30 promociones de viviendas en curso en el municipio olívico, el 65% están participadas, directa o indirectamente, por fondos de inversión o family oficces –empresas privadas creadas para gestionar el patrimonio de una familia y asegurar su continuidad en el tiempo–. En el conjunto de Galicia, el porcentaje es del 56%. “En Vigo, los mayores fondos de inversión y potenciales inversionistas apuestan por la promoción de vivienda residencial y unidades hoteleras o industriales e invierten en empresas logísticas, de distribución o alimentación, consolidándolas y haciéndolas crecer, lo cual es positivo, y más en el libre mercado”, indica Benito Iglesias. Reitera que las cooperativas de viviendas, tanto de protección autonómica como libres, “son la herramienta jurídica que permite competir en el mercado contra los fondos de inversión y sus filiales”.

"Debería ceder a la Xunta los pisos de propiedad pública para generar un parque social"

Benito Iglesias - Presidente de Fegein y Asemi

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Según las estimaciones de Fegein y Asemi, la Sareb y los bancos disponen en Galicia de unos 3.500 pisos, la mayoría, procedentes del mercado de segunda residencia y casi el 80 % concentrados en las provincias de A Coruña y Pontevedra. “Son propiedades que se reparten por toda la costa o en el interior, en las zonas más castigadas y que no encontraron salida”, detalla Benito Iglesias, que deja claro que, para los ciudadanos, fue “una década perdida con la Sareb y un engaño brutal e injusto a los contribuyentes”.

Casi 600 millones de euros

A día de hoy, la Sareb tiene en Galicia una cartera de activos que acumula 3.790 propiedades en la provincia de A Coruña, 3.064 en Pontevedra, 679 en la provincia de Lugo y 624 en la de Ourense. En total, 8.157 con un valor de 587 millones de euros. Además de las más de 2.700 viviendas, cuenta con 2.016 suelos en desarrollo, 405 suelos finalistas, 431 suelos rústicos y 2.103 trasteros y garajes. De las 2.735 viviendas de su propiedad, 1.230 (45%) son de propiedad pública. “Desde Fegein, le exigiría que la totalidad de esas 1.230 viviendas –ya finalizadas– las cediese a la Xunta de forma inmediata para constituir el más que necesario parque social de viviendas públicas de rentas bajas y combatir de este modo la exclusión social de las personas y la okupación de viviendas en la comunidad.

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