El que espera, desespera. Y de esto saben mucho los cientos –la cifra llegaría a superar los 3.700– de solicitantes del Ingreso Mínimo Vital en Vigo. Muchos de ellos siguen pendientes de recibir, más de medio año después, una contestación a su solicitud para recibir esta ayuda extraordinaria aprobada por el Gobierno central a consecuencia de la crisis económica y sanitaria derivada del coronavirus.
“Tramitamos un total de 1.150 solicitudes y solo en torno al 30% recibieron contestación; sin resolución sigue la gran mayoría. A la asociación nos llaman mucha gente que sigue sin cobrar y telefoneando las 24 horas el día al servicio y no hay respuesta. Mucha gente la presentó en junio o julio, están ya desesperados porque contaban con una ayuda que no llega”, lamenta Óscar Álvarez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec).
Mismo sentir muestran los cerca de 400 vigueses que recurrieron al colectivo Os Ninguéns para realizar este trámite para la ayuda. “De los 380 que presentamos, han cobrado exactamente 39, tengo a otros 41 en recurso porque han sido denegadas sus peticiones por diferentes razones y luego otras 3 o 4 peticiones rechazadas que sí son correctas por cuestiones de patrimonio pero el resto (alrededor de 300) están sin respuesta; nosotros empezamos con los trámites una semana después de que se pusiera en marcha, a finales de junio”, explica Carla Leiras, portavoz del colectivo “Os Ninguéns”.
A este respecto, sí que destaca que aquellos solicitantes o personas con un hijo a cargo “más o menos el 95% cobraron todas”. “Las que cobraron de oficio prácticamente recibieron todos; pero de los restantes seguimos a la espera y de los recursos no nos han contestado a ninguno. De hecho, estamos por volver a presentarlos porque no podemos esperar más. Para el resto, no hubo respuesta de ningún tipo”, comenta Leiras.
El plazo de presentación de ayudas del Ingreso Mínimo Vital –para el cual el Gobierno destinó 3.017 millones de euros– se inició en junio de 2020. Para gestionar y facilitar su solicitud, además de a través de la ayuda de estos colectivos sociales, el Concello de Vigo habilitó en Praza do Rei una ventanilla para su presentación. Desde entonces, el pasado 15 de junio, se dio apoyo y en su caso se procedió al trámite de 6.200 expedientes, según precisaron fuentes municipales. A nivel provincial, y según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se presentaron cerca de 17.000 expedientes; atendiendo que la población de Vigo representa el 32%, de media, 5.400 corresponderían al municipio.
Testimonios
“A mi nieta se la rechazaron al vivir conmigo y no puede independizarse
Uno de esos ejemplos es el de Ana, una sexagenaria que solicitó esta ayuda para su nieta, con dos hijos, y que reside con ella y atiende. Tras un primer mensaje de aceptación de la ayuda, llegó a los pocos días un aviso de “rechazo”. Sin embargo, en su cuenta sí aparece dicho ingreso que tiene “prohibido” tocar. “Tardó un tiempo en recibir resolución pero nos llegó aceptada. La cuantía era de 550 euros, pero al ser madre soltera con una niña tendría que ser algo más pero con mi ayuda podría arreglarse. Pero a los pocos días le llega una carta en la que se la deniegan. Llamamos a la Seguridad Social para que nos explicasen qué pasó, y nos reiteran que la resolución es negativa”, relata esta mujer.
Las voces de los que optan a la ayuda
Tras esto, solicitan una cita presencial en esta administración y se le explica que al residir con su abuela y ésta recibir 14 pagas por su pensión, rebasaría el mínimo estipulado para cobrar el Ingreso Mínimo Vital. “Como yo paso de este nivel... pero ella vive conmigo, necesita de mi ayuda económica. Lo raro fue que a los días le llega un ingreso correspondiente a la Vital, que supuestamente no iba a cobrar. No tocamos ese dinero, debió haber un error pero ahí sigue ese dinero. Fue un fallo pero ahora, cuando pidamos o solicitemos una Risga va a aparecer esa cantidad de dinero en la cuenta corriente”, lamenta Ana.
“Iban a revisarme la cuantía a principios de año pero sigo cobrando lo mismo”
Su caso no es único, aunque otros, con el debido retraso, tuvieron más suerte. Es la historia de Manuel T.R., un vecino de 40 años que se quedó sin trabajo desde el inicio de la pandemia, casi todo 2020 sin ingresos. “Solicitó el IMV en julio, declarando sus ingresos en economía informal de 2019. Se le concedió pero le descontaron esos ingresos, percibiendo un ingreso mínimo de 130 euros mensuales. Le dijeron que se lo revisarían con el cambio de año, habida cuenta que en 2020 no percibió nada. Sigue cobrando la misma cuantía a día de hoy, sin revisión”, explican desde Os Ninguéns.
“Se ha recurrido la negativa a mi solicitud pero no hay respuesta”
Otra situación es la de S.L.V. , de 37 años, que pidió el Ingreso en agosto. “Perdió su trabajo como autónoma de hostelería y se quedó con ingresos cero. Le llegó denegado tres meses después por no acreditar su existencia independiente, aunque entregó su contrato de alquiler con 4 años de antigüedad y todos los recibos a su nombre. Se le hizo recurso a la dirección provincial del INSS, sin respuesta a día de hoy –sus palabras corresponden al 11 de marzo–”, añade el colectivo social.
“Llevo un año con ingresos cero y ahora mismo dependo de una Risga”
En el caso de M.S.S., de 33 años, “tardó en solicitar el Ingreso Mínimo Vital debido a que se trata de colectivo preferente siempre que se acredite su situación, y nunca había acudido antes a acreditarla a ningún organismo. Consiguió los informes pertinentes y lo solicitó en septiembre de 2020. No tuvo ninguna respuesta a día de hoy –sus palabras corresponden al 11 de marzo–. Lleva un año con ingresos cero y ahora mismo está tramitando la Risga”.
Cada familia con sus peculiaridades pero muchos viviendo esta situación común. “Nos han llegado personas que lloraban e impotencia; pasaban los meses y seguían sin saber nada de nada. Es desesperante”, comentaba Álvarez, desde la Facev.
En torno al Ingreso Mínimo Vital, esa prestación de la que depende el sustento de muchos, ha habido tanta polémica como burocracia. Su puesta en marcha, desde el pasado mes de junio, no ha estado exenta de críticas, ya no solo por el modelo en sí mismo, sino por la dificultad de acceder a esta ayuda, estancada por toda la lentitud de trámites que la rodea y, a fin de cuentas, por la incertidumbre que esto genera.
Quien percibe esta prestación depende de ella como único recurso. Salomé Seoane, de nombre ficticio, que estaba cobrando la renta de inclusión social de Galicia, Risga, ha sido una de esas primeras personas que ha tenido acceso al Ingreso Mínimo Vital. Con la prestación, aprobada el pasado julio, pasó de cobrar de los 180 euros de la ayuda autonómica a 138 euros de la estatal. Su marido, de nombre ficticio Juan López, enfermo crónico del corazón, cobra la prestación no contributiva por invalidez, 402,8 euros.
Con estos ingresos, el matrimonio de 65 años paga el alquiler, los gastos de la vivienda y parte de su alimentación. Para cubrir la otra parte recurren al comedor social de Vida Digna. “Cobramos ese dinero y nada más”, dice Juan López, “más dinero que ese no hay. Tenemos que hacer ingeniería”.
“Defendía el ingreso mínimo vital pero se está haciendo de forma desastrosa”
Otra situación es la de Javier Santos, nombre también ficticio para permanecer en el anonimato. Él percibe el Risga, la prestación de renta mínima de la comunidad de Galicia por la que cobra 480 euros desde 2013.
“Defendía el Ingreso Mínimo Vital pero se está haciendo de forma desastrosa, por eso opté por quedarme con la renta autonómica”,
Su historia, como la de otros tantos casos, es una de las huellas de la crisis económica de 2008. Trabajaba de teleoperador comercial en Vigo, pero llegó la crisis y se quedó en paro. Entre 2008 y 2012 cobró la prestación por desempleo, luego se agotó y tras el subsidió llegó la Risga que ahora le mantiene. “Ahora mismo me da más seguridad y la certeza de no perder la prestación mínima. Con el Ingreso Mínimo Vital no tengo claro si me van a conceder la prestación o no”, compara las ayudas este hombre de 50 años. Porque, como es lógico, son excluyentes, el que cobra una no puede cobrar la otra.
Si la burocracia de la Risga retrasaba su tramitación entre cinco y seis meses en Vigo no sucede nada muy distinto con el Ingreso Mínimo Vital. Según los datos de marzo, en Galicia se denegaron el doble de expedientes de los que se aprobaron. La prestación estatal llega a casi 28.000 beneficiarios. Una cifra que contrasta con los 9.783 perceptores de la renta de inclusión social de Galicia al cierre de 2019. Una comparativa que deja entrever que las personas cubiertas con el Ingreso Mínimo Vital en el territorio gallego ya superan a las del Risga.
“Tiene que haber políticas activas de empleo y de acceso a la vivienda”
Sin embargo, todavía son muchos los que prefieren la prestación autonómica ante las trabas burocráticas que ralentizan el ingreso mínimo. “Hay que simplificar los procedimientos de acceso al IMV, Es necesaria una mayor coordinación entre las administraciones”, reclama Santos. “La brecha digital no ayuda mucho a personas que estamos en situación de pobreza y no tenemos acceso a estos recursos”.
La pandemia está constituyendo un riesgo de pobreza adicional para muchas personas. Lejos de haber contribuido a la recuperación, se ha transformado en un golpe para muchos más que ahora dependen de la prestación mínima para subsistir. “Estamos viendo las mismas colas del hambre que se produjeron en 2008”, analiza Santos. “Una persona no puede estar ocho meses esperando por una prestación y que no pueda cubrir sus necesidades básicas. Las administraciones deben entenderse”.
Belén Rodríguez, nombre también ficticio para preservar su identidad, es madre de tres hijos. Su tropiezo con el Ingreso Mínimo Vital fue muy administrativo. “Cuando fui a solicitar la ayuda, la funcionaria que me atendió no me cogió los papeles”, cuenta. El motivo que le argumentaba es que con su perfil no le darían la prestación.
“Si una persona pide una ayuda es porque lo necesita. No lo hace por gusto”
Así que decidió recurrir a la ayuda de la organización Provivienda, que le han asistido para gestionar todos los papeles. “De momento estoy esperando, a ver si llega alguna carta”, explica. Previamente, esta madre cobró la prestación de la Risga pero cuando su pareja empezó a trabajar se quedó sin esta cobertura social. Ahora, con su pareja desempleada de nuevo, Belén pelea. Tiene tres hijos, el más pequeño con un trastorno de autismo. “Cuando uno pide una ayuda es porque la necesita, no por gusto. Si hay gente que la cobra y no la necesita que lo investiguen pero están quitando cosas a gente que las necesita. Eso me da coraje”, comenta Belén. “Tiene que haber políticas activas de empleo y de acceso a una vivienda digna. Hay muchas persona sin hogar en Galicia”, complementa Santos.
