Tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital el pasado mes de julio, la Renta de Inclusión Social (Risga) de la Xunta perdió 901 beneficiarios. La Risga es incompatible con el cobro de cualquier otra prestación, así que aquellos gallegos a los que se les haya concedido la ayuda estatal no pueden seguir beneficiándose del subsidio que concede la comunidad autónoma. Esto ha supuesto un descenso de casi el 10 por ciento en el número de perceptores de la Risga en solo tres meses. Actualmente están en nómina 9.397 gallegos, según los datos de la Consellería de Política social.
La Renta de Inclusión Social fue creada por la Xunta en 1991 y reformada en 2013. Tras la crisis económica desatada en 2008 por la caída de Lehman Brothers y el aumento de la precariedad de las familias, la demanda de esta ayuda fue en constante crecimiento. En diez años, hasta 2018, la cifra de beneficiarios se disparó un 130 por ciento y obligó al Gobierno gallego a incrementar año a año la financiación de este programa.
A finales de 2019 había 9.783 personas cobrando la Risga en Galicia. Después llegó la pandemia del Covid-19 que derivó en una crisis económica: muchos trabajadores se vieron abocados a ERTES o directamente se quedaron sin trabajo. Según informó el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, en los meses del confinamiento se concedieron más de 2.400 ayudas de la Renta de Inclusión Social, lo que supone un 10 por ciento más que en el mismo periodo de 2019.
Sin embargo, en julio entró en vigor el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno, una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.
De este subsidio podrán beneficiarse hasta 40.000 familias en Galicia y recoge cuantías más elevadas que la Risga puesto que las familias numerosas compuestas por dos adultos y tres o más menores podrán recibir un ayuda de hasta 1.015 euros al mes. La Risga, sin embargo, es un subsidio individual con un importe medio de 439 euros, que puede elevarse hasta los 600 euros para una familia de tres hijos.
Tras entrar en vigor el Ingreso Mínimo Vital, en solo tres meses el número de beneficiarios asciende ya a 7.200, solo 1.200 menos que los que cobran la Risga.
De ellos, un total de 900 estaban cobrando la Renta de Inclusión Social y, por eso la Xunta, procedió a darlos de baja, porque no pueden cobrar las dos prestaciones a la vez.
El Gobierno gallego demanda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que le permita gestionar el Ingreso Mínimo Vital “por tener la experiencia necesaria y porque sería más fácil para evitar solapamientos y colapsos en la tramitación”. Según explican desde Política Social, esta competencia ya les ha sido comprometida a Euskadi y Navarra, aunque la parálisis debido a la pandemia del coronavirus no ha permitido concretar este traspaso.
El problema es que al solaparse ambas ayudas y siendo más atractivo el Ingreso Mínimo Vital, al Gobierno gallego no le queda más remedio que replantearse la Risga, pese a que ya sufrió una reforma hace siete años cuyo desarrollo reglamentario no se concretó hasta el pasado año mediante un decreto. Esta modificación fue para hacer compatible el cobro de este subsidio con un empleo para fomentar la inserción laboral de los beneficiarios de esta renta.
Desde el departamento que dirige Fabiola García aún no dan detalles sobre cómo se reformará ahora de nuevo la Risga tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital.
Inserción laboral
La idea es diseñar un mecanismo para que parte del presupuesto de la Renta de Inclusión Social se reoriente a complementar la ayuda estatal garantizando que su finalidad esté vinculada con la inserción sociolaboral de sus beneficiarios.
La Xunta destinaba hasta ahora a la Risga una cantidad que rondaba los 50 millones de euros. En concreto, en 2019 la factura total ascendió a 53.391.538 euros.
La asignatura pendiente de estas ayudas es evitar que la pobreza se cronifique y facilitar la inserción laboral de las personas que la cobran. Así, según el último balance de la Risga, solo dos de cada diez beneficiarios abandonan este sistema de subsidios porque su situación económica mejora o porque encuentran un trabajo.
