En plena crisis económica provocada por la pandemia y con cada vez más familias haciendo cola en comedores sociales y bancos de alimentos, la Xunta afronta su segunda reforma de la Lei de Inclusión Social en tres años. La entrada en vigor en 2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado por el Gobierno, obliga a la Consellería de Política Social a reformular tanto la Risga como las ayudas de emergencia. El departamento que dirige Fabiola García aún está recogiendo aportaciones de los agentes sociales para buscar el máximo consenso, pero ya tiene claro dos objetivos: por un lado, reorientar la renta gallega a incentivar la inserción laboral de los beneficiarios pero también eliminar burocracia y simplificar trámites. Su intención es reducir a la mitad el tiempo de espera por estas ayudas.
Esto permitirá que una persona que solicite la Risga pueda empezar a cobrarla antes de dos meses. Mientras, que para un ayuda de inclusión social la demora se acortará a 80 días.
El farragoso papeleo que se requiere para tramitar las ayudas, que aunque son de la Xunta se gestionan en los servicios sociales de los ayuntamientos, dilataba hasta ahora demasiado los plazos.
Plazos
Para cobrar la Risga, destinada a personas sin recursos y en situación precaria, hay que esperar de media cuatro meses. Pero mayor es la demora para percibir una ayuda de inclusión social. A pesar de que es una prestación pensada para “atender las situaciones de grave emergencia de personas o familias vulnerables” se tarda más de cinco meses en dar respuesta a los afectados.
“Se aprovechará la reforma para simplificar al máximo la burocracia y alcanzar una tramitación mucho más rápida y ágil de la Risga y las ayudas de inclusión social, siendo el objetivo la reducción de un 50 por ciento de los plazos de tramitación”, informa la Consellería de Política Social.
Y, en cuanto a las ayudas de inclusión social, la Xunta prevé que puedan ser también utilizadas para favorecer la digitalización y el acceso a las nuevas tecnologías de las personas sin recursos.
Ingreso Mínimo Vital
La reforma de la Risga es obligada para evitar duplicidades con el Ingreso Mínimo Vital, que entró en vigor en junio del pasado año. Ambas rentas son incompatibles. Esto ha provocado ya que el número de perceptores de las ayudas de la Xunta se redujera un 10 por ciento en 2020.
La tramitación de la renta mínima que ofrece el Gobierno, sin embargo, también avanza con lentitud. Aunque se preveía llegar a 40.000 personas en Galicia, a finales de diciembre el número de beneficiarios se situaba en 23.775, de los cuales 10.372 son menores de edad.
Desde la comunidad gallega se tramitaron casi 50.000 solicitudes. Sin embargo, en diciembre pasado el número de expedientes aprobados se limitaba a 9.233.
La Xunta se queja de la “indefinición” del Ingreso Mínimo Vital. “Ya se modificó siete veces desde su entrada en vigor”, advierten. Esto complica los trabajos que están realizando para reformar la Risga.
La intención de Política Social es complementar el subsidio estatal y pagar un extra a aquellos beneficiarios que realicen acciones formativas para mejorar sus opciones de conseguir un empleo. “El complemento gallego se orientará a fomentar y facilitar la inserción laboral, pero también a reforzar otros ámbitos para su inclusión efectiva como la vivienda o el apoyo específico a familias con menores”, explica la Xunta. También podrán percibir la prestación autonómica aquellas personas con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad que, por distintos motivos, se queden fuera del Ingreso Mínimo Vital.
