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Galicia pagará un extra a quien cobre el IMV y se forme para lograr un empleo

Política Social reformará la Risga para complementar el ingreso mínimo vital estatal | Mantiene el presupuesto de 64 millones pese a la caída de beneficiarios por la ayuda del Gobierno central

Colas en Praza do Rei para solicitar el ingreso mínimo vital

Colas en Praza do Rei para solicitar el ingreso mínimo vital Ricardo Grobas

Galicia pretende combinar el cobro del ingreso mínimo vital (IMV) que ofrece el Gobierno central con la renta de inclusión social autonómica (Risga), incompatibles entre sí en un principio. A través de una reforma de esta última, la Consellería de Política Social mantendrá sus ayudas a quienes no perciban el primer subsidio, pero también pagará un complemento, aún sin concretar, a los beneficiarios del IMV siempre que realicen acciones formativas para mejorar sus opciones de conseguir un empleo.

La Xunta alertó hace meses de que el IMV que el Gobierno comenzó a pagar en junio tenía grandes similitudes con rentas autonómicas como la Risga y que se solaparía con ellas, por lo que reclamó su gestión. Denegada esa vía, el Ejecutivo avanzó una reforma de la Risga para hacerla lo más compatible posible con el ingreso mínimo.

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El departamento dirigido por Fabiola García ya tiene sobre la mesa unas ideas básicas para alcanzar ese objetivo. Una de ellas es completar con fondos autonómicos el IMV, cuyo cobro no está condicionado a ninguna actividad formativa, “para llegar a las casuísticas a las que este no llega y garantizar su vinculación con la inserción sociolaboral de las personas que lo cobran”.

La reforma legal es imprescindible, pues ingreso mínimo y Risga son muy similares y excluyentes. Esta última, según la legislación vigente, es incompatible “con las pensiones no contributivas o con cualquier otra prestación o pensión de importe igual o superior a dichas pensiones”.

Las cuantías: entre 406 y 726 euros de la Risga, frente al mínimo de 461 euros y el máximo de 1.015 del Ingreso Mínimo Vital

La Risga está destinada a personas mayores de 25 años con problemas económicos y que tengan ingresos de una cuantía inferior al cheque social que le correspondería por su situación y cargas familiares: 403 euros mensuales para una persona que viva sola; 478 para dos; y 543 para tres. El máximo serían 726.

En el caso del IMV, los beneficiarios deben tener entre 23 y 65 años y las ayudas oscilan entre los 462 euros mensuales de un hogar unipersonal con unos ingresos máximos de 461 y los 1.015 de una familia de más cuatro miembros y menores entre ellos con hasta 1.015 euros ingresos al mes.

El Gobierno central aseguró que cobrarían el IMV en Galicia alrededor de 40.000 personas, pero los últimos datos disponibles fijan la cifra de beneficiarios en 7.210. Su puesta en marcha ha afectado a la Risga. En junio la cobraban 10.807 personas y en octubre fueron 9.327, un descenso del 13,4%. “Aunque esta evolución no se puede atribuir únicamente al IMV, la previsión es que es descenso se consolide en los próximos meses”, apuntan desde Política Social.

A pesar de ello, el Ejecutivo gallego mantendrá en 2021 el presupuesto de 64,4 millones para la Risga, la misma cantidad que los dos últimos ejercicios, si bien la caída de la demanda social permitió en 2019 dedicar 7,5 millones sin gastar al pago de pensiones no contributivas.

Con los fondos sobrantes por el trasvase de perceptores de Risga al IMV se financiará el complemento extra de quienes cobren este último subsidio si realizan acciones formativas para lograr un empleo. De existir remanentes, se financiarán acciones similares de lucha contra la pobreza, según fuentes de Política Social. Las políticas sociales recibirán 876,3 millones de euros en las cuentas de 2021, que hoy se presentan en el Parlamento, casi un 15% más.

Un millón de euros más para gastos urgentes extraordinarios

Política Social incrementará un 35% el presupuesto destinado a las ayudas de inclusión social, un pago extraordinario para que personas sin recursos suficientes puedan afrontar gastos urgentes para evitar su desahucio, el corte del suministro de la luz, la comida, gastos de vestimenta, revisiones del dentista o libros para sus hijos, por ejemplo. De los 3,3 millones de euros de presupuesto este año pasará a 4,5 en 2021, según el proyecto económico que hoy presentará el Ejecutivo autonómico en el Parlamento y que estará aprobado entre la última semana de enero y la primera de febrero. “El objetivo es ganar capacidad para responder de forma rápida a cualquier necesidad urgente de los hogares que peor lo están pasando con la pandemia de Covid-19”, justifican desde el departamento de Fabiola García. El año pasado recibieron este cheque puntual un total de 2.804 personas en la comunidad, lo que supuso un gasto de 3,1 millones, a una media de 1.105 euros por subsidio. La cifra de beneficiarios supuso un ligero descenso respecto a 2018, cuando se alcanzaron los 2.913, récord histórico según las estadísticas de la administración gallega. Para acceder a esta ayuda, es necesario acreditar una necesidad urgente –mediante un recibo, por ejemplo– y carecer de ingresos suficientes para afrontarla.

La pandemia duplica los hogares que pagaron tarde algún recibo


La pandemia ha disparado los problemas de las familias con dificultades económicas. Tras la aparición del coronavirus más de 120.000 hogares se apretaron el cinturón, reduciendo gastos para afrontar el tramo final del año. Sin embargo, a algunos no les quedó otro remedio que retrasar pagos como la hipoteca o los recibos de la luz, el agua o el teléfono. La cifra de hogares en esta situación prácticamente se duplicó y pasó de 25.400 en el primer trimestre del año a casi 45.000 al cierre del pasado septiembre. Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) radiografían la fase ascendente de esta problemática, aunque están lejos todavía de las magnitudes máximas alcanzadas durante la anterior crisis financiera, originada tras la quiebra a finales de 2008 del banco de inversión Lehman Brothers. En el último tramo de 2012, las familias gallegas que retrasaron sus pagos regulares rozaron el 9%, porcentaje que ahora es del 4,12%. Este ejercicio comenzó con buenas expectativas de acuerdo con este indicador de las dificultades para los hogares con mayor riesgo de exclusión. Apenas el 2,33% de ellas pagaba tarde sus recibos, el dato más bajo de la última década. De aquellos 25.390 núcleos convivientes con retrasos en el primer trimestre del año, se pasó a 46.639 (4,28%) durante el segundo trimestre, durante el que estuvo vigente el confinamiento.

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