En la sede de Boa Vida en Pontevedra tienen una ristra de impresos fotocopiados para arañar algo de tiempo en la carrera de obstáculos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Después de esperar unos 15 días para conseguir cita presencial, los usuarios llegan a la Seguridad Social y les dan el papel para que lo cubran en casa y vuelvan”, cuenta Gemma Vilas, psicóloga y miembro del equipo de la asociación que lleva ocho años apoyando y formando a personas en situación de pobreza y exclusión social. Hay que rellenarlo, reunir toda la documentación necesaria y otra vez esperar un hueco libre en la agenda de las oficinas del organismo, sin que eso sea tampoco la garantía de una tramitación ágil. “Son cuestiones muy complejas y es cierto que puede hacerse por internet, pero hablamos de un colectivo con una importante brecha digital”, remarca, tanto en formación en nuevas tecnologías muchas veces como en acceso a la red. “Nosotros hacemos todo lo que podemos para acompañarles en el proceso, incluso organizamos un curso de digitalización, pero es que incluso a mí –destaca Vilas– me resulta difícil”.
Hasta el pasado 19 de octubre, la Seguridad Social aprobó en Galicia un total de 7.245 solicitudes del IMV. La inmensa mayoría se reconocieron de oficio, 5.439, porque cobraban de antemano la prestación por hijo a cargo. El resto, 1.806, recibieron el visto bueno del organismo entre las 37.903 peticiones recibidas de nuevos beneficiarios. Solo se resolvieron 7.745 y, de ellas, únicamente el 23,3% –casi una de cada cuatro– entraron en nómina.
“La Seguridad Social gestiona esta prestación, lo que ha supuesto asumir un gran volumen de trabajo en muy corto espacio de tiempo”, señalan sus responsables en la memoria incluida en los presupuestos de la entidad para el próximo 2021. En los seis meses transcurridos desde la entrada en vigor, en toda España se presentaron 907.733 solicitudes. El 25% (228.234) incumplía los requisitos tributarios. Otras 41.800, el 4,6% se cancelaron por duplicidad en las peticiones. Casi 47.600 (20,8%) están en camino de resolución “a falta de que aporten documentación que les ha sido requerida”. Sí quedaron resueltas 126.422, el 18,6% con decisión favorable.
“Yo te digo que no conozco a nadie de los que ayudamos que haya recibido la confirmación, todo lo contrario”, apunta Vilas, en referencia a “la cantidad de requerimientos posteriores” emitidos desde la Seguridad Social para concretar la situación real de los hogares, los convivientes “o asuntos como el valor patrimonial”. “Deberían de tener en cuenta que hay gente que a lo mejor tiene un piso porque lo heredó, pero no ingresa ni un euro –lamenta la psicóloga de Boa Vida–. Contestar tardísimo a personas con necesidades muy graves, con cero recursos, no sirve para lo que dijeron que iba a servir”.
“La carga para la Seguridad Social era previsible”, señala Eloína Injerto, presidenta de la Rede galega contra a pobreza (EAPN-Galicia), que durante su reciente intervención en la comisión de reactivación en el Parlamento por la crisis del coronavirus alertó del “agravamiento significativo” de la situación para las personas que todavía no se habían recuperado de la anterior recesión, especialmente las mujeres, los jóvenes y los niños. “Toda esta forma de implementar el Ingreso Mínimo Vital está perjudicando a los posibles beneficiarios, más en un contexto como el que estamos viviendo, con gente que se queda directamente sin recursos por la pandemia”, remarca.
Con el contacto diario con solicitantes para echarles una mano “ante el colapso burocrático”, su percepción es la misma respecto a los números. “Poquitas se están resolviendo”, dice Eloína Injerto, que echa de menos “la colaboración entre administraciones pensando en la gente que ya estaba cobrando la Risga”. Las expectativas eran “muy altas” y “ni los importes concedidos, que muchas veces se tienen que corregir, ni las razones de la denegación se entienden –añade–. No saben el tiempo que van a tardar en cobrarla y, a lo mejor para los que estamos menos ahogados, 45 días no son muchos, pero para ellos es comida”.
El porcentaje de aprobación sobre las peticiones resueltas ya se queda en la provincia de Pontevedra en el 12,4%, con 2.283 familias beneficiarias a 19 de octubre. En A Coruña son 2.879, con un grado reconocimiento del 27,9%. En Lugo sube al 29% (1.051) y en Ourense se sitúa en el 23% (1.032). Detrás de las más de 7.200 prestaciones concedidas en Galicia hay cerca de 20.000 personas: 10.542 adultos y 9.360 niños. La cuantía media alcanza los 488,34 euros.
El perfil mayoritario en la comunidad, según el balance de la Seguridad Social, son los hogares monoparentales con un menor (2.352 prestaciones y un importe de 441,41 euros), seguido de las familias con dos adultos y un niño (1.028 y 490 euros). La mayor prestación media es de 744 euros para las 548 solicitudes reconocidas de hogares donde viven dos adultos y dos menores.
El perfil mayoritario en la comunidad son hogares monoparentales con un menor
“Las valoraciones económicas realizadas permiten estimar que, cuando esté plenamente implementada la medida, llegue a 850.000 hogares, formados por 2,3 millones de personas, que recibirán un IMV anual medio de 4.400 euros”, identifica la Seguridad Social en el balance. Son 12 pagas. Lo pueden solicitar personas de 23 a 65 años, o 18 si hay menores a cargo; vivir en España desde, al menos, el último año; y encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes. El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que la tramitación no lleva el ritmo deseado, pero justifica los controles sobre renta, patrimonio y padrón para que el IMV “llegue a quien tiene que llegar”.
