La extensa documental que recoge la denuncia que hace casi un año presentó el secretario del Colegio de Enfermería de Pontevedra junto a otro grupo de trabajadores por las supuestas irregularidades en la gestión de la institución provincial necesitaba ser refrendada por los investigadores. ¿Cómo? A través de las intervenciones telefónicas. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) bajo autorización del juzgado instructor, habría pinchado los teléfonos tanto del presidente Carlos Fernández como de su mujer Carmen Gayoso y su hija Estefanía –investigados por delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental– ante los indicios de este supuesto fraude, que la denuncia cifra, como ya avanzó FARO, en 11,5 millones de euros.
Fue precisamente ésta la prueba de cargo que motivó el pasado viernes el ingreso en prisión provisional para la familia. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar debido a que la causa se encontraba bajo secreto de sumario. La Fiscalía ya había pedido inicialmente esta medida privativa de libertad que finalmente el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Vigo ratificó en su auto con el fin de evitar la destrucción de otras pruebas.
Dentro de estas actuaciones, la primera diligencia que ha realizado este órgano instructor es el de dar continuidad al Colegio. Para ello, y previsiblemente a lo largo del día de hoy, designará un administrador judicial que se encargue de dirigir o gestionar la institución. Una vez al frente, decidirá si disolver la actual Junta Directiva, lo que supondría la salida de Fernández del colectivo tras 36 años como presidente. Entre los principales cometidos de este administrador será la elaboración de una auditoria, es decir, un informe sobre el estado de las cuentas y situación financiera del órgano colegial provincial.
Asimismo, además del Colegio, este administrador, que a tenor del auto deberá ser “economista” o “auditor” también deberá hacerse cargo de Galaprint S.L., Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, IGAF S.L. y Gestión Jurídica Gallega S.L., las empresas vinculadas a la familia Fernández Gayoso y a la institución, con las que comparte domicilio social y a las que, en el caso de Galaprint, paga un arrendamiento por las sedes de Vigo y Pontevedra (en 2019, el Colegio pagó 84.000 euros de alquiler, según la denuncia).
Fijado también en el calendario de esta causa figura la comparecencia del denunciante, José Faustino Portela, secretario del órgano colegial que deberá ratificar su denuncia el próximo 31 de marzo. Una vez este trámite se haya resuelto y el administrador presente su auditoria, se personarán en la causa como acusación particular.
Precisamente ayer, Portela acompañado por su abogado, el letrado pontevedrés Evaristo Estévez, acudió hasta las dependencias de calle Lalín para recoger esta citación. Fuentes próximas al caso también confirman que en próximos días, todavía sin fecha fija, se llamará a declarar –en principio como testigos, con reservas de la calificación que se les determine después de su declaración– a otras personas vinculadas al Colegio o a las empresas relacionadas con Carlos Fernández y a su familias, de las que el órgano figura como su único cliente.
“La entidad como institución está por encima de sus administradores”
El todavía secretario del Colegio, Faustino Portela y su abogado han mandado un mensaje de tranquilidad a los colegiados, en tanto en cuanto las funciones del Colegio seguirán activas: “Van a ver cubiertas sus necesidades y podrán ver que funciona igual que lo hacen otros colectivos del mismo tipo: con transparencia, con agilidad y con mejores servicios”. “Lo importante –añadieron– es que no se produzca una desbandada generalizada: el Colegio como institución está muy por encima de quienes lo administran y debe continuar ejerciendo sus funciones”.
Impagos al CGE
Este pleito no es el único en el que se ha visto envuelto Fernández como presidente del Colegio de Enfermería, aunque sí en el ámbito penal. Un juzgado de lo Contencioso de Pontevedra, ya condenó a la institución al abono de las cuotas impagadas al Colegio General de Enfermería (CGE), que ascendería a 6 millones de euros.
Según fuentes consultadas por este periódico, este abono no llegó a realizarse al asegurar Fernández durante la única asamblea celebrada en veinte años, en 2019, que estos fondos se habían destinado a cursos de formación, pagos de responsabilidad civil, asesorías jurídicas y otros servicios que ofrecía el Colegio, por lo que éste carecía de efectivo o líquido para abonar las cuotas al CGE; pese a que anualmente de los 4.000 colegiados en la provincia sumaba al año casi 900.000 euros.
La sede de la calle Aragón retoma su actividad
Ligera calma después de la tempestad. Este era el ambiente que se respiraba ayer en la sede viguesa del Colegio de Enfermería de Pontevedra –Aragón, 197– tras su vuelta a la actividad después del arresto de su presidente, mujer e hija, quienes ejercían puestos en la institución colegial como en Gestión Jurídica Gallega respectivamente.
Y es que las necesidades de los colegiados siguen ahí. Fuentes consultadas precisaban que son cerca de 400 los expedientes que el Colegio tiene en trámite a petición de estos profesionales y que, por lo tanto, no pueden paralizarse ya que los plazos siguen corriendo.
Por ello, el aplauso era prácticamente unánime a la decisión del juzgado instructor de intervenir judicialmente el Colegio para que se pueda seguir sacando adelante el trabajo con el menor contratiempo para los colegiados. Ayer eran varios los que se acercaron hasta las inmediaciones de calle Aragón.
En cuanto a los demás miembros de la Junta de Gobierno, tan solo se han pronunciado a través de un escueto comunicado en la página web del Colegio. Estaba prevista una reunión para la tarde de ayer en la que discutirían posturas sobre su continuidad. La previsión es que hoy se comuniquen públicamente estos acuerdos o una valoración sobre la situación actual del Colegio.
