Varias sentencias hacían vaticinar la presunta –al no ser todas ya firmes– irregularidad en la gestión del Colegio de Enfermería de Pontevedra, pero no ha sido hasta la denuncia presentada hace poco más de un año por el secretario de su Junta Directiva y otros trabajadores lo que motivó la investigación penal que ha llevado a su presidente durante más de tres décadas, Carlos Fernández, a su mujer Carmen Gayoso y a su hija Estefanía a prisión provisional por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal.
Poco a poco se van conociendo detalles de este procedimiento, dirigido por el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo, tras levantar el secreto de sumario que pesaba sobre él. La denuncia que motivó la apertura de diligencias apunta a un presunto desfalco o desvío de fondos del Colegio a cargo de Fernández y su familia de 11,5 millones de euros. La Policía cifraría, teniendo en cuenta el momento inicial de las diligencia, el entramado en torno a los ocho millones, según precisaron fuentes judiciales. ¿Cómo se habrían hecho con este remanente? Una ampliación de la denuncia pone el foco en una empresa de la que poca o nula información tenían los colegiados: Galaprint S.L.
Esta firma –que tiene como objeto la impresión de textos e imágenes así como otros tipo de servicios– consta como dueña de buena parte de las dos sedes del Colegio de Enfermería tanto en Vigo como en Pontevedra, tal y como se desprende de la denuncia, y por las que cobraría un alquiler anual, que al menos en 2019 fue de 83.700 euros. Precisamente, sería la institución colegial su única cliente, y por lo tanto su única fuente de ingresos.
Galaprint S.L. , de la que el magistrado hace referencia en su último auto acordando la medida privativa de libertad para Fernández, su mujer e hija, tiene el mismo domicilio social que la sede viguesa del Colegio (Aragón, 197). Sin embargo carece, siempre según la denuncia que dio lugar a esta investigación, de espacios propios de actividad en dicho domicilio ni cuenta tampoco con trabajadores. Lo que sí figura a su nombre son más propiedades: un piso dúplex situado en calle Alameda de Pontevedra y dos plazas de garaje en el barrio vigués de Coia.
El expediente expone, y que ahora está siendo objeto de investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y del juzgado instructor, que estos bienes inmuebles también habrían sido adquiridos, presuntamente, a costa de los fondos colegiales. El valor contable de Galaprint ha ido en aumento año tras año, llegando en el ejercicio 2018 a los 680.000 euros.
Si como afirma la denuncia, este saldo parte de las cuentas del Colegio de Enfermería, Galaprint integraría una potente pata de este entramado, pero no sería la única en vista de la cuantificación millonaria del presunto desfalco. Una idea del montante total lo dan dos sentencias que condenan al Colegio por el impago de cuotas al Consejo General de la Enfermería por valor de 6 millones de euros. Una de 2014, que se refiere a los pagos debidos entre 2003 y 2011, por un importe de 4,5 millones de euros. La otra es de abril de 2020, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 3 de Pontevedra, por otro millón y medio.
Otras empresas
La investigación deberá también determinar el papel de las empresas Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, IGAF S.L. y Gestión Jurídica Gallega S.L., todas con sede también en Aragón, 197. Aunque no figura en los papeles, trabajadores indican que, en la práctica, la dirección de esta última la llevaba la hija del presidente del colegio, Estefanía Fernández. En este auto de prisión, el magistrado de Instrucción 2 hacía mención a la necesidad de fijar uno o varios “administradores judiciales” que resulten de la insaculación o elección de las listas confeccionadas para hacerse cargo de ellas, debiendo ser uno de ellos al menos, “auditor” o “economista”.
Actualmente, tanto Carlos Fernández como su mujer Carmen Gayoso –que llevaba la Secretaría técnica del Colegio sin ser cargo electo– y su hija Estefanía se encuentran en el penal de A Lama. Los tres investigados se acogieron a su derecho a no declarar, debido a que durante los registros y detención practicados el día anterior, sobre la causa pesaba el secreto sumarial. Tras la petición de cárcel por parte de la Fiscalía, el magistrado ordenó su ingreso en prisión preventiva para evitar la posible destrucción de más pruebas.
“La institución recuperará la esencia que le corresponde”
Estas actuaciones tuvieron su germen en una denuncia del actual secretario de la entidad, José Faustino Portela, y otro grupo de trabajadores. En una misiva, Portela se dirige a los colegiados ante “la estupefacción y desasosiego que habrán causado las últimas noticias relacionadas con el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COE)”. En la cartas, explica que ante “la opacidad, el oscurantismo y la constante negativa e imposibilidad de ejecutar mis funciones” se decidió a poner “los hechos junto con la documentación con la que contaba en conocimiento de las autoridades” ya que “la deriva de los acontecimientos nos abocaba tarde o temprano a la quiebra de la institución”.
Su futuro
La mayor preocupación que traslada a los asociados es el futuro más inmediato de la institución. “Es esperable que al inicio de esta semana puedan dilucidarse las medidas cautelares que establezca el juez de cara a que provea de las herramientas necesarias a nuestra entidad para el adecuado desarrollo de su normal funcionamiento” apunta en la carta al mismo tiempo que lanza un “mensaje de tranquilidad” asegurando que el COE “va a recuperar la esencia que le corresponde y el papel que como institución debe desarrollar [...] eliminando los chiringuitos que se han creado en los últimos años”.
Para lograr estos objetivos, exige que la Junta de Gobierno actual, así como las personas que la asesoran presenten su dimisión ya que “se encuentra absolutamente deslegitimadas”. “El anuncio de que la Junta pretende asumir las funciones que orgánicamente le corresponden al presidente, al margen de su absoluta carencia de amparo legal, es el enésimo intento del actual presidente y de su entorno de mantener controlada la situación, incluso desde la prisión de A Lama”, concluye.
La Junta de Gobierno anuncia que “asumirá” la presidencia
Junto al comunicado del secretario e impulsor de la denuncia contra el presidente Carlos Fernández, la Junta de Gobierno del Colegio también ha salido para comunicar que en vista de la situación actual de la institución, “asumirá” las funciones presidenciales conforme a lo previsto en los estatutos colegiales, a fin de promover la continuidad del funcionamiento de la institución, tal y como recogen en su escueto comunicado.
En lo relativo a los hechos que están siendo investigados también se pronuncian y aseguran que “compartimos” la consternación existente en el colectivo y “respetamos, como no puede ser de otro modo” la acción de la justicia., sin más referencias a favor o en contra del detenido.
Está previsto que a lo largo de la semana, el magistrado instructor de esta causa inste medidas cautelares sobre la dirección del Colegio o bien nombre un administrador para el mismo.
