El escandalo explotaba el pasado jueves por la tarde cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía detenían al presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, a su mujer, Carmen Gayoso, y a su hija, Estefanía. Ayer el juez decretaba su ingreso en prisión como presuntos autores de los delitos de administración desleal, blanqueo y falsedad documental para evitar la destrucción de pruebas.
Pero estas actuaciones tuvieron su germen, como ya adelantó faro, en una denuncia del actual secretario de la entidad, José Faustino Portela, y otro grupo de trabajadores que sostienen que Fernández pudo haberse apropiado supuestamente de forma indebida de los fondos del Colegio de 11,5 millones de euros.
Hoy el secretario ha enviado una carta a los colegiados ante "la estupefacción y desasosiego que habrán causado las últimas noticias relacionadas con el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra". En la misiva de más de dos páginas, explica como ante "la opacidad, el oscurantismo y la constante negativa e imposibilidad de ejecutar mis funciones" se decidió a poner "los hechos junto con la documentación con la que contaba en conocimiento de las autoridades" ya que "la deriva de los acontecimientos nos abocaba tarde o temprano a la quiebra de la institución"
El futuro de la institución
La mayor preocupación que traslada a los asociados es el futuro más inmediato de la institución. "Es esperable que al inicio de esta semana puedan dilucidarse las medidas cautelares que establezca el juez de cara a que provea de las herramientas necesarias a nuestra entidad para el adecuado desarrollo de su normal funcionamiento" apunta en la carta al mismo tiempo que lanza un "mensaje de tranquilidad" asegurando que el COE "va a recuperar la esencia que le corresponde y el papel que como institución debe desarrollar [...] eliminando los chiringos que se han creado en los últimos años".
Para lograr estos objetivos, exige que la Junta de Gobierno actual, así como las personas que la asesoran presenten su dimisión ya que "se encuentra absolutamente deslegitimadas". "El anuncio de que la Junta pretende asumir las funciones que orgánicamente le corresponden al presidente, al margen de su absoluta carencia de amparo legal, es el enésimo intento del actual presidente y de su entorno de mantener controlada la situación, incluso desde su destino actual en la prisión de A Lama", concluye.
