La Xunta llama a 320 trabajadores cada día para cubrir bajas en la administración central

La temporalidad del empleo público triplica la de las empresas privadas tras la consolidación de la reforma laboral de finales de 2021, si bien la Xunta defiende el modelo de listas de contratación de interinos para blindar la continuidad del servicio público ante las “secuencias azarosas” que causan bajas por enfermedad, excedencias, vacaciones o plazas sin asignar, por ejemplo. Por ello, cada día del año pasado, la administración gallega llamó de media a 320 personas para cubrir ausencias en sus servicios centrales, es decir, todos a excepción de educación y sanidad, departamentos que cuentan con sus propios mecanismos de sustitución.

La temporalidad del empleo público en Galicia triplica ya la de las empresas

La Xunta posee, por tanto, tres diferentes listas de contratación: la de esos dos departamentos y la de servicios centrales. Esta última incluye los departamentos administrativos, pero también Medio Rural y Política Social. Durante el año pasado, los llamamientos para cubrir vacantes superaron los 116.700, lo que supone un 55% más que el año anterior, según la Consellería de Facenda, que gestiona el empleo público.

La explicación del aumento es multicausal. Por un lado, muchos interinos se encuentran preparando oposiciones para consolidar sus puestos, por lo que rechazan contratos, pero la escasa duración de algunos y las malas condiciones de otros, fundamentalmente vinculados al cuidado de mayores –por horarios o carga asistencial–, hacen desistir a otros, según apuntan fuentes del sindicato CSIF. Este también percibe que muchos empleados están trabajando pendientes del resultado de la Ley de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y si aceptan el llamamiento temen perder los derechos consolidados.

La legislación estatal obliga a que la temporalidad en el empleo público se reduzca al 8% a finales de este año, por lo que la Xunta suma varios ejercicios convocando miles de plazas para adaptarse a esa situación y las jubilaciones de parte de su personal, tras no poder cubrir estas durante los años de la crisis financiera de la década pasada cuando se fijó una tasa de reposición de solo el 10%. La última OPE de la administración central del pasado noviembre, por ejemplo, sumó 1.102 puestos, de los que el 55% serán de acceso libre.

Para acceder a la administración es necesario aprobar una oposición, pero para conseguir plaza fija debe lograrse una nota mejor que los otros candidatos hasta completas las plazas. Si esto no se logra, pueden apuntarse a las listas de contratación de la Xunta que sirven para llamar a trabajadores para cubrir bajas por enfermedad de funcionarios o puestos que todavía no han sido adjudicados. El tiempo trabajado como temporal cubriendo estas vacantes ayuda a estos aspirantes a sumar puntos para conseguir plaza fija en futuras convocatorias de empleo.

Continuidad del sistema

Pero este sistema cuenta con un elemento clave: la disponibilidad. Cuando la Xunta llama, debe asumirse el puesto. “Los contratos se ofrecen con la secuencia azarosa con la que se producen las necesidades de servicio y precisamente para asegurar la correcta cobertura es por lo que se suele prever un mecanismo común en todas las administraciones que penaliza aquellos supuestos en los que las personas inscritas y en situación de disponibilidad rechazan las ofertas de empleo. De no existir mecanismos de este tipo, la continuidad del servicio podría quedar comprometida por la previsible demora en la cobertura de plazas vacantes”, exponen desde Facenda.

La tasa de temporalidad dentro del sector público de Galicia ya casi triplica al privado

En la actualidad, esta lista cuenta con 153.500 inscripciones en su administración central –una misma persona puede estar apuntado en varios departamentos–.

En el caso de contar ya con un empleo o no estar disponible por estudios o enfermedad, por ejemplo, el aspirante puede solicitar su suspensión sin perder su puesto en la lista.

En caso contrario, si rechaza la oferta es castigado seis meses sin poder cubrir vacantes y tras ese período es enviado al final de la lista. El año pasado, estas sanciones sumaron 6.267 casos, un 10,7% más que en 2022, cuando alcanzaron los 5.652.

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