La temporalidad del empleo público en Galicia triplica ya la de las empresas

La brecha entre el sector privado y la administración pública en cuanto a la temporalidad de sus plantillas nunca ha sido tan grande como ahora, un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral que pretendía impulsar la estabilidad laboral y de que se aprobase a finales de 2021 la Ley de Medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En la actualidad, el porcentaje de contratos temporales en el ámbito público casi triplica al registrado entre las empresas, si bien gobierno, comunidades y concellos, entre otros, disponen de un año y medio todavía para cerrar esa distancia.

Al cierre del primer semestre de este ejercicio, la tasa de temporalidad en el empleo público en Galicia se situó en el 31,7%, justo una cifra igual a la del mismo período de 2022. Sin embargo, en la esfera privada la temporalidad no ha dejado de caer durante ese período hasta el 11,5% actual, medio punto menos que en el primer trimestre del ejercicio y 5,5 por debajo del 17% de mediados de 2022, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Prácticamente, un tercio.

El calendario legal permite a las administraciones disponer hasta el 31 de diciembre de 2024 para alcanzar una tasa de temporalidad que no supere el 8%, pero de momento los procesos abiertos no han dado sus frutos. El porcentaje de temporalidad en el trabajo para Xunta, administración central y entidades locales en Galicia se mantiene, pero la mejora del empleo provoca un incremento de las cifras absolutas, pasando de 60.700 en junio del año pasado a 61.400 este ejercicio. Los contratos indefinidos crecieron ligeramente de 130.900 a 132.500 hasta mostrar un cómputo general de sueldos a cargo del erario público de 193.900 ciudadanos en la comunidad, 2.300 más que un año antes.

En la empresa privada, la reforma sí ha dado sus frutos de forma evidente, con datos absolutos de empleos temporales que se redujeron de 120.300 en 2022 a 84.000 este año, mientras que los empleos fijos pasaron de 587.600 a 647.000.

Mecanismos

La ley para atajar la temporalidad en la administración obligaba a Administración central, Xunta, ayuntamientos y diputaciones a convocar procesos para convertir en fijo al personal que ocupase puestos de manera temporal antes del 1 de junio del año pasado, con la obligación de cerrar esas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2024. Aún disponen de tiempo.

Más de 17.000 trabajadores públicos en Galicia se verán afectados por esta norma: 10.336 por parte de la Xunta, que ya empezó a organizar procedimientos, y casi 7.000 de las entidades municipales, según cálculos sindicales. En el caso de la administración autonómica, 8.701 plazas se distribuirán por méritos y sin necesidad de un nuevo examen. Otras 1.635 se adjudicarán mediante un concurso-oposición, donde la experiencia primará un 40%. Las primeras son las plazas ocupadas de forma ininterrumpida antes de 2016. El segundo método se aplicará a las plazas ocupadas por lo menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. En sanidad se ofrecen 2.568 puestos a estabilizar y en educación, 1.281.

En el caso de los ayuntamientos, según un informe de UGT, en Pontevedra 61 entidades locales convertirán en fijas 1.799 plazas; en A Coruña serán 2.160 en 68; en Lugo, 1.240 en 67; y en Ourense, 1.789 en 9.

Autonomías

Por comunidades, Galicia se encuentra ligeramente por encima de la media del 31,7%, de acuerdo con los datos de la EPA. Nueve autonomías presentan una tasa de temporalidad en el empleo público más alta que la gallega en una estadística en la que destacan Euskadi, con un 49,4%, y Madrid, con apenas un 23%.

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