La Xunta anuló 1.400 ayudas al alquiler a jóvenes que renunciaron o no justificaron el pago de la renta

Una de cada cinco ayudas concedidas en la última convocatoria del Bono Alquiler Joven fueron anuladas por la Xunta después de que los beneficiarios renunciaran a ellas o bien no justificasen el pago del arrendamiento. Fueron un total de 1.400 los jóvenes que perdieron el derecho a esta subvención mensual de 250 euros. Con los fondos que quedaron disponibles la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda otorgó nuevas prestaciones a un total de 1.159 gallegos, pero el proceso se alargó hasta el pasado mes de noviembre de 2023.

De hecho, el Defensor del Pueblo en su último informe anual se había quejado de los retrasos en la adjudicación de estas ayudas. Así calificó de “insuficiente” la gestión del Bono Alquiler Joven en comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Región de Murcia, y advirtió de un “grave incumplimiento” del plazo máximo previsto para dictar y notificar la resolución de las solicitudes. Según denunció, en la comunidad gallega, donde el plazo máximo para resolver es de tres meses, en noviembre de 2023 aún se estaban tramitando las solicitudes presentadas en julio de 2022.

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Sin embargo, la Xunta advierte que el análisis del Defensor del Pueblo “no se corresponde con la realidad”. “Galicia fue la tercera comunidad en convocar estas ayudas, solo después de Cataluña y Valencia”, alega el departamento que dirige Ángeles Vázquez.

El Bono Alquiler Joven es una ayuda estatal para facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años y que se concede por un periodo de dos años. Es el Ministerio de Vivienda el que financia este programa, pero son las comunidades quienes se encargan de gestionar y adjudicar las subvenciones.

Convocatoria

La Xunta criticó, sin embargo, la ”tardanza” del Gobierno en remitir los fondos “lo que hizo que la ayuda no se pudiese convocar hasta el 30 de junio de 2022. El plazo para solicitarlas terminó el 31 de octubre y, según la Consellería de Medio Ambiente, en diciembre de 2022 se empezaron a conceder y a comunicar las ayudas.

Así, a mediados de enero de 2023 ya estaban concedidas todas las subvenciones hasta agotar el crédito disponible, tal y como informa la Xunta. Y los pagos se realizaron a mediados de enero del pasado año, una vez que los beneficiarios presentaron los recibos justificando el pago del alquiler.

Sin embargo, ocurrió que en los meses siguientes a la concesión de las ayudas se comprobó que parte de los beneficiarios renunciaron a estas subvenciones o bien no justificaron e pago del arrendamiento, lo que supone la pérdida de subvención por incumplimiento.

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De las 6.653 ayudas concedidas hubo 1.400 beneficiarios que perdieron su derecho a percibir esta prestación, según la información de la Xunta.

Con los fondos liberados tras esas renuncias e incumplimientos, Medio Ambiente volvió a realizar nuevas concesiones, cuyo pago se prolongó hasta noviembre de 2023. “Ésas son las que recoge el informe del Defensor del Pueblo, pero es una cuestión que distorsiona los resultados de su análisis de la gestión de las ayudas”, argumenta el departamento de Ángeles Vázquez.

Las ayudas concedidas con los fondos recuperados tras anular los casos de renuncias e incumplimientos se elevaron a 1.159, de manera que finalmente el número total de beneficiarios en la pasada convocatoria del Bono Alquiler Joven asciende a 5.253.

“La realidad es que la Xunta concedió todas las ayudas, agotando el crédito, entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Las ayudas concedidas a posteriori únicamente demuestran la eficacia de la Xunta en la ejecución de los fondos recibidos, evitando que se perdiesen como consecuencia de renuncias o incumplimientos”, alegan desde Medio Ambiente.

Solicitudes

Fueron, sin embargo, más de 14.000 las solicitudes recibidas. Eso sí, no todos cumplían los requisitos. Para beneficiarse del Bono Alquiler Joven hay que tener menos de 36 años, disponer de una fuente regular de ingresos y que las rentas anuales, incluidas las del resto de personas que convivan en la vivienda, no superen la cuantía de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, los 24.318 euros de remuneraciones al año.

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Además el coste del arrendamiento no debe rebasar unos límites que dependen de la zona. Así, en el caso de A Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Pontevedra el alquiler tendrá que ser inferior a 600 euros. En el resto de ciudades y villas grandes el tope será de 500 euros, que bajará a 450 en otras localidades de menos población mientras que en los municipios más pequeños el máximo serán 400 euros mensuales.

Tras filtrar las solicitudes recibidas, hubo 8.000 aspirantes a este cheque que incumplían los requisitos exigidos. De los que sí se ajustaban a esos criterios, sin embargo, quedaron fuera otros 1.100, según cifras ofrecidas por la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. El motivo radica en que las subvenciones se otorgaron por orden de solicitud hasta agotar el crédito.

El presupuesto disponible para el Bono Alquiler Joven fue de 22,8 millones de euros, repartidos en dos anualidades.

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