Más de mil jóvenes con derecho al bono alquiler se quedan sin la ayuda por falta de fondos

Carecer de una fuente de ingresos regulares, superar los 24.318 euros de remuneraciones al año –tres veces el Iprem– o contar con un arrendamiento excesivamente alto dejaron fuera de las ayudas de 250 euros mensuales del Gobierno para costear el alquiler a 8.000 –60%– de los 14.000 gallegos de entre 18 y 35 años que solicitaron esta ayuda, puesta en marcha por el Ejecutivo el año pasado por primera vez. Otros 1.100 que sí cumplían los criterios no lograron el bono por falta de fondos.

El acceso a la vivienda constituye uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil, estancada en Galicia en el 15%, un porcentaje que representa la mitad de las cifras medias en Europa. Con el encarecimiento de las hipotecas y los alquileres, que en la comunidad ya alcanzan los 530 euros de media y rozan los 600 en los grandes concellos como Vigo, la posibilidad de acceder a ese extra de dinero aportado por el Gobierno disparó la demanda de este bono.

De hecho, uno de los requisitos para percibirlo es que el precio del alquiler no supere determinadas cantidades, que en el caso de Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago y Ourense es de 600 euros mensuales, por 500 de un segundo nivel en el que se sitúan Lugo, Ferrol, A Estrada, Cangas, Lalín, Marín, O Porriño, Ponteareas, Redondela, Vilagarcía, Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros y Ribeira.

Más de 14.000 solicitudes llegaron a las oficinas de la Xunta, pues esta subvención depende de la financiación y las condiciones fijadas por el Gobierno central en enero del año pasado, pero la gestión corresponde a las comunidades autónomas.

El balance deja a más de 8.000 aspirantes a este cheque fuera de la terna de beneficiarios por incumplir los requisitos exigidos. De los que sí se ajustaban a esos criterios, más de 4.900 perciben ya una ayuda que tiene una vigencia de dos años, pero otros 1.100 se quedaron fuera, a pesar de cumplir esos requisitos, según cifras ofrecidas por la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. El motivo radica en que las subvenciones se otorgaron por orden de solicitud.

El gasto en estas ayudas de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años ascendió a 22,8 millones de euros, según la Xunta, que insiste en que se trata de una cantidad “insuficiente” para atender toda la demanda. Aun así, la cifra de beneficiarios supera la previsión inicial de 3.800 personas debido a que “el dinero remanente procedente de las renuncias que se van produciendo se sigue utilizando para hacer nuevas concesiones”, expone Medio Ambiente.

La tramitación de estas ayudas acumuló meses de retraso. En enero del año pasado, el Gobierno aprobó el bono alquiler joven, pero la Xunta tardó seis meses en publicar la convocatoria, decisión que aplicó el 1 de julio.

Sin embargo, no fue entonces cuando se comenzaron a analizar las solicitudes, pues la Xunta debía esperar a cerrar el plazo para presentar las solicitudes para comenzar a analizarlas y tramitarlas, concediéndolas por orden de llegada siempre que se ajustasen a los requisitos.

Medio Ambiente denunció entonces que el Ministerio de Hacienda no permitió la verificación de los datos tributarios de los aspirantes a la subvención hasta septiembre, nueve meses después de aprobada la medida. Fue en noviembre cuando se comenzaron a pagar los primeros cheques.

Este departamento sostiene que el último beneficiario “tenía un número de registro de petición próximo al 13.000, lo que evidencia que, una vez analizados por el IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo), muchos de los expedientes no cumplen y hay que pasar al siguiente”.

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