La Xunta elevará la ayuda al alquiler del 50% al 60% para colectivos vulnerables

Beneficiará a menores de 36 años, retornados, familiares numerosas o monoparentales y quien sume un año como demandante

Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez, ayer en los pasillos de la sede central de la Xunta. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez, ayer en los pasillos de la sede central de la Xunta. | // XOÁN ÁLVAREZ / Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

La Xunta mejorará el año que viene, ejercicio en que se celebran elecciones autonómicas, las ayudas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Elevará desde el 50% al 60% el máximo de cobertura con una subvención del arrendamiento a menores de 36 años, familias numerosas o monoparentales, retornados y aquellas personas que sumen al menos un año apuntadas en el registro gallego de demandantes.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó ayer tras la reunión semanal del Consello que el requisito económico para acceder a estas aportaciones será el de no superar los 25.200 euros anuales de ingresos, el equivalente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Estas medidas pretenden combatir las dificultades del acceso a la vivienda, con las hipotecas medias en su valor más alto de la historia –rozando los 600 euros– y los alquileres superando los 500. El encarecimiento de las hipotecas y la falta de oferta de viviendas para arrendar complican esta situación.

Por ello, la Xunta pretende destinar 20 millones de euros entre 2024 y 2025 para beneficiar a 3.600 personas con un incremento del 50% al 60% del coste del alquiler subvencionable para los citados colectivos.

Además, lanzará una mejora de los incentivos para que los constructores dediquen parte de sus edificios precisamente al mercado del alquiler “Habrá incentivos para los promotores que construyen vivienda para destinar a alquiler accesible, se reformarán las ayudas al alquiler para hacerlas progresivas en función de la renta y habrá una nueva rebaja fiscal”, destacó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Esa rebaja impositiva se refiere al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que pasa del 8% al 6% en la compraventa de pisos usados, situándose en el 4% en zonas poco pobladas.

Además, los constructores que destinen inmuebles al alquiler durante un mínimo de 15 años –cinco menos que en la actualidad– podrán acceder a ayudas de 36.000 euros por vivienda. Si el arrendamiento incluye una opción de compra para el inquilino, esa cantidad puede ascender a 42.000 euros. Estas líneas sumarán 8,2 millones. “La finalidad de estos nuevos incentivos es animar a los promotores públicos y privados a construir inmuebles que contribuyan a reforzar el parque residencial en alquiler”, sostiene el Ejecutivo gallego.

“Necesitamos más viviendas en nuestro territorio”, justificó las ayudas la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que cifró en 56 millones de euros el presupuesto para las políticas vinculadas a la vivienda durante el año próximo.

Galicia pide al Gobierno inyectar 10 millones para la gratuidad de la AP-53

Una inyección de 10,5 millones de euros es lo que reclama la Xunta al Gobierno central para implantar en la AP-53, de titularidad estatal, el modelo de peaje en la sombra vigente en la AG-53 y así permitir que ningún vehículo que transite entre las vías de alta capacidad entre Santiago y Ourense tenga que pagar un peaje. El Ejecutivo gallego reaccionó al anuncio de las rebajas estatales de los peajes en la AP-53 (Santiago-Dozón), que serán equivalentes a los de la AP-9 según el pacto entre el PSOE y el BNG a cambio del voto nacionalista a la investidura de Pedro Sánchez. “Nos dirigimos al Gobierno central para que complete el esfuerzo de la Xunta”, expuso Alfonso Rueda tras la reunión semanal del Consello.

La Xunta mantiene desde el bipartito un peaje en sombra, es decir, el conductor que circula entre Dozón y Ourense (AG-53) no paga el peaje, sino que es la administración la que lo abona directamente a la concesionaria. Le cuesta 9,27 millones de euros al año. Si el Gobierno central aplicase la misma medida, toda la conexión entre Ourense y la capital gallega carecería de peaje, lo que, además, cuestiona como parcial la rebaja anunciada por parte del Gobierno central, que podría llegar al 75%. Eso sí, depende de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

Por otra parte, Rueda tachó de “intolerable” una reciente declaración de Óscar Puente, nuevo ministro de Transporte, quien, cuando le preguntaron por una fecha para la llegada del AVE a Vigo y Pontevedra respondió en TVE: “La carta a los Reyes Magos en todos los lugares... Tengo pendiente una conversación con Abel Caballero, que me llamó ayer, y seguramente hablaremos del tema”. El presidente de la Xunta vinculó esas palabras, en respuesta a la prensa tras el Consello de su gobierno, con el “desprecio y la desidia” del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Galicia. Exigió a Puente que rectifique.

También se refirió a los retrasos de los trenes en la comunidad, que vinculó a “falta de inversión y desinterés”. “Se acaba de marchar un equipo ministerial inédito absolutamente a muchos efectos para Galicia y ahora se incorpora un nuevo equipo que espero que arregle los muchos problemas que hay”, reclamó.