La Fiscalía refuerza la vía penal para perseguir la muerte de aves en tendidos eléctricos

La ampliación de los tendidos eléctricos para atender al impulso de las energías renovables con las que combatir el calentamiento global tiene también algunos efectos negativos, entre ellos el provocar la muerte de aves, de tal forma que la electrocución figura entre las principales causas de defunción de la avifauna. Las organizaciones ecologistas hacen reiteradas denuncias sobre el problema que suponen los cables de alta tensión para los pájaros, sobre todo para los de mayor tamaño, pero ahora los fiscales también dispondrán de más herramientas para actuar por la vía penal contra las empresas que no instalen las protecciones en los tendidos a lo que están obligadas.

La última reforma del Código Penal, realizada en el mes marzo de 2023, abre la posibilidad de ampliar los supuestos de maltrato más allá de los animales domésticos y da pie a perseguir por la vía penal –y no solo administrativamente, como sucede ahora– las muertes de cualquier vertebrado silvestre, como lo serían las aves que se electrocutan en los tendidos.

Oficio a los fiscales especialistas

Por eso, este pasado mes de febrero, el coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, remitió un oficio a todos los fiscales especialistas de España para recordarles y exhortarles, cuando así resulte pertinente, aplicar el nuevo artículo –340 bis– del Código Penal que castiga con penas de prisión, multa o inhabilitación a quien cause la muerte o provoque lesiones a animales, todo ello vinculado con el fallecimiento de aves por electrocución.

En su escrito, Vercher alerta sobre el peligro que suponen para la avifauna las instalaciones de conducción eléctrica no adecuadamente aisladas o sin los necesarios cambios estructurales en sus apoyos, “ya que el contacto con estas estructuras acaba produciendo su electrocución, especialmente en las aves de mayor tamaño”, y expone que el nuevo artículo permite reforzar la persecución, dado que con la anterior redacción del Código Penal resultaba “complicado” llevarla a la práctica.

“Con la reciente reforma legal se incorpora el artículo 340 bis que está más directamente relacionado con los perjuicios a las diferentes especies de aves que vienen sufriendo en la actualidad”, explica el coordinador de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.

Ese novedoso artículo fija penas de prisión de entre seis y 18 meses para aquellos que maltraten y acaben con la vida de cualquier animal vertebrado no doméstico.

3.400 muertes al año

Pese a las denuncias judiciales y expedientes sancionadores que imponen las administraciones por electrocución de aves, resulta muy difícil que prosperen y lleguen a término. Salvo contadas excepciones, lo normal es que acaban archivadas o sin efecto. “Es casi imposible que se condene”, sostiene Antonio Vercher en su escrito a los fiscales especialistas en Medio Ambiente en el que recomienda utilizar la fórmula alternativa que propone el Código Penal.

Un estudio de la organización conservacionista SEO/BirdLife, elaborado a partir de 272.655 registros de animales ingresados analizados en el medio centenar de centros de recuperación de fauna de todas las comunidades autónomas entre los años 2000 y 2018, revela que 50.968 aves fueron heridas o fallecieron en colisiones con los tendidos eléctricos, mientras que otras 14.007 murieron por electrocución directa. De media, cada año 3.400 ejemplares “cayeron” por estos obstáculos de los tendidos.

Suscríbete para seguir leyendo