El Supremo libera a la Xunta de pagar al Estado por la gratuidad de la AP-9 en Rande

En el conflicto judicial y políticos abierto entre el Gobierno central y la Xunta por quién tiene que pagar por los peajes liberados de Rande y A Barcala en la AP-9, la Administración autonómica ha ganado la última batalla, y que por ahora resulta definitiva, al resolver este mes –el pasado día 6– el Tribunal Supremo en contra del Ministerio de Transportes y a favor de la Xunta. El Gobierno gallego no tendrá que abonar nada por la bonificación de los peajes ni ahora ni hasta el final de la concesión en esos dos tramos de la AP-9 en Vigo y A Coruña, tal como le reclamaba Moncloa, lo que supondrá para las arcas autonómicas ahorrarse unos 400 millones de euros, que es la cantidad –calculada por la Xunta– que se tendría que abonar en caso de que triunfaran la tesis del Gobierno central.

La resolución del Supremo es firme y ya no cabe recurso. Lo que hizo la Sala de lo Contencioso-Administrativo fue rechazar la impugnación del Ministerio de Transportes, inadmitir a trámite un recurso contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que ya eximía a la Xunta de tener que contribuir económicamente a compensar a Audasa por la liberación del peaje en los tramos de Rande y A Barcala.

Los dueños de Audasa gastan la mitad en arreglar la AP-9 que en el resto de su red

En junio de 2022, el TSXG rechazó la reclamación de Transportes para que la Xunta pagase parte de la indemnización –15,6 millones de euros– que el Estado tenía pendiente con Autopistas del Atlántico (Audasa) por los ingresos que dejó de percibir por los peajes a la sombra de Rande y A Barcala durante los años 2017, 2018 y 2019.

El ministerio basó su reclamación a la Xunta en una sentencia anterior del Tribunal Supremo que la había condenado a pagar a la concesionaria de la AP-9 las cantidades acordadas en 2006 para que los tramos A Coruña-A Barcala y Rande-O Morrazo pasasen a ser gratuitos.

En ese año el pago fue asumido por el Estado y pasaron a ser peajes a la sombra, de forma que los conductores no pagan desde entonces por usar la autopista, pero luego Audasa cobra a la Administración la cantidad correspondiente según el número de usuarios registrado. En ese año el pago fue asumido por el Estado y por la Xunta, que abonaban siete millones de euros cada uno.

Corrección fallida

Sin embargo, la conversión en gratuitos de esos tramos provocó un sustancial incremento del número de vehículos, por lo que en 2017 el Gobierno central modificó, a través de un real decreto, el sistema de cálculo del peaje que le correspondía pagar a Audasa, al considerar que se estaba produciendo un enriquecimiento injustificado por parte de la concesionaria.

Pero en otro giro de guion, el Tribunal Supremo declaró en 2020 el derecho de Audasa a ser indemnizada por los perjuicios causados por la implantación del nuevo sistema de retribución. En concreto, ordenó al Estado pagarle la diferencia entre lo que hubiera percibido con arreglo al sistema de retribución fijado en 2006 y lo que le había sido satisfecho conforme el real decreto de 2017.

Audasa acumula un beneficio de más de 300 millones de euros en siete años

Esa cantidad, más los intereses, fijada por el Estado en 15,6 millones, es la que le reclamó a la Xunta ante el TSXG, para así no tener el Gobierno central que asumir en solitario la indemnización.

¿Por qué se exigía una compensación desde 2017? Porque ese año, con Mariano Rajoy en Moncloa, el Ejecutivo central eximió a la Xunta del pago de los siete millones de euros que abonaba por la liberación de Rande y A Barcala a modo de contraprestación por no avanzar en la transferencia de la AP-9 a la comunidad autónoma. De esa forma, se decidió dejar sin efecto el convenio firmado en su día entre el Gobierno central de Rodríguez Zapatero y el bipartito de Peréz Touriño para repartirse los costes del peaje a la sombra.

Contraprestación a Galicia

Pero con el relevo de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez, el Ministerio de Transportes consideró que la Xunta tenía la obligación de seguir pagando, y de ahí la presentación de una reclamación ante el TSXG, que la rechazó, al considerar “no procedente” condenar a la Xunta a abonar a Audasa la mitad o la totalidad de los pagos anuales que se devenguen de los años 2017, 2018 y 2019, y hasta el final del plazo de concesión de la AP-9.

En ese fallo, el TSXG exponía también que la sentencia del Supremo de 2020, que el ministerio utilizaba como argumento para reclamar los 15,6 millones, no condenaba a la Xunta o que la cantidad requerida no podría ser atendida “en ningún caso” dado que debía ser concretada por el Tribunal Supremo en el marco de la ejecución de la sentencia contra el Estado.

Como el Gobierno central no estaba de acuerdo con el pronunciamiento del tribunal gallego, presentó un recurso de casación ante el Supremo, que lo resolvió el pasado día 6 de este mes, declarando su inadmisibilidad e imponiendo las costas al Ministerio de Transportes, que no podrá superar, en todo caso, los mil euros.

El fallo es firme y ya no cabe recurso, lo cual no impide, según fuentes de la Xunta, que el Gobierno central pueda emprender un nuevo intento, pero por una vía totalmente distinta, para hacer que las arcas gallegas contribuyan también a pagar la factura a Audasa.

El Ejecutivo autonómico ha calculado que si la sentencia obligara a Galicia a pagar una parte del peaje a la sombra, entonces la cuenta ascendería a cerca de 400 millones de euros, pues se tendría que pagar una parte hasta el final del periodo concesional.

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