El Gobierno vuelve a apuntar a la "confidencialidad" para no explicar la prórroga de la AP-9

Los gallegos seguirán sin saber por qué motivo deben seguir pagando los peajes de la AP-9 hasta el 2048. El Gobierno ha vuelto a rechazar dar algún tipo de explicación respecto la investigación de la Comisión Europea sobre la prórroga de la Autopista del Atlántico. En una respuesta por escrito en el Senado, el ejecutivo apunta a que “dicho procedimiento de infracción aún no ha concluido, por lo que la información relativa al mismo está sujeta a confidencialidad”.

Este argumento amparado en el artículo 4 del reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo ha sido empleado durante los dos últimos años por el Ministerio de Transportes para evitar dar a conocer su posición sobre la posible ilegalidad de la ampliación de la concesión.

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En esta ocasión, la respuesta llega a una pregunta de la senadora Carme da Silva y añade que “no se tiene conocimiento de cuándo la Comisión Europea emitirá su dictamen”.

En su escrito, la que fue cabeza de lista del BNG al Congreso por Pontevedra en las últimas elecciones generales realizó cinco preguntas en las que también se apunta el estado de la tramitación, la postura del Ejecutivo, la posibilidad de un rescate o su transferencia a la Xunta. Sin embargo, todas estas cuestiones fueron ignoradas.

Comienzo del análisis

El 19 de agosto debía haber sido el último día en el que los sufridos conductores de la AP-9 pagaran en las cabinas de peaje si no fuera por la prórroga firmada en el año 2000 por el Gobierno de Aznar. y que en septiembre de 2021 la Comisión Europa declaró ilegal al no haber “procedimiento de licitación de libre concurrencia, contraviniendo la normativa europea.

Este septiembre, al fin, los servicios jurídicos arrancaron con el análisis del procedimiento y de las alegaciones formuladas desde el Gobierno.

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“Están tardando mucho. Quiero pensar que hay serias dudas respecto a las alegaciones presentadas por España”, explicaba el presidente de la asociación En Colectivo, Diego Maraña. En todas las ocasiones en las que el Ejecutivo ha sido interpelado sobre los motivos que ha ofrecido a Bruselas para defender la prórroga, se ha negado aludiendo a un mandato de “confidencialidad”.

“El procedimiento ya está en análisis, pero, en mi opinión, esos argumentos deberían darse a conocer”, abunda Maraña, “estamos hablando de un asunto que nos va a afectar hasta el año 2048”. Solo en el primer semestre de este ejercicio, Audasa facturó cerca de 90 millones de euros en peajes, tras haberse asegurado una revalorización de las tarifas íntegramente asociada a la inflación. Factura, esta última, que ha corrido a cuenta de los usuarios (+4% de subida) y del erario público (+5,4%).

La evaluación de la Comisión Europea podrá tener dos resoluciones: el archivo, con el consiguiente mantenimiento de la prórroga, o la emisión de un dictamen vinculante obligando a poner fin a la concesión. En este último caso, Bruselas daría a España un plazo para acatar la decisión.

El Tren Celta, a incidencia diaria

Audasa ha advertido ya reiteradamente que no bajará los brazos ante un eventual rescate de la AP-9: “Los administradores consideran que, cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a la Sociedad y por razones de interés público [...] implicaría el derecho de la compañía a ser debidamente indemnizada. Indemnización que, a juicio de Audasa, sería significativamente superior al importe actual de su deuda”. La deuda de esta empresa, que amortiza emisiones de obligaciones con otras nuevas, supera los mil millones de euros.

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