La Xunta rebajará la extensión del eucalipto en los montes que gestione a menos del 15%

Los nuevos contratos estipulan que la superficie ocupada por esta especie tampoco podrá beneficiarse de ayudas

Prevé hacerse cargo de 200.000 hectáreas antes del fin de 2025

Poda de eucaliptos en Cangas.

Poda de eucaliptos en Cangas. / Santos Álvarez

Paula Pérez

Paula Pérez

La Xunta ultima el decreto que regulará los nuevos contratos con aquellos propietarios o mancomunidades que no puedan hacerse cargo de sus montes para que sea la Administración autonómica quien se ocupe de su gestión. El objetivo de la Consellería de Medio Rural es asumir 200.000 hectáreas de terrenos forestales antes del fin de 2025. Y en estos bosques, bajo gestión pública, se pondrá coto al eucalipto. Se aprobarán planes forestales para reducir la extensión de esta especie por debajo del 15 por ciento. Y, en todo caso, estas superficies ocupadas por estos árboles de crecimiento rápido no podrán beneficiarse de ayudas públicas, de manera que cualquier inversión que realice el Gobierno gallego –podas, desbroces...– tendrá que ser reintegrada al completo por el titular de la parcela o los comuneros.

La proliferación de eucaliptales obligó a la Consellería de Medio Rural a establecer una moratoria en la plantación de esta especie que entró en vigor en junio de 2021 y estará vigente hasta finales de 2025. De esta manera durante este periodo de más de cuatro años no se podrán plantar nuevas superficies de esta especie y solo estará permitido reforestar con eucaliptos aquellos terrenos que ya estuvieran ocupados por estos árboles a la entrada en vigor de la moratoria. A finales de 2025 la Xunta evaluará si desactiva este veto o lo prorroga durante más años.

Según el último inventario forestal promovido por la Administración autonómica, el eucalipto contuvo su avance en la última década. Aún así, la superficie ocupada por esta especie casi duplica la que había en 1986. Por eso, desde la Consellería de Medio Rural se apuesta por el cultivo de frondosas autóctonas que generan además mucho más valor añadido.

La Lei de Montes de 2012 ya prohibía nuevas plantaciones de eucalipto en los montes de gestión pública. Y ahora, la Xunta va más allá y en los nuevos contratos plantea incluso una reducción de su superficie por debajo del 15 por ciento.

La Consellería de Medio Rural asume ya la gestión de montes de titularidad privada cuando sus propietarios no disponen de medios suficientes para explotarlos. Se evita de esta manera su abandono y se genera una riqueza de la que se benefician sus propietarios.

Sin embargo, estos contratos han quedado desfasados y, de ahí, que la Xunta prepare un proyecto de decreto por el que se aprueba un nuevo reglamento para estos contratos temporales de gestión pública, que tendrán una vigencia de 10 años.

La idea es que la Xunta adelante las inversiones necesarias para ordenar el monte y gestionarlo. Los propietarios deberán devolver estos anticipos cuando perciban los beneficios de su explotación. Eso sí, no tendrán que reintegrar todo el dinero pues se beneficiarán de ayudas que cubrirán entre el 50 y el 80 por ciento de los fondos invertidos.

Estas subvenciones, sin embargo, no se aplicarán a la parte del monte ocupado por eucaliptos. En este caso, los titulares o comuneros deberán devolver a la Administración las cuantías íntegras que haya invertido.

Las claves

  • 1. Más de 1.500 terrenos gestionados

    La Xunta gestiona ahora 1.500 montes de titularidad privada acogidos a convenios que datan de los años 50 y que quedaron desfasados.

  • 2. Las reglas de los nuevos contratos

    Un decreto regulará los nuevos contratos por los que Medio Rural asumirá la explotación de montes para evitar su abandono.

  • 3. Ayudas de hasta el 80% de la inversión

    Con los nuevos contratos la Xunta adelantará inversiones pero los propietarios no tendrán que devolverlo todo: se darán ayudas para cubrir hasta el 80%.

La gestión será asumida por la propia Xunta, bien a través de sus entes instrumentales bien “por terceras personas físicas o jurídicas”. Se hará cargo de aquellos montes cuando sus propietarios no cuenten con medios o recursos económicos para su explotación. Lo primero que hará al asumir la explotación de estos terrenos es elaborar un plan de ordenación forestal. Y dentro de esta planificación, no solo quedan prohibidas las nuevas plantaciones de eucalipto, sino que si existiera una extensión ocupada por esta especie superior al 15 por ciento “los proyectos de ordenación deberán reducirla hasta que la superficie ordenada cuya especie principal o secundaria sea del género Eucaliptus no supere en ningún caso el 15 por ciento del total de la superficie total ordenada”.

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Los nuevos contratos temporales que prevé poner en marcha la Consellería de Medio Rural para gestionar montes de titularidad privada sustituirán a los consorcios existentes, que datan de los años 50 y que se habían quedado desfasados, puesto que además generaron una deuda millonaria a los titulares de los terrenos y mancomunidades que no fueron capaces de devolver las inversiones realizadas por la Xunta en sus propiedades.

La Administración autonómica asumió, por otro lado, un volumen excesivo de montes privados y uno de los objetivos fijados en el último Plan Forestal era devolver su gestión a sus propietarios y limitarse a explotar aquellos en los que sus titulares careciesen de medios y recursos para su aprovechamiento forestal.

La Xunta gestiona actualmente con estos viejos convenios 1.566 montes privados, con una superficie de 254.200 hectáreas, una cifra que ha ido bajando en los últimos años y que prevé seguir reduciendo en el futuro. De hecho, con los nuevos contratos su objetivo es quedarse en las 200.000 hectáreas.

Según explican desde la consellería que dirige José González, desde 2015 se han rescindido casi 500 consorcios y convenios antiguos. Según aclaran, el cien por cien de los casos fue por decisión de los propios propietarios.

En 2016 la deuda de las comunidades de montes con la Xunta por estos viejos consorcios ascendía a 42 millones. Medio Rural no da datos de cómo ha evolucionado ese endeudamiento.

En todo caso, la consellería recuerda que si no se condona la deuda en el plazo fijado, los propietarios deberán firmar un contrato de gestión temporal que sustituya al consorcio o convenio por el que se regían hasta ahora.

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