Medio Rural retoma la norma para devolver la gestión de 145.000 hectáreas a sus dueños

A finales de 2021, la Consellería de Medio Rural se vio obligada a aplazar el cambio en el modelo de gestión pública del monte, que pretendía devolver a sus dueños la explotación de entre 94.000 y 144.000 hectáreas, debido a la falta de tiempo. El plazo fijado para modificar el sistema por el que gestiona un total de 244.000 hectáreas de terrenos principalmente mancomunados expiraba, pero todavía no había abordado el decreto con el que regular el proceso. El departamento retoma ahora esa tarea para aprobar la norma y cerrar el procedimiento antes de 2024.

Esta semana, el departamento dirigido por José González abrió el plazo para realizar aportaciones para elaborar el decreto del reglamento por el que se regirán los contratos temporales de gestión pública de los montes y el fondo de mejoras. Este tipo de contratos permite a la administración explotar terrenos forestales desde hace décadas, pero la Xunta quiso a partir de 2021 modificar el sistema para devolver hasta 144.000 de las 244.000 hectáreas que gestiona a sus propietarios y que fuesen ellos quienes sacasen provecho de esas superficies.

El plazo para cerrar ese cambio expiraba el 31 de diciembre de 2021, pero Medio Rural todavía carecía del nuevo decreto que regulaba el procedimiento y la nueva modalidad, por lo que introdujo una prórroga de dos años. A siete meses de que venza, lanza el primer paso para acometer la reforma legal en sintonía con los objetivos de la Ley de Montes de Galicia aprobada en el año 2012.

Las hasta 150.000 hectáreas cuya explotación quiere mantener la Xunta se distribuyen principalmente en la provincia de Ourense e interior de Lugo y son de las menos productivas; el resto (de 94.000 a 144.000), que pretende “devolver” a las comunidades de montes que son sus titulares, se sitúan en la zona atlántica y ofrecen mayor atractivo y rentabilidad.

De hecho, Medio Rural alega que busca ampliar las posibilidades de sacar provecho del monte más allá de la reforestación y pretende “ofrecer soluciones para conseguir una idónea gestión de los montes, tratando de superar las limitaciones tanto económicas como técnicas de las personas titulares, y promoviendo un mecanismo de gobernanza adecuado, especialmente necesario en el caso de las comunidades de montes vecinales”. Además, también aspira a que los nuevos contratos de gestión pública ofrezcan “financiación previa y asistencia técnica precisa para la puesta en valor del monte”.

Usos recreativos

¿Qué posibilidades económicas ofrecen los montes al margen de la reforestación? Medio Rural propone “un concepto de gestión forestal más amplio, contemplando no solo la repoblación forestal, sino también otros aspectos de interés, como pueden ser la conservación de formaciones significativas de frondosas, la mejora genética forestal, los aspectos socio-recreativos del monte, montes protectores...”, según fuentes de este departamento. “Se abre un abanico de posibilidades de gestión, orientándose también esta hacia el fomento de producciones como los frutos del castaño o la promoción de las agrupaciones forestales”, añaden.

El cambio de modelo, sin embargo, no está exento de algunas dificultades, pues antes de abandonar el sistema de convenios pasados, algunos propietarios podrían tener que devolverle dinero a la administración autonómica. La Xunta realizó inversiones en la gestión de terrenos con la intención de recuperar ese dinero con la venta de madera, en el caso de las reforestaciones, pero no siempre lo logró. En esos casos, las comunidades de montes deberían ajustar cuentas con Medio Rural.

De hecho, en 2019 y 2020 se rescindieron antiguos acuerdos de gestión que sumaban 18.000 hectáreas en cada ejercicio, lo que ilustra la lentitud de estos procedimientos. La Xunta confía en que la nueva norma que aprobará este año agilice esas operaciones.

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