Sanidade practicó 21 eutanasias desde la aprobación de la ley estatal hace más de dos años

Hasta 21 personas gallegas se han acogido en Galicia al derecho de tener una muerte digna, según confirman los datos de la Consellería de Sanidade, cuando se cumplen dos años y dos meses de la entrada en vigor de Ley de la Eutanasia –en junio de 2021–. En los últimos cuatro meses, hasta cinco pacientes gallegos se han podido beneficiar de esta medida que previamente habían solicitado. Es decir, más de uno al mes, según confirma la Xunta.

Aunque en Galicia la aplicación de esta medida arrancó a medio gas y durante el primer año de implantación solo se practicaron cuatro eutanasias, desde junio del año pasado las muertes dignas aplicadas en el contexto del Sergas se incrementaron notablemente. El principal problema radicaba en el incumplimiento de los plazos fijados en la norma, según denunció la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a lo que se suma todavía el desconocimiento del procedimiento a seguir, tanto por parte de los pacientes como de algunos profesionales del Sergas.

El año 2022 se cerró con una decena de pacientes que se habían acogido a su derecho a morir dignamente. Y en los cuatro primeros meses de 2023 se realizaron otras seis más, que se suman a las cinco practicadas hasta ayer mismo, según las cifras actualizadas que maneja el Sergas.

El Álvaro Cunqueiro asistió en dos de las diecisiete eutanasias practicadas en Galicia

La ley reconoce, en todo caso, el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia, para lo cual se ha creado un registro. En Galicia unos 250 sanitarios gallegos se han declarado objetores de conciencia. Son sobre todo médicos, aunque también puede haber enfermeras, farmacéuticos o psicólogos. Así, son las comunidades las que deben registrar ese listado de objetores y la norma establece que las autonomías deberán aplicar las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de la ayuda para morir. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en el Informe anual 2021 de la prestación de eutanasia, el 57% de las realizadas en el primer semestre de aplicación de la ley las llevaron a cabo médicos de primaria.

Objetores

La cifra de objetores también, se ha elevado progresivamente con respecto a los 128 facultativos que en 2022 estaban inscritos en el registro creado en Galicia. ¿Qué supone esa medida en la práctica? Pues los exime de participar en el proceso para ayudar a morir a aquellos pacientes que así lo soliciten. Pero, una de las cuestiones cruciales que plantea en un estudio reciente DMD, ¿es por voluntad sincera o desconocimiento del procedimiento? Si la lente se abre y el zoom se amplía a España, los datos son aún más relevantes: suman más de 9.300 los objetores a la Ley de la Eutanasia, con Madrid, Aragón y Andalucía a la cabeza.

La Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia reconoce la muerte digna para todos aquellos pacientes que se encuentren en un estado de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave o incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

Con esta ley España se convirtió en el sexto país del mundo en despenalizar la ayuda para morir e incluirla como una prestación más del sistema público de salud, tras años de lucha por parte de pacientes y activistas como Ramón Sampedro. La norma había sido recurrida por PP y Vox pero el Tribunal Constitucional avaló su legalidad el pasado mes de marzo porque, a su juicio, garantiza la autodeterminación de las personas “sin desproteger la vida”.

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