Sanidade practicó 16 eutanasias desde la aprobación de la ley hace casi dos años

Casi dos años después de la entrada en vigor de Ley de la Eutanasia –en junio de 2021– han sido ya 16 las personas que se han acogido a este derecho en Galicia, según los datos de la Consellería de Sanidade. Son doce más que las que se habían practicado a mediados del pasado año.

La Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia reconoce la muerte digna para todos aquellos pacientes que se encuentren en un estado de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave o incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Aunque a nivel estatal todavía no hay datos oficiales, la Asociación Derecho a Morir Dignamente calcula que se podrían haber practicado alrededor de 300 desde que entró en vigor la normativa.

Con esta ley España se convirtió en el sexto país del mundo en despenalizar la ayuda para morir e incluirla como una prestación más del sistema público de salud, tras años de lucha por parte de pacientes y activistas como Ramón Sampedro.

La norma había sido recurrida por PP y Vox pero el Tribunal Constitucional avaló su legalidad el pasado mes de marzo porque, a su juicio, garantiza la autodeterminación de las personas “sin desproteger la vida”.

En Galicia la ley arrancó a medio gas y durante el primer año de implantación solo se practicaron 4 eutanasias. El principal problema está en el incumplimiento de los plazos fijados en la norma, según denuncia la Asociación Derecho a Morir Dignamente, a lo que se suma todavía el desconocimiento del procedimiento a seguir en estos casos tanto por parte de los pacientes como de algunos profesionales del Sergas.

Desde junio del año pasado, sin embargo, el numero de eutanasias practicadas se incrementó notablemente. El año 2022 se cerró con una docena de pacientes que se habían acogido a su derecho a morir dignamente. Y en estos últimos cuatro meses se han realizado otras seis más.

La Consellería de Sanidade no informa, sin embargo, sobre las peticiones que están pendientes o tramitándose. En todo caso, solo a lo largo de 2022, casi dos de cada tres gallegos que hicieron testamento vital dejaron explícito su deseo de que le facilitasen ayuda para morir si se encuentran en alguna de las situaciones clínicas contempladas por la ley, lo que supone en la práctica más de mil personas.

La ley reconoce, en todo caso, el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia, para lo cual se ha creado un registro. En Galicia un total de 249 sanitarios gallegos se han declarado objetores de conciencia. Son sobre todo médicos, aunque también puede haber enfermeras, farmacéuticos o psicólogos.