Adif, sobre el accidente de Angrois: "Es difícil pedir perdón por algo de lo que uno no se siente responsable"

El proceso judicial que dirimirá responsabilidades acerca del accidente ferroviario del Alvia hace diez años vivió este jueves su antepenúltima sesión con la presentación de los informes finales de las defensas de Renfe y Adif. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, representado por el abogado del Estado Javier Suárez García, pidió a la magistrada, Elena Fernández Currás, el fallo absolutorio para su exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, exponiendo que “no puede haber responsabilidad penal contra una persona que ha cumplido los protocolos internos de su organización y que se ha atenido a los principios técnicos existentes”, y apostilló que “en un sector tan fuertemente normativizado”, carece de sentido demandar responsabilidades criminales “si no se esgrime ninguna falta normativa”.

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El abogado señaló al maquinista, Francisco José Garzón, como único culpable y descartó pedir perdón a las víctimas al no sentirse Adif responsable del descarrilamiento.

En un largo informe que Suárez García leyó durante más de dos horas, el letrado desgranó los sistemas de seguridad existentes tanto en el conjunto de la línea como en la curva de Angrois donde fatalmente el tren descarriló, exponiendo sus dudas acerca de si una limitación permanente de velocidad o el sistema de balizas (ERTMS) hubiesen podido impedir un “acontecimiento terrible” en el que 80 personas perdieron la vida y 145 resultaron heridas. Sostuvo que la curva no es especial ni única en España y que la señalización de la misma, en la que se tenía que hacer una brusca reducción de velocidad, era la correcta, “reglamentaria”, y que otra señal distinta no hubiera impedido el accidente.

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El letrado que representa a la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes y que, por tanto, defiende en el juicio los intereses del Estado, señaló que en este procedimiento “se juzgan conductas, no resultados” e invitó a la magistrada a “enjuiciar con los ojos en el 23 de julio de 2011, no del 25”, una vez ya se había producido la tragedia. Pues en su opinión a lo largo del proceso en muchas ocasiones “se ha partido de una desgracia terrible y se ha tratado de ver como era posible evitarlo”, en lugar de atender a los hechos.

El abogado del Estado apuntó que “es radicalmente falso que no se hiciera una valoración de riesgos en la línea. Se hizo en función de la regulación existente y tal y como exigían los procedimientos”, si bien, en efecto no se realizó sobre la curva de A Grandeira, pero porque “nunca se han hecho evaluaciones de puntos concretos”.

En su intervención, Javier Suárez enfatizó que cuando se circula con Asfa –como sucedió en el tramo de Angrois–, la responsabilidad es del maquinista, por lo que culpó a Garzón del accidente por una “desatención prolongada, de cien segundos, insólita en la historia del sistema ferroviario español”. El abogado del Estado defendió de este modo que Adif cumplió la normativa de seguridad, aunque recordó las palabras del fiscal que describía como “galimatías” el régimen jurídico que rige la seguridad ferroviaria, dando pie a múltiples interpretaciones.

Finalizó su intervención apuntando que si hay algo que “algo que Adif podría haber hecho mejor” es haberse puesto en contacto con las víctimas o mostrar más “empatía”. No obstante, apostilló que “Adif no causó el accidente y es difícil pedir perdón por algo por lo que uno no se siente responsable”.

Por su parte, Juan José Delgado Velasco, el abogado de Renfe en el proceso anunció que la compañía se adhiere “ex-ante” a la petición definitiva que haga la defensa de Francisco José Garzón Amo. La operadora, cuyo papel durante el juicio ha sido secundario, solicitó a la jueza que tenga la “máxima indulgencia” con el maquinista, sobre quien recayeron en un momento dado todas las debilidades del sistema”, esgrimió durante la sesión el letrado Delgado Velasco.

Al igual que el representante de Adif, el de Renfe también señaló que todos los procedimientos se habían hecho conforme a la legalidad existente. Sin embargo, “el día del accidente se constató que tanto el cumplimiento de la norma como el conocimiento práctico no fueron suficientes para impedir” la tragedia.