Las víctimas del Alvia: “El excargo de Adif sí infringió la norma, es una imprudencia grave”

Las acusaciones particulares en el juicio del Alvia, en una nueva sesión, muestran su discrepancia con la decisión del fiscal del caso, Mario Piñeiro, de exculpar al que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte y señalar al maquinista, Francisco Garzón, como único culpable del accidente de tren en el que hace diez años murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. Ayer fue el turno del abogado Francisco José Losada que representa a un numeroso grupo de víctimas. Él sí considera que Cortabitarte infringió las normas al no evaluar los riesgos de las línea Santiago-Ourense ni tomar medidas para mitigarlos y que por eso debe ser acusado de un delito de “imprudencia profesional grave”. “Sí defraudó la norma”, aseguró el letrado, justo lo contrario de lo que había sostenido el fiscal el día anterior para tratar de exonerar a Adif de toda responsabilidad en el siniestro.

“¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que los maquinistas circularon sin apoyo de ERTMS –el sistema de seguridad que implica frenado automático y control continuo de la velocidad– y con él desconectado desde junio de 2012 –en su modalidad embarcada en el tren–, sin ninguna protección ni ninguna barrera”, advirtió el abogado, que representa al grupo 1 de víctimas, de los 90 que forman parte de la causa y que irán desfilando hasta mediados de julio.

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El abogado rebatió los argumentos del fiscal alegando que Cortabitarte, un ingeniero técnico que trabajó durante décadas en el ámbito de la seguridad ferroviaria e intervino como perito en el accidente del metro de Valencia –en julio de 2006 con 43 personas muertas y medio centenar más heridas–, “conocía los riesgos” de descarrilamiento en la curva de Angrois, pero no adoptó medidas.

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Losada indicó que el alto cargo de Adif, que disponía de “competencias legislativas”, asistió a numerosas reuniones sobre seguridad durante el proceso de instalación del nuevo trazado ferroviario de alta velocidad en Santiago y el 7 de diciembre de 2011 firmó un certificado de que la nueva línea, que entró en servicio cuatro días después, cumplía con medidas de seguridad.

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Dicho certificado “no se ajusta a la realidad”, ya que técnicos de la empresa de ingeniería Ineco aseguraron que en su informe que fueron contratados por Adif para evaluar el riesgo en la nueva línea, pero “no en el punto del accidente”, la peligrosa curva de Angrois, matizó Losada.

“En esa zona no se les había pedido ni se les había contratado” para determinar los riesgos ante la brusca reducción de velocidad, añadió el letrado, de manera que Cortabitarte se limitó a firmar un documento que “no se ajustaba a la realidad” y “exportó a los maquinistas” la responsabilidad de tomar precauciones.

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También observó este abogado que el ERTMS, instalado en la línea pero no en la curva, y que podría haber evitado el accidente, no estaba en servicio en el tren en el momento del descarrilamiento. Aseguró que el propio Cortabitarte, tras recibir en junio de 2012 una solicitud por parte de un directivo de Renfe para desconectar el ERTMS embarcado en los Alvia invitándole a “analizar” el asunto, “ese mismo día contestó” y ordenó llevar a cabo ese procedimiento.

El abogado destaca que “llama la atención” el hecho de que la orden se llevase a cabo un sábado, el 23 de junio de 2012, y en un momento en el que “se juega la final de la Eurocopa entre España y Francia” y que lo que debía ser “una desconexión provisional se convirtió en una definitiva”, para aplicar el sistema Asfa que requería maniobras por parte de los maquinistas y es un sistema mucho menos seguro que el ERTMS.

La finalización del juicio está prevista para el jueves 27 de julio, cuando los informes que escuchará la sala serán los de los letrados de las defensas de Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte, que tendrán derecho a la última palabra antes de la jueza inicie las deliberaciones para dictar sentencia.

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