La inflación dispara un 56% las ayudas de emergencia de la Xunta para comprar comida

La demanda de subvenciones para afrontar situaciones de urgencia social bate récords | La mayoría de prestaciones son para alimentos

Un supermercado, en Vigo.

Un supermercado, en Vigo. / MARTA G. BREA

Paula Pérez

Paula Pérez

La inflación alcanzó en España máximos históricos el pasado año, sobre todo por el precio de los alimentos. Llenar la cesta de la compra sin vaciarse la cartera se convirtió en una odisea y los gallegos más vulnerables se encontraron con que sus escasos ingresos no eran suficientes para satisfacer lo más básico: comprar comida. A esto hay que añadir que la Xunta suprimió a mediados del pasado año la tarjeta monedero de 300 euros para costear la adquisición de alimentos. En este contexto se dispararon el pasado año las solicitudes a la Xunta para cobrar una ayuda de emergencia para afrontar gastos extraordinarios. Las 5.700 peticiones recibidas batieron récords. El Gobierno gallego concedió finalmente 3.283 prestaciones: la mayoría (el 40 por ciento) fueron para costear la compra comida. De hecho, las subvenciones destinadas a alimentación crecieron un 56 por ciento respecto al año anterior.

Las ayudas de inclusión social son prestaciones puntuales destinadas a atender situaciones de emergencia social. Consisten en un pago único que, de media, ronda los 1.125 euros. En 2022 se recibieron 5.717 solicitudes, la cifra más alta desde que hay registros.

Sin embargo, la Xunta rechazó el 40 por ciento de estas peticiones de ayuda. En la mayoría de los casos se esgrime que el solicitante supera el umbral de ingresos, pero también es habitual que el perceptor disfrute de otra prestación con la que es incompatible.

De esta manera los beneficiarios se redujeron a 3.283, un 8 por ciento más que los que cobraron la subvención en 2021. La Xunta destinó a esta línea de ayudas 3,8 millones de euros.

Aunque son prestaciones para atender situaciones de emergencia social, su concesión no es inmediata. La tramitación dura de media 4 meses. La Consellería de Política Social ha conseguido, en todo caso, reducir la espera pues el año anterior se elevaba a 138 días.

Tipo de ayuda

La subida de precios se tradujo en un crecimiento importante de las ayudas destinadas a satisfacer necesidades básicas de alimentación, vestido y ajuar doméstico. Se beneficiaron de este tipo de prestación más de 1.300 gallegos, el 40 por ciento de todos los que recibieron la ayuda de emergencia social. Sin embargo, en 2021 representaban solo el 28 por ciento y no era el motivo más frecuente para recibir la prestación, pues el 32 por ciento cobraba la subvención para costear atención sociosanitaria y medicamentos.

Ahora las ayudas por motivos médicos representan el 31 por ciento del total. Además otro 14 por ciento de las subvenciones concedidas están dirigidas a costear la vivienda.

En cuanto a la Risga, la entrada en vigor del ingreso mínimo vital ha ido reduciendo progresivamente el número de beneficiarios, pues ambas ayuda se solapan –de hecho, la Xunta tiene pendiente reformar la renta de integración social para evitar esta duplicidad–.

A diciembre de 2022 estaban en nómina de la Risga 6.247 personas frente a los 7.211 beneficiarios del año anterior. El importe medio de la ayuda es de 456 euros mensuales.

Son muchos más los gallegos que perciben el Ingreso Mínimo Vital. A fecha de junio de 2023 se beneficiaban de esta prestación del Estado 83.546 personas en Galicia. La cifra ha crecido de forma notable en los últimos meses. El incremento respecto a diciembre pasado es del 19 por ciento.

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¿Quienes son los beneficiarios de las ayudas sociales en Galicia? La pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres, lo que explica que sean mayoría entre los perceptores del Risga: el 65 por ciento. Además la edad es un factor de riesgo. El 35 por ciento tiene más de 55 años y otro 30 por ciento entre 45 y 54 años.

La falta de una red familiar de apoyo es determinante. La mitad de los perceptores de la Risga son solteros y viven solos. La mayoría además reside en ámbitos urbanos y están alojados en pisos (el 66 por ciento). El 45 por ciento paga un alquiler y dos de cada diez viven en una vivienda precaria.

La falta de estudios también es un factor que se repite entre los beneficiarios de prestaciones sociales. Aún así, el número de personas con estudios superiores que percibe la Risga se ha incrementado pasando de representar el 2,5 por ciento sobre el total al 3,32 por ciento.

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