Tras dos años de funcionamiento, la Xunta cancela su bono de hasta 300 euros para que familias con escasos recursos puedan comprar alimentos y productos de primera necesidad. La decisión de no prorrogar la vigencia de esta iniciativa se produce con el mayor encarecimiento de los precios en casi 40 años, con una inflación por encima del 10%, una situación que comenzó el año pasado, pero que se disparó con la invasión rusa de Ucrania. Desde su puesta en marcha, esta ayuda ha beneficiado a 75.000 personas y ha supuesto una inversión de 42 millones de euros.
“Una medida para una situación excepcional finaliza cuando acaba esa situación”, alegó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello. Argumentó que ese bono se activó en plena pandemia –junio de 2020– “cuando había muchas restricciones que impedían que mucha gente pudiese trabajar”.
Podían solicitar la tarjeta básica quienes ingresasen entre 423 euros al mes, en caso de un hogar unipersonal, y 762 en el de una familia de siete miembros con niños pequeños. Con ella, lograban una tarjeta de crédito que recargaban con 150, 200 o 300 euros al mes si se trata de una, dos o más personas las que componen la familia. Con ese dinero, podían adquirir alimentos, productos de higiene y material farmacéutico de forma anónima.
En un primer momento, la ayuda tenía como vigencia seis meses, pero su éxito obligó a Política Social a ir ampliándola hasta que el pasado mes de febrero decidió que ya no concederían nuevos bonos. La fecha de finalización era junio, por lo que desde hoy ya no cobrará esa ayuda ninguna familia en Galicia, decisión que coincide con la escalada de precios y con las exigencias por parte de la Xunta de iniciativas del Gobierno central contra la inflación.
“Galicia fue una de las pocas comunidades que puso en marcha una prestación de emergencia de este tipo, que, además, permitió liberar a los concellos de hacer frente a este tipo de ayudas de emergencia”, alega la Consellería de Política Social.
Por otro lado, Rueda anunció también que ayer mismo enviaría una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, preguntando por la llegada de los trenes Avril, prevista para julio. Se trata de unos vagones con un ancho diferente al actual y que en estos momentos solo llegan a Ourense. A partir de su puesta en marcha, el viaje a A Coruña y Vigo a Madrid se reducirá en 20 minutos. “Mañana [por hoy] empieza el plazo comprometido sin que se sepa absolutamente nada”, declaró antes de afear de nuevo al presidente del Gobierno que no le haya respondido a su petición de entrevista. “No es que no se produjera la reunión, es que no tuvimos ni contestación”, resumió.
Por otro lado, Rueda se reunió también con el consejo de Administración de la Sociedad Impulsa Galicia, un foro de colaboración público-privada con un capital fundacional de 5 millones creado en abril de 2021. Está integrado por Xunta (40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%). De ella destacó sus “buenas ideas y buenos proyectos” para la transformación y recuperación económica de la comunidad.
La cultura también quiere fondos europeos Next Generation
La Unión Europea respondió ante la crisis pandémica con una inyección de fondos para impulsar la transformación digital de la economía de los socios comunitarios. En España, existen actualmente once Pertes, que son “proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones”. Es decir, capítulos específicos de ámbitos económicos que recibirán cientos de millones de euros para modernizarse.
En ninguno de ellos se encuadra, por el momento, la cultura y la Xunta quiere cambiar esa situación. “No puede quedar al margen de la gran oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation”, avanzó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Administración y sector de la industria cultural a través de más de 120 entidades realizaron una batería de 19 propuestas para captar financiación europea e impulsar un cambio en el sector. Aspiran a captar 400 millones de euros.
Entre las iniciativas, destacan el sistema Redar, la recuperación de oficios tradicionales y trabajos artesanos, que permitiría crear una estrategia de documentación sobre esas tareas. Mismo concepto ofrece la idea de constituir una “librería de sonidos y ritmos tradicionales gallegos”, así como la creación de residencias comarcales para el fomento de las artes escénicas en el rural.
También con una vertiente de fijar población lejos de los ámbitos urbanos, el proyecto Custodia Rural apuesta por reconstruir casas rectorales y monasterios para un “uso multifuncional con comunidades autogestionadas”, lo que permitiría generar puntos de encuentro en localidades castigadas por la despoblación y contribuir a dinamizar su ocio, relaciones y vida cultural.
En el planteamiento Sensogenómica se aboga por “estudiar el impacto de los estímulos musicales en enfermedades como el alzhéimer, el párkinson o el daño cerebral, con el objetivo de desarrollar un programa de intervención musical en centros sanitarios y sociosanitarios”.
