La Xunta multará a las empresas que no reduzcan su emisiones contaminantes
La Lei do Clima forzará a las firmas con más de 50 empleados a contribuir a mitigar el cambio climático con planes de actuación | Las sanciones podrán llegar a 120.000 euros al año
Imagen de la refinería situada en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS
Dentro de dos años, las casi 1.800 empresas gallegas que superan el medio centenar de trabajadores se arriesgarán a multas de 60.001 a 120.000 euros si no reducen cada anualidad sus emisiones de gases contaminantes. La Xunta impulsa una ley que pretende blindar la intención de rebajar el impacto de la comunidad sobre el cambio climático y estas firmas estarán obligadas a colaborar so pena de castigo económico.
Así lo establece el anteproyecto de Lei do Clima, un compendio de medidas para otorgar rango de ley a varios de los compromisos adquiridos por la administración autonómica, como rebajar un 57% las emisiones de gases contaminantes hasta 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050, lo que quiere decir que las emisiones queden compensadas por la capacidad de absorción de los montes gallegos.
Uno de los apartados novedosos de esta legislación, que se someterá a exposición durante un mes y que la Xunta pretende que sea aprobada por el Parlamento este año, radica en la creación de un registro gallego de huella de carbono, en el que todas las medianas y grandes empresas estarán obligadas a inscribirse. Esa obligación estará vigente un año después de la luz verde a la norma. Galicia cuenta con 1.474 firmas de la primera categoría –entre 50 y 259 empleados– y 303 de la segunda –a partir de esa cifra–, según cifras del Instituto Galego de Estatística correspondientes a 2021.
Esa inscripción estará acompañada por el cálculo anual de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, los datos de reducción de las mismas y los “proyectos de absorción de dióxido de carbono asociados”, fundamentalmente a través de la plantación de árboles o la compra de “aire limpio” de montes de otros propietarios, es decir, el pago por la compensación a través de hectáreas forestales de esas emisiones.
La administración autonómica recuerda que el Gobierno central “va a regular esa cuestión a través del real decreto del registro de la huella de carbono”, pero Galicia se quiere adelantar con su propio sistema. “En ningún caso, la ley pretende ser única y exclusivamente punitiva, sino un instrumento para dotar a las empresas de planes de reducción de las emisiones para contribuir al objetivo final, que es luchar contra el calentamiento global. Pero es preciso, como en toda norma, establecer un marco de incumplimientos y de las sanciones que estos llevan aparejadas”, justifican fuentes de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Medio Ambiente.
Las medianas y grandes empresas se arriesgarán a varias multas. Las muy graves, con castigos de 60.001 a 120.000 euros, se aplicarán si incumplen la obligación de reducir sus emisiones. Si se ajustan a esta exigencia, pero eluden la inscripción en el registro gallego serán castigadas con una sanción leve, cuyo máximo será de 30.000 euros, según consta en el anteproyecto legal.
Medio Ambiente defiende la importancia de este registro porque “permitirá conocer en qué punto está Galicia de cara al cumplimiento de los objetivos marcados en la ley y posibilitará orientar mejor los planes de descarbonización a aplicar en la comunidad”.
Es más, la norma, que establecerá obligaciones a este tipo de empresas y también a la propia administración, fijará las emisiones máximas permitidas para toda Galicia a través de los denominados “presupuestos de carbono”. Fijarán las líneas de actuación durante períodos quinquenales.
La futura normativa establece varias obligaciones para los ayuntamientos gallegos que no superan los 20.000 habitantes, entre las que se encuentra la presentación de un programa de “descarbonización”, que incluirá fuentes de energía, reducción del consumo de agua, gestión adecuada de residuos, sostenibilidad de insumos, reducción de materiales plásticos y flotas de vehículos. Su incumplimiento conllevará sanciones graves, que oscilan entre los 30.001 y los 60.000 euros. La propia administración autonómica, incluyendo sus entes instrumentales, también deberá presentar este tipo de programas. En ambos casos, los contratos de suministro eléctrico una vez entre en vigor la ley deberán garantizar el carácter renovable de esa aportación.
Las vías para reducir la huella de carbono de empresas y administraciones son dos: reducir las emisiones o compensarlas mediante la compra de “aire limpio”. Esta vía supone el pago a dueños de terrenos forestales por la capacidad de absorción de CO2 de los árboles o bien directamente por la plantación de masas que constituyan “sumideros de carbono”.
La Xunta “fomentará la amplificación de la capacidad de captación de gases de efecto invernadero, nombradamente dióxido de carbono, por sumideros, preferentemente naturales, tanto terrestres como marinos”. De hecho, creará por ley su bolsa de carbono para impulsar la venta de aire limpio.
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