España se salva de la multa millonaria de la UE por contaminación de la ría de Pontevedra
Vázquez vincula la retirada del expediente a las inversiones de la Xunta en Praceres y el emisario submarino | La oposición lamenta el retraso en la limpieza
Carpetazo de la Unión Europea al procedimiento de infracción abierto contra España por el incumplimiento de la directiva de la UE 91/271 respecto a la depuración de las aguas residuales urbanas, al menos en lo que respecta a la ría de Pontevedra.
Así lo confirmó ayer en el Parlamento gallego la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quien achacó el archivo del procedimiento contra España por parte de Bruselas al trabajo desarrollado durante los últimos años por parte de la administración autonómica respecto del saneamiento de la ría. Inversiones de 30 millones de euros, principalmente en la mejora de la depuradora de Praceres y en el nuevo emisario submarino, que “han dado sus frutos” y han permitido que la Xunta evitase una posible “multa millonaria” de Europa al reino de España.
La denuncia partió de la Comisión Europea en 2014 y llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea dos años después, institución que constató el incumplimiento de la citada directiva. Fue entonces cuando se requirió a España para que tomase medidas para revertir la situación si quería evitar sanciones. La respuesta fue el Plan de Saneamiento local previsto por la Xunta que, a la espera de resultados, fue tomado por la Comisión como una solución válida si esto permitía lograr los objetivos de calidad del efluente que se vertía a la ría de Pontevedra. Vázquez explicó que esto se consiguió con la mejora de la planta de Praceres y que los frutos se pueden ver en el carpetazo que ha dado el pasado enero la Unión Europea al procedimiento.
Según la conselleira, el trabajo “casi en solitario” de la Xunta en materia de saneamiento en la ría permite a España “evitar a España una multa millonaria”. En un caso anterior respecto a otros 9 núcleos de población que incumplían la normativa europea, la sanción coercitiva de Bruselas alcanzó los 12 millones de euros. En este caso, tan solo se llegó a la amenaza de sanción.
Vázquez reprochó, durante su comparecencia parlamentaria, a la oposición de BNG y PSdeG la postura contraria que mantuvieron frente a la mejora de infraestructuras como la depuradora de Pontevedra o el nuevo emisario submarino, dos infraestructuras que consideró “claves” para obtener ahora este archivo del procedimiento sancionador de Bruselas. “Hicimos mucho y lo que hicimos funcionó”, sentenció.
Los grupos tacharon de “propaganda” el balance de Vázquez. El nacionalista Luis Bará recordó que el plan inicial de la Xunta era que las rías estuviesen “niqueladas” en 2015 y que ahora el plazo es de 2027. El socialista Pablo Arangüena tachó de “oscurantista” la gestión de esta cuestión y vinculó los avances a los fondos de la UE.
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