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Los escudos sociales contra la pobreza ayudarán a 190.000 gallegos en 2023

Xunta y Gobierno incrementarán el año próximo los beneficiarios de programas sociales como la Risga, el ingreso mínimo o el complemento de las pensiones no contributivas

Un grupo de personas espera para entrar en la Cocina Económica de Santiago. | // XOÁN ÁLVAREZ

Al menos una de cada cinco personas residentes en Galicia se encuentra en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, una situación agravada este año por la escalada de precios por encima del 10% en algunos meses, situándose en los niveles más altos en cuatro décadas, si bien suma cuatro meses a la baja. En ese contexto, cheques mensuales como la renta de inclusión social de Galicia (Risga) o el ingreso mínimo vital (IMV), el bono social térmico, ayudas de emergencia, el complemento de 206 euros para las pensiones no contributivas y similares suponen el último salvavidas económico para miles de familia. El año que viene, alrededor de 190.000 ciudadanos se beneficiarán de esos escudos sociales ofrecidos tanto por la Xunta como por el Gobierno central.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Galicia) ilustró en un informe sobre el año pasado la importancia de esta batería de medidas para ayudar a las familias con mayores dificultades económicas. En el documento El Estado de la Pobreza en Galicia 2021, apuntaba que permitieron evitar que 127.000 gallegos entrasen en situación de riesgo de pobreza o vulnerabilidad tras la pandemia. De hecho, apuntaban que ese índice había descendido respecto a 2020, aunque lamentaban que se hubiese agravado para las mujeres y para los niños y jóvenes, un grupo en el que alcanza el 34%.

La Xunta prevé el año que viene que 124.432 ciudadanos se beneficien de “programas de ayudas para personas con déficit de recursos, en riesgo o en situación de pobreza”, según figura en los presupuestos de la Consellería de Política Social. Esa cifra supone un 5,5% más que en 2021 (6.574 personas más) en lo relativo a los programas concretos de ayuda social. “Este indicador refleja solo las personas a atender en una serie de medidas clave de un programa de gasto concreto. Tanto la consellería como la Xunta disponen de otras ni incluidas aquí, como la Tarxeta Benvida”, matizan desde el departamento de Fabiola García, si bien el pago por nacimiento no distingue entre rentas.

En los datos de la Xunta queda patente una brecha de género, derivada en gran medida de que la mayoría de beneficiarias del complemento para pensiones no contributivas son mujeres por haber renunciando al mercado laboral para centrarse en los cuidados familiares. Los hombres beneficiarios de medidas sociales autonómicas serán 49.624 y las mujeres, 67.608.

El próximo año, además, la Xunta incrementará la financiación de algunos de estos escudos sociales, como el complemento autonómico del bono social térmico, que aumentará en un 50% hasta los 150 euros por beneficiario.

A ese dato se unen los 67.000 ciudadanos que están recibiendo el ingreso mínimo (IMV), dato que previsiblemente aumentará en 2023. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el 60% de potenciales receptores de ese ingreso mínimo no lo recibe en un reciente informe en que señala a Galicia como la autonomía con mayor porcentaje de hogares pobres sin ayuda pública. Considera que el 52% no está cubierto ni por las prestaciones de la Xunta ni por el Ingreso Mínimo Vital.

Aun así, las administraciones constituyen una red de seguridad contra la pobreza. La tasa de exclusión social se dispararía de del 16% al 34% sin pensiones, cheques como el IMV o la Risga y la prestación por desempleo, que permiten a casi medio millón de gallegos evitar caer en ese pozo, según el Instituto Galego de Estatística.

ALBERTO VAQUERO, PROFESOR DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO

"Invertir en educación es la mejor forma para que funcione el ascensor social"


–¿Son suficientes las 190.000 ayudas sociales en 2023 ante la crisis de precios actual?

–El 6,9% de los gallegos llega a fin de mes con mucha dificultad y el 9,9% con dificultad. Estamos hablando de casi un 17%, sobre 450.000 personas. Quizás hubiera sido necesario un mayor esfuerzo.

–¿Resultan más eficientes estas ayudas que las políticas fiscales, ahora que se ha debate sobre la bajada de impuestos?

–Todo ayuda, pero para las políticas públicas desde la óptica redistributiva son mucho mejores las actuaciones sobre el gasto. La capacidad redistributiva de los impuestos es bastante más limitada que el gasto, de ahí la necesidad de apostar por este último. Además, las medidas fiscales estarían centradas en el IRPF, y las personas con menos recursos ya no declaran, por lo que es siempre mejor la óptica del gasto.

–La creación de empleo es la principal herramienta para reducir la pobreza, pero ¿qué otras medidas se pueden aplicar?

–No solo crear empleo, sino conseguir incentivar el empleo de personas que no pueden trabajar por tener que atender obligaciones familiares o personales, que limitan mucho el acceso al mercado de trabajo, sobre todo por parte del colectivo femenino, que sigue siendo el que soporta un mayor trabajo de estas cargas y que limitan mucho sus oportunidades laborales. Las políticas de mantenimiento de renta son importantes, pero son paliativas, no fomentan la creación de empleo. Quizás habría también que mejorar la formación en aquellos colectivos que más sufren pobreza. La inversión en educación es la mejor forma para que funcione el ascensor social.

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