La Airef señala a Galicia como la autonomía con más hogares pobres sin ayuda pública

“Es posible que se crearan expectativas excesivas sobre el ritmo al cual nosotros íbamos a ser capaces de llegar”, aseguraba José Luis Escrivá después de seis meses en vigor. El número de beneficiarios rondaba los 800.000 al cierre del pasado ejercicio y la intención del Ejecutivo es alcanzar los 1,6 millones previstos inicialmente con los nuevos criterios y la reforma del método de cálculo. Hay un 60% de los potenciales usuarios, alrededor de 400.000 familias, que tendrían derecho al IMV, pero no lo reciben porque ni siquiera lo pidieron, según el primer análisis de la prestación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Con "amplio recorrido"

“Es una prestación que ha conseguido avances, pero tiene un amplio recorrido para ser un instrumento potente de lucha contra la pobreza y la exclusión social”, valoró ayer la presidenta del organismo durante la presentación del estudio. Cristina Herrero echa en falta una definición clara de lo que se entiende por pobreza y objetivos más concretos. De estar plenamente implementado, el IMV llegaría a 700.000 hogares con un coste anual de 2.800 millones de euros, según las conclusiones del informe confeccionado con los datos de renta y patrimonio de la Agencia Tributaria.

Como territorios forales que son, País Vasco y Navarra no aparecen en las radiografías del IRPF. Por eso tampoco están en la revisión de la Airef, aunque los dos territorios registran históricamente las tasas más bajas de pobreza y exclusión social de España y, además, los mejores datos de cobertura a la población vulnerable. Galicia sí figura y lo hace como la tercera comunidad con potenciales beneficiarios del IMV que no lo demandan y la que tiene más hogares pobres sin cubrir por este tipo de prestación o las rentas mínimas autonómicas, la Risga en el caso de la Xunta. El 48% de las familias con carencias graves recibe alguno de los dos apoyos. Le siguen Madrid (51%) y Castilla y León (52%), frente al 60% de la media estatal, el 79% que alcanza Asturias, el 81% de Aragón y el 87% de Baleares, las tres regiones con mayor respaldo al colectivo.

La tramitación

El informe económico que acompaña a los presupuestos de la Seguridad Social para este 2022 detalla la evolución del IMV en Galicia hasta el pasado 20 de septiembre. Se presentaron 52.800 solicitudes y las concesiones en aquel momento rondaban las 16.600. A 30 de marzo de este año rozaban las 23.500. Las peticiones en el primer mes de vigencia, según la Airef, tardaban 150 días de media en resolverse y por encima 120 días en todo el primer semestre. Desde comienzos de 2021 bajó a unos 60 días. El principal motivo de rechazo es el umbral de renta (42% de las negativas).

La no percepción de que alguien tiene un derecho se conoce en el argot de los expertos sociales como el fenómeno non take-up, “algo común –remarca el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas– a este tipo de programas”. “En Cataluña, Baleares y Galicia este fenómeno es algo más elevado”, indica, con porcentajes del 66%, 61% y 59% de potenciales beneficiarios que no lo solicitaron, respectivamente. Más de la mitad de ellos tienen prestaciones de desempleo y creen que es incompatible, a los que se suma la complejidad de la tramitación o el desconocimiento. “Los hogares que se encuentran cerca del umbral de la elegibilidad –señala el análisis– pueden percibir que los costes de la solicitud en términos de tiempo, burocracia u otras cuestiones no son compensados por el beneficio que obtendrían”. Como recuerda la Airef, los expertos también tienen muy en cuenta la importancia del “contexto social”, en referencia al estigma, el miedo a la discriminación o las dificultades de acceso a cuentas bancarias o internet.