El número de familias en riesgo de pobreza es “cada vez mayor” y las situaciones de vulnerabilidad se extienden más allá de los grupos tradicionales y afectan ya a otros colectivos como clases medias o jóvenes cualificados que se ven perjudicados por “una gran incertidumbre económica, inseguridad personal y cierta desconfianza en la eficacia de la administración para atender sus demandas”. Éste es el demoledor diagnóstico que hace la Xunta en el documento en el que marca las líneas estratégicas de gasto del Fondo Social Europeo (FSE) para el periodo 2021-2027. El Gobierno gallego dibuja este negro panorama para justificar la necesidad de las ayudas de la UE. Galicia recibirá 3.150 millones y aproximadamente un tercio serán para el FSE, que se centra en fomentar la inclusión social, el empleo y la educación.
En el borrador de este documento, aún pendiente de aprobación y que servirá de guía para gastar las ayudas del Fondo Social, el Gobierno gallego señala que la pandemia ha provocado “un aumento de la brecha de la desigualdad”. A pesar de ello, la Xunta reconoce que Galicia es la séptima comunidad por la cola con menor inversión per capita en servicios sociales y la sexta con menor gasto en relación al presupuesto total. “Estamos por debajo de la media de España, pese al esfuerzo realizado en los últimos 10 años”, apunta.
Galicia es una comunidad muy envejecida y eso complica además la prestación de servicios. Así, la tasa de dependientes beneficiarios de ayudas es solo del 7,96 por ciento sobre la población potencialmente dependiente –mayores de 65 años y personas con alguna discapacidad– cuando en España es del 9,74 por ciento. El Gobierno gallego advierte de “carencias” en las plazas públicas residenciales y en el porcentaje de mayores que reciben ayuda a domicilio. “También la cobertura de servicios sociales para las personas con discapacidad presenta importantes deficiencias con bajos ratios de plazas inferiores a la media estatal tanto en centros residenciales como ocupacionales y centros de día”, admite la Xunta.
En sanidad el Ejecutivo gallego también hace autocrítica. Así, asegura que la distribución territorial “genera desigualdades en el acceso a servicios sanitarios” pues, según aclara, hay una alta concentración de profesionales en las ciudades de Vigo y A Coruña frente “a la escasa dotación del resto”.
Y hay otros aspectos a mejorar, por ejemplo, en conciliación. La Xunta advierte que se reduce el número de personas que ha reducido su jornada como medida de conciliación, y lo mismo ocurre cuando se trata de medidas relativas a la flexibilización de los horarios.
Por otro lado, el Gobierno gallego considera “alarmante” el incremento de suicidios entre los jóvenes y apunta también “a un insuficiente vínculo entre la FP y el mercado laboral”. La sangría demográfica sigue siendo un reto pendiente. Según la Xunta, el 10 por ciento del territorio sufre un “despoblamiento severo”.
Y ante este panorama, ¿qué medidas propone el Gobierno gallego? En materia de lucha contra la pobreza apuesta por garantizar “un sistema ágil de ingresos mínimos” para personas vulnerables, apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, luchar contra la pobreza infantil y juvenil y asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible. Más al detalle la Xunta apuesta por destinar fondos europeos para reforzar el personal técnico que se encarga de las valoraciones de dependencia, además de simplificar los procedimientos. También plantea incrementar el personal técnico de valoración de la discapacidad y “aumentar la capacidad de respuesta ante las solicitudes ante el importante incremento derivado de los cambios demográficos”.
Se intentará consolidar la Red Gallega de Atención Temprana que presta ayuda a niños de 0 a 6 años con trastornos de desarrollo. Ahora mismo hay 33 unidades en funcionamiento y el objetivo de la Xunta es alcanzar un total de 79 que presten servicio a 277 concellos de aquí a 2029.
En cuanto a las personas sin hogar la Xunta financiará con fondos europeos el proyecto que lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para poner a disposición un total de 100 viviendas distribuidas por toda Galicia.
Además la Xunta dará ayudas a parados para que emprendan, fomentará el emprendimiento femenino y la creación de empresas innovadoras en el rural. Usará los fondos europeos para convocar subvenciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas o inactivas y financiará actuaciones formativas en las empresas para sus trabajadores.
El CES pide agilizar el uso de los fondos europeos
El Consello Económico e Social urge a la Xunta a aprobar “en el menor tiempo posible” el Plan Operativo de la Xunta para el Fondo Social Europeo (FSE) y para el FEDER, que suman entre ambos 3.150 millones. Estos documentos son los que marcarán las líneas de gasto de estas ayudas europeas.
Aunque el periodo de programación de fondos es de 2021 a 2027, a mediados de 2022 la Xunta sigue sin aprobar estos planes operativos. Sus borradores, sin embargo, han sido sometidos a consulta en el Consello Económico e Social. Este órgano consultivo considera que es necesario “reducir en la medida de lo posible el tiempo para su puesta en marcha”. También reclama que se aligere la carga burocrática para la solicitud de los fondos, su gestión y la justificación del gasto.
El CES concuerda en que se está registrando “un crecimiento de la desigualdad y la exclusión social” y pide que se tenga en cuenta a la hora de diseñar las líneas de gasto de los fondos.
También reclama una mayor participación femenina y que se apuesta por el ámbito rural gallego a la hora de diseñar las convocatorias de ayudas con cargo a los fondos europeos.
Y cuando estas ayudas se canalicen a través de licitaciones y contratos públicos el Consello Económico e Social entiende que es necesario “agilizar” las adjudicaciones para que los fondos se ejecuten “en el menor tiempo posible”. Asimismo, pide que la cuantía de los contratos se adapte a la realidad del mercado y los precios no estén por debajo de los costes.
