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La supresión de prestaciones sociales duplicaría el riesgo de pobreza en Galicia

La tasa de exclusión se dispararía del 16% al 34% sin pensiones, cheques como el IMV o la Risga y el paro. Casi medio millón de gallegos evita penurias económicas gracias a ello

Un hombre solicita ayuda en una calle de Ourense. // Brais Lorenzo Daniel Domínguez

El nuevo jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, atacó al Gobierno central por “forrarse” a impuestos en medio de la crisis de precios, pero esa recaudación sufraga, además de obras, funcionamiento administrativo y salarios políticos, un pilar básico del Estado del Bienestar: el escudo social. En Galicia, las prestaciones públicas, como son las pensiones, el paro o cheques como la renta social de inclusión (Risga) o el ingreso mínimo vital (IMV) salvan a casi medio millón de ciudadanos de caer en la exclusión y lidiar con la pobreza, reduciendo a la mitad el porcentaje de personas con problemas para llegar a fin de mes del 34% al 16%.

La tasa de riesgo de pobreza en la comunidad creció hasta el 16,1% en 2020, coincidiendo con el surgimiento de la pandemia de COVID-19 que obligó a confinar a la población tres meses y causó un terremoto económico y social, dejando a miles de personas en situación de precariedad, cobrando ERTE’s, perdiendo sus empleos o sufriendo el cierre del grifo de las contrataciones temporales, por ejemplo, en la hostelería durante los períodos estivales.

La importancia del Estado del Bienestar queda reflejada en la tasa de riesgo de pobreza que se alcanzaría en Galicia sin las “transferencias sociales”, entendidas como las prestaciones contributivas y no contributivas (pensiones), las vinculadas al paro o las ayudas directamente relacionadas con los hogares sin recursos. Sin ellas, el porcentaje de familias que no percibiría el 60% de ingresos medios en la comunidad se duplicaría hasta el 34%, según las estimaciones realizadas por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Traducido a cifras totales, el riesgo de pobreza ya no afectaría a 435.263 ciudadanos, sino a 919.159 de los 2,7 millones de vecinos de la comunidad. El Estado del Bienestar, por tanto, protege a 483.896 personas contra la falta de recursos.

La pandemia de COVID-19 supuso un incremento del riesgo de pobreza en Galicia tras tres años de ligero descenso, pasando del 15,8% de 2017, al 15,5% de 2018 y al 15,2% de 2019. Como en 2016, 2020 volvió a superar el tope del 16%. El comportamiento es similar si descontamos las transferencias sociales de la ecuación, con un 34,6% en 2016, un 33,6% en 2017, un 32,8% en 2018, un 32% en 2019 y un 34% en 2020.

El envejecimiento y las consecuencias de las crisis de la última década (la financiera, que se inició a finales de 2008, y la pandémica de hace dos años) han elevado el peso de las prestaciones como principal sustento económico. Por un lado, se disparan las personas jubiladas, pues en Galicia los mayores e 65 años ya superan el 25% de la población. Por otro, las prestaciones sociales crecen.

Los gallegos que llegan a fin de mes gracias al los cheques sociales alcanzan los 54.307, según los últimos datos disponibles. De ellos, 47.253 perciben el ingreso mínimo vital (IMV), una paga de entre 491 y 1.189 euros mensuales en función de las cargas familiares (11.000 más en medio año), y otros 7.054 ingresan la Risga gallega, de 434 euros de media. Ambas son incompatibles.

Eloína Injerto

Presidenta de EAPN-Rede Galega contra a Pobreza

“Hay personas que trabajan y carecen de suficiente para lo básico”



–Sin las prestaciones sociales, el riesgo de pobreza en Galicia se duplicaría. ¿Es el Estado del Bienestar un escudo?

–Sí, siempre defendemos garantizar unas rentas mínimas, el IMV responde a ello. Además, ahora la inflación ha disparado todas las cifras de pobreza.

–¿Cómo cree que será la evolución este año de las personas en riesgo de exclusión social?

–Incluso las personas que están recibiendo rentas no tienen suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Por ello, crecen la pobreza y la pobreza severa. Se aprobó una subida del 15% hasta junio en el IMV y responde a la subida de precios de productos de primera necesidad, la vivienda, la energía...

–¿De nuevo, personas con trabajos se encuentran al borde de la pobreza, como pasó en la anterior crisis?

–Sí, están en pobreza. Una familia monoparental con una hija y 500 euros de ingresos, trabajando a tiempo parcial y sin acceso a otra prestación, tiene que comprarle unas gafas que cuestan 230 euros... ¿cómo? Ahora mismo, incluso con un trabajo es necesario dar cobertura de forma complementaria con Risga o IMV a esa subida de precios. La subida del 15% del IMV debe tener continuidad. A nivel gallego, habría que prorrogar la tarjeta básica de hasta 300 euros para comida.

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