Las lluvias de los últimos días resultan aún insuficientes para cerrar página a la sequía que afecta a Galicia y que obligó a decenas de ayuntamientos a aplicar medidas de restricción del consumo de agua. Las predicciones científicas apuntan que esta será la tónica habitual como consecuencia del cambio climático, por lo que la protección de las masas de agua superficiales y subterráneas cobra cada vez más importancia. El exceso de nitratos, sin embargo, amenaza la calidad ambiental de los acuíferos vinculados al 10% de la superficie agraria de la comunidad, lo que equivale a un problema generado por 60.000 hectáreas dedicadas al sector primario.
Este, al menos, es el diagnóstico de partida de la Consellería de Medio Ambiente, según figura en el Plan de Gestión de Residuos Industriales 2023-2030, en el que se recoge la obligación de declarar zonas vulnerables a la eutrofia impuesta por el Real Decreto de este año sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
El Gobierno central aprobó en enero una norma que pretende trasponer una directiva europea de hace 25 años para determinar qué zonas estás más afectadas por la contaminación derivada de la actividad agraria, vinculada, principalmente, al uso de estiércol y a la gestión de las deyecciones del ganado. El objetivo de la medida es aumentar un 50% la superficie de las zonas protegidas, en las que se aumentarán los controles y se obligará a tratar con mayor intensidad los residuos generados.
Las comunidades disponen de tres años para concretar esas zonas vulnerables. “Se considera zona vulnerable a la superficie del terreno cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas, o que podrían verse afectadas si no se toman medidas, por la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y aquellas superficies del terreno que contribuyan a dicha contaminación”, según la definición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La Consellería de Medio Rural trabaja en “la obligación de elaborar un plan de actuación que defina las condiciones de gestión de las deyecciones ganaderas, este plan incluirá la determinación de las zonas a declarar como vulnerables a la contaminación”. En estos momentos, esos trabajos están “en fase de estudio y elaboración”, si bien dispone de plazo hasta 2025.
Esta problemática es conocida en lugares como A Limia, por lo que el diagnóstico inicial permite a la Xunta calcular el impacto de esa protección. La Consellería de Medio Ambiente estima en el citado Plan de Gestión de Residuos Industriales que “se establece la hipótesis de declaración como zona vulnerable del 10% de la superficie agraria útil actual, que asciende a 597.993 hectáreas”, lo que significa que el escudo contra este tipo de contaminación abarcaría a unas 60.000 hectáreas de terrenos en la comunidad.
Este cálculo “se realiza en base a haberse detectado zonas con niveles significativos de eutrofia en varios puntos localizados en las cuentas internas de Galicia”, reconoce Medio Ambiente.
En esas zonas vulnerables, la administración debe fijar un tope de 170 kilogramos por hectárea de nitrógeno para evitar la contaminación de los acuíferos, por lo que la Xunta calcula un aumento de 80.000 toneladas anuales en la cantidad de abono y purines que deberán ser tratados a partir de 2023.
Esta cuestión lleva tiempo sobre la mesa de la administración. En 2020, por ejemplo, Augas de Galicia encargó un estudio tras detectar de nuevo la presencia de unas algas verdes –cianobacterias– en el embalse de A Baxe, que nutre de agua para consumo humano a Caldas, Cuntis y Moraña. La conclusión apuntó como causa al sector primario, por la filtración a los acuíferos de materia orgánica procedente de las deyecciones del ganado y el estiércol, y la erosión de los márgenes de los ríos como causas.
Ese diagnóstico ya figuraba, por ejemplo, en el informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, que recogía que “la contaminación de aguas y suelo deriva esencialmente de la infiltración de deyecciones del ganado o de compuestos nitrogenados y fosfatados procedentes de la actividad agrícola”.
Para poner coto a esta polución, Medio Rural prepara una ley para imponer una gestión integral de los excrementos del ganado y derivarlos a la obtención de energía “verde”, como avanzó FARO. Quiere construir nueve plantas para producir biogás con esa materia.
Desde 2018, también concede ayudas para la adquisición de cisternas con sistemas de aplicación del abono y tanto la norma de Recuperación da Terra Agraria como las concentraciones parcelarias contribuyen a aumentar la base de las explotaciones y a mejorar el tratamiento de residuos, sostiene Medio Rural.
