La Comisión Europea ha emprendido otro frente judicial con España. Si ya lleva años peleando por el saneamiento de la rías –singularmente las gallegas–, ahora lo hará porque el Gobierno español tampoco ha hecho lo suficiente para proteger las masas de agua de la contaminación provocada por los abonos de origen agrario y ganadero. Tras dos advertencias previas en tres años, el órgano de gobierno de la UE ha decidido ahora llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, a pesar de que así lo exige la normativa comunitaria y del expediente abierto en Bruselas desde 2018.
La directiva que incumple España –y que afecta directamente a Galicia– tiene por objeto proteger la calidad del agua en toda Europa mediante la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales originada por fertilizantes químicos y purines y el fomento del uso de buenas prácticas agrícolas.
“A pesar de algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva”, argumenta el ejecutivo comunitario.
Actuaciones insuficientes
En su examen, Bruselas considera “insuficientes” las medidas tomadas hasta la fecha en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y reclama “medidas adicionales” para que todas ellas puedan alcanzar los objetivos fijados por la directiva sobre nitratos.
Además, la Comisión reclama que se revise la situación de siete autonomías –Galicia, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Canarias, Madrid y Valencia– y se amplíen la zonas vulnerables a los nitratos en estas regiones.
Bruselas siempre actúa contra los Estados, pero en el caso de Galicia las competencias para determinar los suelos vulnerables a la contaminación por abonos de origen agrario están repartidas. En la mitad este, la autoridad competente para declarar las masas de agua afectadas por los nitratos es la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica. Y la otra mitad, la Galicia atlántica, depende de Augas de Galicia, ente autónomo de la Xunta.
Antecedentes
El expediente por el que Bruselas acude ahora a la Justicia europea se remonta a noviembre de 2018, cuando los servicios comunitarios abrieron formalmente el procedimiento de infracción contra España con el envío de una carta de emplazamiento pidiendo más información.
La falta de soluciones llevó a la Comisión a pasar a la segunda fase del expediente sancionador en junio de 2020, con el envío de un dictamen motivado demandando más explicaciones y cambios en la situación, pero tampoco sirvió para resolver el litigio.
Bruselas sostiene que la directiva sobre nitratos es una de las “piedras angulares” de la legislación de la Unión Europea que afecta a las aguas y ha sido diseñada para reducir la contaminación por nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevos riesgos de contaminación.
Según un reciente informe publicado por la Comisión Europea el pasado octubre, España se encuentra en el grupo de países de la Unión Europea con la peor calidad del agua en su territorio y con un “problema sistémico” para gestionar la contaminación causada por los nutrientes procedentes de la actividad agraria.
