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Más de 7.000 familias residen en viviendas en condiciones pésimas de habitabilidad

Son hogares con graves deficiencias que sufren al mismo tiempo problemas de goteras, humedades, podredumbre en suelo o en ventanas y un deficiente aislamiento

Casa ruinosa en Vigo. Marta G. Brea

Al margen de las chabolas y caravanas convertidas en improvisados hogares, también hay miles de viviendas convencionales habitadas con graves deficientes que apenas reúnen unas condiciones mínimas de calidad de vida. A esta situación se enfrentan día a día en la comunidad gallega 7.057 familias, según un informe del Instituto Galego de Estatística (IGE).

La mayor parte de estos hogares se encuentra en la provincia de A Coruña, con 2.985 viviendas de este tipo, seguida de Pontevedra, con 2.544, y ya a más distancia y por ser las menos pobladas, Ourense con 884 y Lugo con 644.

Para el IGE, estas residencias en pésimas condiciones de habitabilidad deben reunir varias características simultáneas –es decir, que se produzcan todas ellas al mismo tiempo–, como que las viviendas sufran goteras, tengan humedades en el interior, haya un muy deficiente aislamiento térmico y/o acústico y cuenten con partes podridas en suelos o ventanas.

Porque si estas deficiencias se toman por separado, son muchas más las viviendas que afrontan alguno de estos problemas. Así, 237.000 notifican la existencia de humedades en el interior de los hogares, mientras que otros 45.700 tendrían goteras, casi 152.000 no cuentan con un aislamiento adecuado y 25.900 conviven con partes podridas en el suelo o en ventanas.

Si bien el IGE reduce a algo más de 7.000 los hogares con graves penurias de habitabilidad, también hace una radiografía de otros problemas que afectan a los hogares gallegos, siendo el más común el que engloba deficiencias como barreras arquitectónicas, pavimento o aceras en mal estado, insuficiente iluminación o dificultad para el tránsito de personas con discapacidades. En este escenario estarían nada menos que 350.000 hogares

Otros 136.000 se quejan de la presencia de basura en la calle o de un mal servicio de limpieza y casi 94.000 indican que su problema es la delincuencia o los actos de vandalismo que se registra en el entorno de sus lugares de residencia. Algo más de 100.000 denuncian el excesivo ruido generado por los vecinos o negocios dentro del edificio y 33.600 tienen problemas con la instalación eléctrica.

La demanda de vivienda de protección social en Galicia nunca se equilibra, porque la oferta de las administraciones públicas de este tipo alojamiento no llegar a colmarla. Una de las vías para dar respuesta a este problema llega de la mano de la Sareb, la entidad creada para hacerse cargo de los activos tóxicos de los bancos tras la reestructuración del sector y el fin de la burbuja inmobiliaria. Este banco malo cuenta ahora con un programa de cesión de vivienda social para las comunidades autónomas y ayuntamientos con 15.000 pisos en cartera. Pero a día de hoy solo una quinta parte de esa bolsa –apenas 3.400– está en manos de las administraciones públicas.

“Se seleccionan viviendas que estén en buen estado y emplazadas en zonas donde existen necesidades”, detallan desde la Consellería de Medio Ambiente, que en 2015 firmó el primer convenio para la gestión de alquileres asequibles de 49 inmuebles de la Sareb que se distribuyen en 18 concellos: ocho de la provincia de A Coruña, uno de Ourense (O Barco) y nueve de Pontevedra (Lalín, O Porriño, Poio, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda, Vigo y Vilagarcía).

Solo un concello gallego, el de Miño, tiene un convenio de este tipo con la Sareb.

“Las administraciones rechazan pisos de la Sareb por su estado o porque no están vacíos”

Pau Pérez de Acha - Director de Vivienda Social de Sareb

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Una de las líneas de trabajo de la Sareb, conocido como el banco malo creado para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos, es fomentar los alquileres sociales con la cesión de parte de sus inmuebles a comunidades autónomas y ayuntamientos. Su director de Vivienda Social y Asequible, Pau Pérez de Acha, advierte de que finalmente muchas administraciones rechazan estas propiedades por su estado o porque tienen una familia en su interior.

–La Sareb tiene en cartera 15.000 viviendas para comunidades y ayuntamientos, que hasta la fecha han solicitado la cesión de 3.400. ¿A qué atribuye ese porcentaje tan bajo pese a la creciente demanda de pisos sociales?

–Es un dato que sorprende. Tenemos un mandato: ceder un máximo de 15.000 viviendas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Pero hay cuatro factores que reducen mucho el porcentaje. Primero, no tenemos producto donde nos piden; segundo, el mal estado de conservación en el que se encuentran algunas; tercero, no todos los ayuntamientos tienen la capacidad para gestionar; y, por último, muchas están habitadas por familias vulnerables y las administraciones quieren viviendas vacías.

–¿En qué estado están los inmuebles?

–A Sareb no se le cedieron viviendas, sino préstamos hipotecarios que ha gestionado y se ha adjudicado los inmuebles. Cuando los recibimos, muchos están en mal estado de conservación. En ocasiones, por los procedimientos hipotecarios que en este país son muy largos, los deudores van poniendo trabas que alargan los plazos y esto hace que para adjudicarnos una vivienda tardemos unos siete años. Y durante ese tiempo, el inmueble está sin que nadie haga mantenimiento alguno.

“De las peticiones de cesión de vivienda tramitadas, se formaliza la mitad”

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–¿Les llegan libres u ocupadas?

–Nos llegan en dos tipos de situaciones. Vacías en un estado de conservación muy deficiente, pero en un 40% de las ocasiones nos llegan con una familia dentro. Esto no quiere decir que se trate de ocupantes ilegales, sino que en la mayoría de los casos se trata de familias que habían firmado un contrato de alquiler con el promotor, que mientras había un proceso judicial le hacía un contrato de alquiler. Cuando detectamos que las viviendas nos venían en muchos casos con familias, ofrecimos a las administraciones el 50% de propiedades a ceder, vacías y el resto, con familias. Pero nos encontramos en ocasiones con ayuntamientos que no quieren viviendas con familias, sino que las quieren vacías. Eso reduce mucho el porcentaje de las que podemos facilitar.

–De esas 1.500 viviendas en cartera para fines sociales, ¿cuántas están en Galicia?

–No tenemos un parque bloqueado para ese fin. Nosotros hemos marcado unos criterios, como que tengan unas características (de dos o tres dormitorios mejor que uno solo, por ejemplo). Trabajamos a demanda, por decirlo de alguna manera. Cuando un ayuntamiento se pone en contacto con nosotros porque quiere vivienda para alquiler social, miramos lo que tenemos ahí y en base a esos criterios técnicos vemos la disponibilidad que hay. No trabajamos con un parque cerrado, sino que marcamos un cupo.

–¿Y cuántas cumplen en Galicia esos requisitos técnicos para poder cederlas?

–No es un número cerrado. Cada día va variando. Nosotros tenemos un mandato, que es liquidar los inmuebles para repagar la deuda y que el Estado con ese repago pueda construir carreteras, hospitales, vivienda, porque al final son recursos públicos. Y desde principios de este año tenemos un mandato que se llama El principio de sostenibilidad, o un mandato social. Está operativo desde 1 agosto. Cuando nos encontramos situaciones de familias vulnerables y la administración local o autonómica no las puede asumir, las ponemos en un programa de alquiler social con el objetivo de que estas familias superen su situación de exclusión social y tengan un alquiler normalizado. En la parte de inserción laboral, vamos facilitando oportunidades de trabajo a nuestros clientes, también en coordinación con los servicios públicos. Con este objetivo hemos comenzado con un perímetro de 10.000 familias (en España), 3.000 han empezado en agosto y 7.000 empiezan ahora en septiembre. La política de Sareb es: toda familia vulnerable que quiera colaborar, les haremos un alquiler social con una renta ajustada a sus ingresos, con un máximo del 30%, los pondremos en un programa de acompañamiento social e inserción laboral.

–¿Qué prevé hacer la Sareb con todo el parque de vivienda en su cartera, que son más de 45.000 en España, unas 1.800 en Galicia?

–Eso queda fuera del ámbito de Sareb. Nosotros somos técnicos, no decidimos las políticas de Sareb, sino que somos un equipo de gestión. Me gustaría hacer un inciso. El 85% de las ventas que hicimos el año pasado fueron a particulares,. Hemos conseguido a través de estas ventas que muchas familias como la tuya y la mía accedan a una vivienda. Nuestro ticket medio de compra se mueve entre los 100.000 y 130.000 euros. Estamos hablando de un segmento de la población, al que Sareb le está facilitando el acceso a través de la venta. No estamos hablando de grandes carteras, que se venden a fondos. Vendemos a particulares.

–De las negociaciones que entablan, ¿qué porcentaje se cierra?

–De cinco peticiones de convenio, acabamos realizando un 50%. Otra de las líneas con las que trabajamos con las diferentes administraciones es la venta. El número es bajo. No todas las administraciones tienen la capacidad para gestionar estas propiedades y eso limita las posibilidades.

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