El fenómeno okupa que hoy afecta a ciudades e incluso urbanizaciones de lujo nada tiene que ver el derivado de la crisis inmobiliaria de 2008, entonces con víctimas de ejecuciones hipotecarias como protagonistas de estos allanamientos de viviendas vacías. En la actualidad, el 98% de los inquilinos ilegales no responden a ese perfil social, sino que se trata de un profesional, perfectamente asesorado, que sabe cuándo ocupar la vivienda de obra nueva (justo en el momento de la entrega de las llaves a los dueños) o la vacía de procedencia bancaria que proviene de una ejecución hipotecaria. Más de 600 pisos y casas están en la actualidad en manos de okupas en Galicia, un 15,3% más que hace un año, lo que supone el máximo histórico en la comunidad desde que hay registros, según un informe publicado ayer por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Aunque la titularidad de los propietarios de todas las ocupaciones es compleja de saber, la patronal inmobiliaria calcula que dos tercios son de procedencia bancaria y de la Sareb.
“Estas entidades deberían reflexionar si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. La realidad es que los okupas tienen más derechos que los propietarios, o por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad en general”, denuncia el presidente de Fegein, Benito Iglesias.
A Coruña es la provincia gallega más castigada por los allanamientos demoradas. De los más de 600 casos detectados en la actualidad, el 60% afectan a municipios coruñeses. La patronal inmobiliaria tiene identificados 45 puntos calientes del fenómeno okupa en Galicia. En la ciudad de A Coruña, viviendas en calles como La Barrera, avenida de Arteixo, San Lucas o calle Barcelona, Monte alto, avenida de Peruleiro, calle de la Paz, ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira, calle Eladio Rodríguez y calle de Padre Busto son las más afectadas.
En Vigo la zona de Teis, Calvario, travesía de Vigo y calles del centro urbano como Areal, Cervantes, Esperanto, calle Progreso, Gran Vía, Calle Alfonso XII y varías calles del Casco Vello concentran el mayor número de usurpaciones de viviendas.
En Santiago: barrio del Pexigo, rúa de Belvís, calle Rueiro de Figueiriñas, San Pedro, Algalia de Arriba y Cruceiro do Gaio. En Ferrol: Ciudad Jardín, el barrio de Recimil, O Bertón y Orzán. Y en Lugo las zonas de A Milagrosa, el Sagrado Corazón y A Piringalla son las más afectadas. Y en el área del Barbanza, Boiro y Ribeira con el barrio de Abesadas, son las zonas más castigadas.
El sector inmobiliario alerta del “enorme perjuicio” que causa el fenómeno okupa en estos barrios. “Inseguridad, miedo de los vecinos, depreciación de las viviendas en la zona y perjuicio a toda actividad económica de esos barrios”, advierte Benito Iglesias, que aconseja a los propietarios afectados que den de baja el agua y la luz, ya que de lo contrario tendrá que hacer frente a las facturas impagadas de los moradores ilegales.
El problema, según advierte la patronal inmobiliaria, se ha agravado y multiplicado, y urge a tomar medidas para afrontarlo. “Sobre todo en una comunidad como Galicia —apunta— con más de 330.000 viviendas vacías”. La actual ley de desahucio exprés, denuncia Iglesias, únicamente ha propiciado el hecho de que el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio.
Fegein propone seguir los pasos de la Comunidad de Madrid, donde el okupa es desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas. Iglesias defiende ejecutar el desalojo en 24 horas una vez conocido por las fuerzas de seguridad el presunto hecho delictivo, recuperar del Código Penal el delito de usurpación de bienes inmuebles, impedir desde las administraciones públicas el empadronamiento de las personas que okupen ilegalmente una propiedad privada y un endurecimiento de las penas en caso de que se traten de grupos mafiosos quienes estén detrás de okupaciones que únicamente buscan un fin económico ilegal e extorsionador.
Los propietarios tardan más de un año en recuperar su piso
En cuestión de minutos un okupa puede asaltar una vivienda y convertirse en el nuevo inquilino. Con la actual legislación, pese al plan del Ministerio del Interior para favorecer los desalojos exprés, los propietarios se desesperan en los juzgados para lograr una sentencia que les permita recuperar su piso o casa. Más de un año tarda en llegar ese fallo judicial que echa a los asaltantes y les deje recuperar su propiedad. El tiempo medio de espera en Galicia es de 14 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al margen del perjuicio económico que supone el hecho de no disponer de una propiedad, junto con el coste de los daños o facturas impagadas que les dejen los okupas, la demora en los juzgados es el principal problema para lograr el desalojo de los inquilinos ilegales. Un plazo que en los último cuatro años ha aumentado en el conjunto del país en una media de 6 meses, al pasar de menos de un año en 2018 a 18,1 meses el ejercicio pasado. Según datos del Poder Judicial, en Galicia, teniendo en cuenta tanto los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas de los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción lo Civil (6,3 meses) y las apelaciones de sentencias de juicios verbales de las Audiencias Provinciales (6,9). Dicho de otro modo, las sentencias para desalojar a los okupas en Galicia tardan casi 14 meses. Más de la mitad de España, entre las que se encuentra la comunidad gallega, soporta unos plazos inferiores a la media nacional. Las autonomías que antes resuelven los casos de usurpaciones de viviendas son Asturias y Navarra, con fallos en 9,3 y 9,7 meses, seguidas de Aragón con 10,8 meses. En el resto del país, el plazo medio supera el año. En el extremo opuesto se encuentran los juzgados de Castilla y León, que tardan una media de 30,8 meses en resolver una okupación. En Canarias la espera media es de 22 meses y en Canarias, 21. Y en Baleares, los fallos se demoran 18,3 meses.
